Con
profunda indignación, escucho en radios locales
a “politólogos” devenidos en “juristas” interesados en justificar con
ignorancia supina, y no menos desparpajo e hipocresía, la reforma judicial
sobre medidas cautelares impulsada por el kirchnerismo a favor exclusivo de un
Estado cada día más totalitario.
El
Colegio de Abogados de Santiago del Estero el único que no se opuso al
avasallamiento del Gobierno nacional al Poder Judicial.
El
caso se torna más preocupante cuando alaba este totalitarismo por quien dice
representar la prestigiada institución de nuestro “Colegio de Abogados”. Claro,
fue la única institución que no firmó su rechazo ante el avasallamiento de la
República en consonancia con sus pares
de todo el país.
Aceptar
que las medidas cautelares “sólo tendrán eficacia cuando se trate de sectores
socialmente vulnerables” o, cuando comprometan “la vida digna, la salud, un
derecho de naturaleza alimentaria o un derecho de naturaleza ambiental”, siendo
admitidas solo bajo condición de “agotar previamente la vía administrativa”,
limitando su validez temporal de “un año”, es inconcebible, porque es contrario
a todo tratado internacional y a más de 90 años de precedentes judiciales de la
Nación.
Ya
son conocidos los reproches de destacados constitucionalistas, como de las
múltiples acciones por inconstitucionalidad planteadas en el Poder Judicial.
Como también la discreta mirada con que observan los ministros de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación el obrar del Congreso Nacional.
La
verdad, estamos en presencia de normas claramente inconstitucionales con final
abierto. Solo anhelo que jueces independientes, augustos y soberanos
intelectualmente nieguen razón a quienes nos gobiernan, combatan con la fuerza
de la ley las corporaciones económicas y, de una vez por todas, sean los
ciudadanos, los más débiles, los
vulnerables y el pueblo del diario esfuerzo y trabajo el único privilegiado.
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| El atropello del cristinismo al Poder Judicial se realiza a través de normas claramente inconstitucionales. |
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