Delinquen el Código Penal...y hasta el Código Electoral

La Casa de Gobierno de Santiago del Estero: sede de la impunidad.

No es noticia ni novedad afirmar que los funcionarios del gobierno de Santiago del Estero, (hasta secretarias privadas, habilitados o simples empleados), transitan por caminos delictivos.
¿Por qué se sabe que son corrompidos?
-Por la angurria (deseo vehemente o insaciable) que denotan en sus corruptelas; sin límites.
-Por el obsceno exhibicionismo que realizan del extraordinario enriquecimiento y el crecimiento patrimonio. (De la noche a la mañana compran autos de alta gama hasta para la mujer, la suegra y algunos les regalas a “amigas”). Un florecimiento que nunca podrán explicar y mucho menos justificar.
-Por la falta de escrúpulos (les resulta lo mismo recibir retorno y/o coima que agarrar y llevarse a sus casas cualquier otro bien del Estado), porque, como se dice vulgarmente, “no le hacen asco a nada” a la hora de delinquir.
-Por la impunidad (no hay juez que se anime a investigarlos) que les brinda seguridad -por ahora- de que nadie se atreverá a reprocharles y castigarlos por el disparatado latrocinio. (Apenas son dos o tres los diputados que les piden informes, aunque nunca respondan).
-Por la irresponsabilidad con que actúan como creyéndose que los dineros públicos les pertenece. Operan sin previsión o meditación, de tan suerte que sus corruptelas son conocidas por todos. Por ello se dice que las irregularidades del zamorismo no resisten una auditoría visual.

Compra de votos

En este tren, el zamorismo va a tener que afrontar, muy pronto, todo el Código Penal por corruptelas, cohechos, sobreprecios en compras y obras públicas, enriquecimiento ilícito, malversación de caudales públicos, etc.
Pero también deberán rendir cuentas de sus tropelías contra el Código Electoral porque, con dineros públicos, se dedican a comprar votos y voluntades.
En la última elección tiraron manteca al techo.
A cambio de un voto prostituyeron a los ciudadanos necesitados y desposeídos (que en la provincia suman muchos miles), ofreciendo contratos de trabajo temporales en el Estado.
Repartieron miles de pesos en la “compra” de fiscales y gastaron millones de pesos en combustibles, alquiles de automotores y en la distribución de dádivas que van desde los famosos bolsines con alimentos hasta heladeras y computadoras.
Por supuesto, todos los gastos electorales salieron de la “caja” del Estado provincial, en una clarísima prevaricación administrativa.
Se espera que alguno de los dos o tres diputados provinciales que realmente no se venden y ejercen la oposición, procuren informarse del incremento de personal temporario en las distintas plantas de los tres poderes públicos, desde el 14 de agosto a la fecha, y exijan rendiciones de cuentas de los frentes y partidos.

Las causas pendientes

Entre tanto, Zamora y sus colaboradores siguen sin responder (porque no funcionan ni el Poder Legislativo ni el Judicial en Santiago del Estero), por otros hechos gravísimos que afectaron y afectan a la ciudadanía toda.
Vemos:
-Crimen del empleado de la dirección de Rentas, Raúl Domínguez.
-Asesinato de 39 internos de la Cárcel Pública de Varones.
-Muerte de 19 niños con los que se experimentó una vacuna de un laboratorio extranjero que pagó honorarios en dólares a los médicos (empleados del hospital de Niños) autores de la maniobra.
-El crimen del agente Jonatan Barrera, en manos de bandas del narcotráfico, de la policía provincial y de la municipalidad de Frías.
-Los asesinatos cometidos en accidentes de tránsito por vehículos conducidos por funcionarios o parientes de los políticos zamoristas.
-Los robos de camiones en rutas argentinas por parte de bandas de “piratas del asfalto” vinculados con funcionarios del gobierno santiagueño y de parientes de jerarcas del poder.
-Las ventas de automotores secuestrados que realiza un juez ex pariente del gobernador, que percibe fuertes sumas de dinero cada vez que entrega autos, camionetas y hasta maquinarias. a “depositarios judiciales”.
-El affaire de publicidad en el seno de la Jefatura de Gabinete y la subsecretaría de Prensa, en una asociación ilícita con tres “agencieros publicitarios”, esfumando 33 millones de pesos mediante facturas apócrifas.
-La vinculación de funcionarios santiagueños con Sergio Shoklender en el apoderamiento ilícito de dineros, simulando la construcción de viviendas de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.