Por La Gaceta de
Tucumán.
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El Tribunal Oral Federal
que juzga en Santiago a represores comienza a tener problemas sobre su
integración, por planteos que ponen en duda la imparcialidad de la tucumana
Alicia Noli.
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La
controversia por la “Megacausa III”, que aborda delitos de lesa humanidad
cometidos durante el terrorismo de Estado en Santiago del Estero, se
acrecienta. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a una
serie de planteos de queja impulsados por defensores de los imputados por la
conformación del Tribunal. Las presentaciones se habían efectuado luego de que
el Tribunal Oral Federal santiagueño (José María Pérez Villalobos -Córdoba- y
Juan Ramos Padilla -Capital Federal-) rechazara recusaciones contra la jueza Alicia
Noli (Tucumán). Las defensas dudan de la imparcialidad de la magistrada debido
a que fue querellante en la megacausa “Arsenales II-Jefatura II” (el fallo no
está firme). Su esposo, Enrique Sánchez, secuestrado y desaparecido en 1976 y
cuyos restos fueron identificados en el Pozo de Vargas, fue una de las víctimas
del caso.
“La
decisión de hacer lugar a las quejas interpuestas por las defensas en la Cámara
Federal de Casación Penal deberían provocar automáticamente la suspensión de
las audiencias de debate a los fines de no incumplir el compromiso del Estado
Nacional en el juzgamiento de estas causas con imparcialidad e independencia”,
opinó Facundo Maggio, defensor de los imputados José Cayetano Fiorini (ex
militar) y Santiago Olmedo (ex juez federal).
La
próxima audiencia está prevista para mañana. El juicio determinará las posibles
responsabilidades de 14 acusados por delitos contra 34 víctimas.
“Descaro”
El
concejal Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) cuestionó a los jueces y se
solidarizó con los acusados. “El descaro y la desvergüenza han calado tan alto,
que en el marco de estos linchamientos pseudo-jurídicos a militares
octogenarios por su participación antiterrorista en el Operativo Independencia,
en Santiago del Estero se acaba de objetar al tribunal al confirmarse que los
personajes que ofician de ‘jueces’ fueron querellantes. Esto pone de manifiesto
la ostensible parcialidad militante e ideológica. Encima al menos uno de ellos
tuvo participación criminal explícita en el ERP. Quienes deberían cumplir una
función de estricto carácter imparcial fueron o querellantes o terroristas”,
afirmó. El hijo del represor Antonio Bussi aseguró que los atropellos son
usuales en los “ilegales revanchismos disfrazados de sainete judicial”.
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