Por Balban Ortiz
Las agencias Reuter y EFE emitieron un comunicado de la Sociedad Interamericana de Prensa,(SIP) que se encuentra reunida en Asunción, la que alertó sobre el deterioro en las relaciones entre los medios y algunos gobiernos de Centro América.
Entre las denuncias recibidas por parte de más 1.500 propietarios directores y editores de medios de la región sobresale la impunidad en los crímenes contra periodistas y la discriminación a través de la publicidad oficial.
"En muchos países hay un deterioro de las relaciones entre los gobiernos y la prensa", dijo el presidente, de la SIP, el colombiano Enrique Santos Calderón, al reclamar mayores garantías para la libertad de prensa y expresión.
La SIP denunció, además, sobre el uso de fondos públicos de parte de los gobiernos para "presionar y discriminar a través de la publicidad oficial", al destacar un fallo judicial en nuestro país que obligó al Estado a otorgar publicidad al diario Critica de la Argentina.
Santiago del Estero
En nuestro país y en especial Santiago del Estero, se puede decir que no es una excepción la apremiante situación que viven los medios periodísticos, al mostrarse evidente el “manipuleo” de la información por parte del poder central y los gobiernos de provincias, los que realizan presiones varias, bajo la amenaza del recorte publicitario, que en tiempos de crisis como el que actualmente se vive, se hace más que imposible subsistir sin los aportes del Estado.
A esta perniciosa modalidad de “apriete” encubierto, se suma también la “persecuta” que se ejerce sobre periodistas, pensadores y colaboradores de los medios informativos.
Desde estas páginas hemos denunciado el mal accionar de algunos encumbrados funcionarios, los que disconformes con el estilo de informar de algunos medios, mandan ha hackear los portales de Internet entrometiéndose en lo diarios virtuales para tapar la noticia o la critica objetiva sobre el accionar de alguna dependencias oficiales.
También hemos detectado que nuestros teléfonos se encuentran “intervenidos”, pero sin orden judicial. Se trata de una nueva versión del espionaje estatal tendiente a conocer a los miembros del diario de noticias, que una vez identificados se nos veda el ingreso a reparticiones públicas y se sanciona al funcionario que se atreva a recibir o a gestionar algún trámite de su área o a suministrarnos información.
Este accionar que se contradice con el estilo de vida democrático, atenta en contra de la comunidad al privarla de información objetiva y veraz, al tiempo que engendra en su contra el rechazo colectivo de la sociedad que se siente amenazada y vigilada por organismos que se inmiscuyen en la vida privada de los ciudadanos, cuando debieran ocuparse de las tareas para lo que fueron convocados.
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