El Grupo Daives en el Registro de la Propiedad

Por Deyes Sosa (Nota I)

Las trapisondas en el Registro de la Propiedad Inmueble de Santiago del Estero, desde la llegada del “zamorismo” al poder, ya están colmando la capacidad de asombro.

El manoseo generalizado sobre el personal de esa dependencia y sobre los registros de datos allí existentes, que se suponen son instrumentos públicos -que se encuentran a buen resguardo- , están creando zozobra en la credibilidad general como entre los profesionales que desempeñan tareas a diario en ese organismo estatal.

Según pudimos averiguar se trata de una Dirección General en donde se encuentran registrados los bienes inmuebles de los santiagueños y de buena parte del país. 

Dicha oficina tiene el monopolio de la información estatal, por ende sólo ella es capaz de dar fe de lo que allí se encuentra registrado y su única labor es precisamente ello: dar a conocer a los profesionales del derecho, como a los interesados que lo peticionen, la certeza de quiénes son los titulares de las propiedades allí denunciadas, como así si estas están afectadas por embargo o hipoteca o bien si sus titulares se encuentran o no inhibidos para disponer de sus bienes. 

Pero desde la aparición del “radi-peronismo” en la escena política local, las funciones del Registro de la Propiedad parecen ser otras. Según se nos informa, se tratan de directivas contrarias a la legislación vigente que imparten desde su ministerio, Ricardo Daives y su grupo, quien con una docena de parientes designados por él mismo y en otros casos por la autoridad mayor, hacen y deshacen dentro y fuera del organismo, con la mayor y segura de las impunidades.

Ya en numerosas oportunidades nos ocupamos de las andanzas de este grupo y reseñamos casos puntuales de arbitrariedad, nepotismo, abuso de autoridad y de poder, enriquecimiento ilícito, manipuleo y distorsión  de matriculas, etc. O sea, no se trata  de novedades aisladas lo que nos ocupa en esta nota, sino de una actividad reiterativa que se debe interpretar como “grupo” constituido para cometer ilícitos.  Si se quiere, puede interpretarse como “asociación ilícita”.

Es que las irregularidades habrían comenzado desde la asunción de la doctora Soria Bussolini (hoy concejal del Frente Cívico) como directora del Registro, las que se mantienen en la actualidad con su sucesora, la doctora Juana Valdez, cosa que no ocurrió con la gestión de la doctora Adriana Boboli, que fue adscripta repentinamente por negarse a cumplir ordenes contrarias a derecho.