El abogado Ramón Tarchini Saavedra (primo político del gobernador Gerardo Zamora) fue denunciado penalmente por una ciudadana por delitos graves que hacen al desempeño de su función.
Al juez en provisoriedad, entre otros delitos, se le endilga el haber encubierto y protegido con su obrar -complicidad policial mediante- a los reales autores del millonario robo sufrido por una abogado local en sus oficinas laborales.
Entre los hechos graves supuestamente cometidos se encuentra el haber ocultado "pruebas graves " que vinculan a los ciudadanos Vicente Orlando del Valle Terrera, Juan Carlos Pinedo, entre otros; acusados como partícipes directos de los hechos delictivos y no meros encubridores como lo entiende Tarchini Saavedra.
Estas pruebas, que fueron ocultadas a la parte querellante y al Ministerio Fiscal, son, entre otras, los listados de llamadas entrantes y salientes efectuadas por Terrera y Pinedo con los supuestos autores materiales del hecho. En efecto estos documentos con todas las comunicaciones telefónicas fueron remitidas al juzgado del juez acusado el día 18 de marzo de 2008, y el juez en comisión los incorporó a la causa recién el 2 de octubre de 2008. Es decir, luego de seis meses y después de haber indagado y excarcelado a las personas sospechadas.
Cabe hacer notas que del análisis que se efectuó a estas listas se observaron múltiples comunicaciones que los acusados mantuvieron con al menos tres sospechosos y un cuarto que había sido detenido, Sergio Edgardo García. Se trata de conferencias telefónicas no sólo en el mismo momento en que se consumaba el delito contra el estudio jurídico y la casa paterna del abogado Víctor Daniel Nazar, sino -quizás lo más importante-, se registraron llamadas “abundantes” (sostiene la denuncia) antes, durante y después del robo.
Por estas supuestas irregularidades y otros presuntos errores, es que se cuestiona el actuar de Tarchini Saavedra.
Un detalle, según la denunciante. El juez, al solo efecto de habilitar una improcedente excarcelación a favor de sus amigos, apenas tomó en cuenta las llamadas telefónicas mantenidas con posterioridad al robo, con lo cual dejó el camino abierto para sostener “la no existencia de concierto o promesas anteriores, obviando las comunicaciones múltiples anteriores que en realidad existieron.
Asimismo, la denuncia reitera un obrar claramente obstruccionista del juez en comisión en desmedro de la querella y del Ministerio Público, quienes se ven imposibilitados de cumplir con sus deberes legales. La fiscal (representante de la sociedad), se ve imposibilitada de expedirse sobre determinados puntos de la causa, en razón de la negativa injustificada que mantiene Tarchini Saavedra y no le traslada pruebas que la funcionaria del Ministerio Público le solicita.
Este mismo juez, hoy denunciado, también se niega al tratamiento sobre un cambio de calificativa que solicita la querella, sin acceder a la imposición de cargos más graves. Claro, se sabe que los sospechosos Terrera y Pinedo son amigos del juez y, consecuentemente, defendidos por profesionales del Derecho con quienes Tarchini Saavedra mantiene fuertes y sólidos contactos.
Con marcada ironía, la denunciante asegura que “razones de muchos pesos privilegian en su ánimo el juzgador para mantener tan improcedente, ilegal y tozuda postura. Sin duda, aquí, el poder de la lapicera se antepone a la razón”.
Complicidad policial
Asimismo, la denunciante confirma, con otros elementos incorporados a la causa, que hubo en este hecho graves omisiones policiales y judiciales cometidas a lo largo de su instrucción. Destaca el testimonio de un comisario mayor, quien manifestó que no le constaba la veracidad de ninguno de los informes remitidos por el Departamento VI de la policía a Tarchini Saavedra, toda vez que la investigación fue llevada a cabo en forma personal y en modo exclusivo por el comisario Omar Ramón del Valle Gorosito, sin la participación del Departamento de Investigaciones.
Debemos destacar que el referido Gorosito se encuentra denunciado penalmente, con dictamen fiscal que aconseja instruir causa en su contra, ante su dudoso proceder. Esta causa contra el uniformado, en razón de tener conexidad directa con el expediente del robo al abogado Nazar, es investigada por Tarchini Saavedra pero resulta que, pasados cuatro meses, no dispuso ningún diligenciamiento.
Lo cierto, es que el presente hecho sufrido por el abogado Nazar, no deja de darnos sorpresa y seguramente se llevara puesto a muchas personas, a la larga o a la corta que han intervenido en la investigación ( policias y jueces ). Donde fuentes confiables ya dan cuenta de la millonaria demanda que se esta por interponer en contra de la provincia. Pues es eviente el obrar Doloso y complice de funcionarios en este robo. Cual, para la sociedad toda, tiene nombres y apellidos emblematicos en el circulo delictivo bien definidos.-
“La banda”
Por otra parte, para la denunciante no existe duda alguna de que los ciudadanos Rubén Vivas (a) “Cani”; Luis Flores (a) “Rififí”; Vicente Orlando del Valle Terrera (a) “Bicho” y Juan Carlos Pinedo (a) “Charly” -todos en libertad-, tienen directa participación en los hechos.
Y, como prueba de ello, hizo mención al escandaloso flujo de llamadas telefónicas que existen entre estos sospechosos con los prófugos Dilascio y Nicolossi y el actualmente detenido Diego Edgardo García.
Entre otros extensos argumentos, se asegura: “Todos estos ciudadanos contarían con la complicidad con el denunciado Tarchini Saavedra y con un sector corrupto de la policía provincial. Más concretamente, la denunciante incrimina de manera directa como complicados a los comisarios Ramón del Valle Gorosito (amigo personal y compañero de la escuela secundaria del gobernador Gerardo Zamora) y Oscar Gabriel Mancilla (amigo personal del ministro de Justicia, Ricardo Daives)”.
En otro orden de cosas, corresponde hacer notar que estos dos policías están siendo fuertemente cuestionados y denunciados por sus participaciones en la investigación que se llevó a cabo con motivo del secuestro y asesinato del empleado de la dirección provincial de Rentas, Raùl Domínguez; un doloroso suceso todavía impune en la provincia.
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