En el “nuevo Santiago” van presos los campesinos

La dupla Zamora-Daives persigue y encarcela a campesinos.

En las últimas 24 horas se desató un raid judicial y policial en el “nuevo Santiago” gobernado por Gerardo Zamora (ex radical y hoy kirchnerista), con una nueva persecución política a miembros del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Pergeñados por el ministro de Justicia, Ricardo Daives, se perpetraron procedimientos fuera de la ley y maniobras que nos recuerdan los tiempos de la dictadura y el juarismo. ¿Qué les pasa a Zamorita y a su ministro de la Side que se les dio por mandar entre rejas a miembros del Mocase? ¿Habrán ocupado algún terrenito de los amigos del gobierno provincial, sobre todo a “inversores” que trae la bandita de Daives que maneja el Registro de la Propiedad?
“Estas acciones no son nuevas. Buscan amedrentar a los luchadores populares y frenar la visibilidad de la construcción popular que se está llevando a cabo”, denunció el Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero.

Detenciones

El lunes 6 de junio la policía detuvo a Alcides Santillán y lo demoró en la comisaría de Campo Gallo. El mismo día por la noche fue puesto en libertad. En la misma jornada la policía detuvo a Rafael Martín Galván, en Monte Quemado, por supuesto delito de amenazas en perjuicio de Hortensia Policarpio de Valderrama.
El martes 7 por la mañana, cerca de las 11 hs se presentó un escrito desde la organización solicitando la libertad. Como el juez no se presentó a trabajar la situación permanece sin respuesta.
Por otro lado, en el juzgado Criminal de la Capital, a cargo de Ramón Tarchini Saavedra, se libró una orden de detención contra 12 integrantes del Movimiento Campesino, por una denuncia de la Sociedad Julián Hnos., autodenominados propietarios del campo La Flor, departamento Alberdi.
Las causas están bajo secreto de sumario, pero sabemos que buscan (con orden de allanamiento y detención) a Ángel Strapazzón, René Santillán, Javier Santillán, Lino Santillán, Deolinda Carrizo, Hugo Carrizo, Gustavo Carrizo, entre otros. Los delitos de los que maliciosamente se los acusa son asociación ilícita, daños, usurpación, tenencia de armas de guerra, etc.
“Estos compañeros y compañeras, entre muchos miles, son luchadores por la igualdad, la justicia, por el derecho a la tierra, a la soberanía alimentaria, comprometidos con las campesinas y campesinos y los sectores populares y eternos defensores de los derechos humanos. Exigimos el fin de la judicialización y criminalización de la protesta social y castigo a los que construyen falsas pruebas y acusaciones infundadas. Se puede encarcelar a algunos, pero para la lucha del pueblo no hay rejas que la detenga”, proclamó el Mocase.