Por Ceferino Reato, periodista y autor de “Operación Primicia”.
Un grupo de periodistas publicó el domingo una solicitada en los diarios Página 12 y Tiempo Argentino en la que cuestionó a varios medios, en especial a Perfil.com y al diario Libre, por la “campaña de desprestigio” contra Raúl Zaffaroni, uno de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Los colegas invitaron a “un debate sobre la ética de nuestra profesión. Es el momento de replantearnos qué estamos haciendo con este oficio por el que muchos se jugaron la vida”.
“No creemos que la libertad de expresión deba ser bastardeada de esta forma, transformando medios de comunicación en medios de difamación y calumnia. Una de las personalidades más prestigiosas de Latinoamérica ahí está, sometido en medio de una campaña electoral a una especia de tribunal de inquisición mediático dominado por el amarillismo y la mentira”.
Más allá de la prosa inflamada, que remite a una conspiración de un sector de la prensa sobre la cual no se sabe quién la habría orquestado, cuándo, cómo, dónde y por qué, es decir las cinco preguntas básicas de cualquier periodista, es siempre muy adecuado debatir sobre si los periodistas estamos haciendo bien las cosas, en general y en este caso en particular.
Podríamos comenzar por debatir qué es una noticia. Hay muchas definiciones, pero todas coinciden en que es un hecho nuevo, verdadero, originado en fuentes fidedignas, que merece ser conocido por el público o por una parte del público.
Claro que hay distintas maneras de ver el mismo hecho y todas son válidas. De lo contrario, si hubiera una sola, bastaría con un solo medio periodístico, pero eso sólo ocurre en una dictadura.
En democracia, una de esas maneras posibles es la siguiente: un miembro de la Corte, el más conocido y mediático, inteligente y prestigioso jurista aunque polémico, posee cinco departamentos que son alquilados por personas que ejercen la prostitución; los alquiló a través de un apoderado que nada explica y que tiene el mismo domicilio que el juez; este apoderado contrató una inmobiliaria que no parece estar con los papeles en regla.
Uno de esos departamentos es alquilado por una actriz porno, muy conocida en ese ambiente, que dice que paga 200 pesos por día, es decir 6 mil pesos por mes, cuatro veces más de lo que sale un alquiler habitual, según las dimensiones y la ubicación del inmueble.
Este hecho fue informado por una ONG hasta ahora intachable y se conoce pocos días después de que la Presidenta prohibiera los avisos de prostitutas VIP, en un gesto con el cual, dicho sea de paso, estoy muy de acuerdo dado que, si bien la prostitución no es un delito, el favorecimiento de la prostitución sí puede ser considerado un delito.
No digo que sea la única manera de ver este hecho, pero es una manera posible, y es la que, en mi opinión, han elegido los medios criticados por la supuesta campaña de difamación contra Zaffaroni. Las visiones conspirativas no suelen ser maneras adecuadas de contrarrestar un enfoque que no nos gusta, al menos en las sociedades con un cierto grado de desarrollo. Tampoco es un buen método indignarse y fabricar una tormenta en un vasito de agua.
Lo mejor es lo que Zaffaroni debería haber hecho en un primer momento y todavía no hizo: llamar a una conferencia de prensa, presentarse junto con su amigo y apoderado, y contestar todas las dudas y las preguntas. Sin arrogancia, sin victimizarse, sin pretender que se trata de un ataque contra la Corte o contra la República. Afortunadamente, ni la Corte ni la República dependen de ningún argentino en particular.
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