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| El Centro Judicial Banda, donde se sustancia la causa contra Héctor “Chabay” Ruiz por abuso sexual con acceso carnal contra una mujer que fue a su despacho a solicitarle empleo. |
Todo
parece indicar que Héctor “Chabay” Ruíz, el ex intendente de la ciudad
santiagueña de La Banda por más de dos décadas, ya no podrá torcer el destino
judicial que lo proyecta al banquillo de los acusados por abuso sexual con
acceso carnal. “La investigación ya está cerrada”, dijo Francisco Cavalotti,
abogado de la mujer que lo denunció en mayo de 2013 por violación.
“Para
fines de marzo debería ser el juicio oral”, agregó el profesional querellante.
Por
pedido de la fiscal Inés Presti de Munnar, el juez de Control y Garantías de la
ciudad de La Banda, Raúl Santucho, firmó la medida de prisión preventiva.
El
domingo 4 de enero, después de permanecer tres semanas escapando de la justicia,
el dirigente del Frente Renovador fue capturado en una finca de Parque Leloir,
en la localidad de Ituzaingó, Buenos Aires.
Sus
abogados apelaron el fallo que dictó la prisión preventiva e interpusieron un
hábeas corpus. El 30 de diciembre, la Cámara de Apelaciones de Santiago del
Estero rechazó la apelación.
Ahora,
Ruiz debe esperar en prisión el inicio de las audiencias del juicio oral.
Como
se recordará, el 22 de mayo de 2013 una mujer denunció en la policía de
Santiago alrededor de las 20: 30 había sido violada por el intendente municipal
en su propio despacho.
Ese
mismo día, el Cuerpo Médico Forense de la provincia hizo un examen físico y
determinó que había huellas de compresión digito pulgar en los brazos de la
denunciante. Un test psicológico, ocho meses más tarde, concluyó que Ruiz
“padece de graves problemas para contener sus impulsos sexuales”.
Ahora,
con el expediente casi paralizado por la feria judicial, los abogados del
detenido anticiparon que presentarán un per saltum para que intervenga la Corte
Suprema “ante la gravedad que significa el desconocimiento de los fueros de un
representante del pueblo elegido en la provincia”.
Cavalotti, a su vez, opina
que todo ello es sólo una coartada del político al verse acorralado. “La causa
se inició en mayo y la mayor parte de las pruebas se consiguieron hasta julio
de ese año. Tuvo 18 meses, desde esa fecha hasta hoy para cuestionar la prueba,
presentar recursos, recusar a jueces y fiscales. Pero se acuerda ahora que es
una causa política. Está mintiendo falazmente,”, concluyó el abogado defensor
de la mujer.
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