¿Poder Judicial o vergüenza nacional?

 

Contra el despotismo de los poderes del Estado nos queda como última instancia el Poder Judicial, pero contra el despotismo del Poder Judicial no existe instancia alguna.

 

Nuestro régimen republicano de gobierno se cimenta por ello en aquel Poder Judicial,  cual supremo garante de los derechos ciudadanos. Sistema republicano que Pablo Lanusse, en la última intervención federal, vanamente, procuró restablecer  para Santiago del Estero.-

 

Y como toda enfermedad que aqueja a una sociedad, al fracasar los remedios federales con su dosis de intervención, aquellos parásitos que vinieron a combatir se reciclaron en una nueva generación de gérmenes muchos más virulentos y endémicos, que atentan contra nuestro tejido social. 

Esperamos y anhelamos que el cuerpo social reaccione a tiempo  generando los anticuerpos necesarios y suficientes como para autocombatir la infección que hoy padece a consecuencias de estos nuevos parásitos, que al presente rebosan en la putrefacción,  por ellos mismos generada.

 

Para lograr dicho saludable objetivo necesitamos de un Poder Judicial independiente y responsable, ejercido por hombres honestos y  probos, despojados de toda sospecha social, sometidos únicamente al imperio de la ley y al derecho. Jueces que puedan libremente practicar una cirugía mayor, tendiente a garantizar los postulados del artículo 2º de la Constitución provincial, cuando expresa: "Esta Constitución promueve la justicia social basada en el trabajo y propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la igualdad, la solidaridad, el pluralismo político y la seguridad jurídica de la persona, de sus bienes y de sus derechos". 

¿Cómo lograr aquella anhelada seguridad jurídica? Únicamente respetando la Constitución, ley suprema que todo funcionario jura cumplir. 

 

Desde los púlpitos y en todos sus mitines, pasando por su plataforma de gobierno, nos prometió el gobernador Gerardo Zamora restablecer aquel régimen republicano de Gobierno, a partir de una justicia "independiente".

Finalizando sus primeros cuatro años de gobierno, advertimos que la justicia provincial está peor que nunca, con graves sospechas de continuar en la misma y cómoda situación en su segundo mandato. 

 

Por ejemplo, decir jueces en comisión es lo mismo que hablar de mano de obra desocupada empleada directamente por el Poder Ejecutivo, incapaz de garantizar al pueblo aquella seguridad jurídica en su persona, bienes y sus derechos.

 

Para evitar los errores del pasado, en vano se ha reformado la Constitución provincial en el año 2.005, estableciendo con jerarquía constitucional y en su Capítulo V, el Consejo de la Magistratura, en la intención de que sea este organismo quien proceda seleccionar mediante concurso público a los postulantes para las magistraturas inferiores del Poder Judicial.

 

Pero al presente, la norma constitucional que reglamenta su "integración y funcionamiento", son de cumplimiento imposible. Ello obedece a las propias trampas impuestas en sus leyes complementarias, dictadas a iniciativa del Poder Ejecutivo de manera solapada e ilegal a fin de continuar manteniendo el poder despótico y absoluto sobre un poder supuestamente independiente en un régimen republicano de gobierno.