El pasado y los derechos humanos en la Argentina

Por Héctor E. Schami, en El País, de España.

Elaborar el pasado nunca es trivial. La lectura oficial del mismo constituye una instancia de construcción estatal. Son narrativas fundacionales: igualan y homogeneizan; transforman a todos en miembros de una gran familia extendida, la nación.

Es decir, son narrativas con las cuales se construye una identidad nacional, aún frente a las divisiones más profundas. Piénsese en la Guerra Civil española; o la de Estados Unidos con su posterior segregación, “Jim Crow”; o la paz que apenas comienza en Colombia. Lograr una síntesis histórica es un esencial momento institucional.

Lo cual quiere decir convertir dichos conflictos en debate intelectual sobre el pasado y no en disputa política de hoy. Ello además para poder vivir en democracia, un régimen en el que todos tienen los mismos derechos civiles y políticos. Un régimen que, por definición, incluye a todos, incluso a los enemigos del ayer.

El “caso argentino”

El presidente Mauricio Macri persiste en un cierto limbo en derechos humanos.

En la Argentina también se reabren las heridas del pasado de tanto en tanto, aquellas de la última dictadura militar y sus sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Es una mala noticia cuando el Estado no es un buen cirujano para suturarlas, lo cual está sucediendo últimamente. El pasado siempre vuelve, la cuestión fundamental es cómo responde el poder político, es decir, aquel que actúa en nombre de ese Estado.

Primero fue la controversia por el feriado que recuerda el golpe militar del 24 de marzo de 1976. El gobierno emitió un decreto haciendo dicho feriado móvil, susceptible de cambiarse para que el fin de semana más próximo sea de tres días. Ya se sabe que los feriados son para salir de paseo, pero no todos. La solemnidad de este se banaliza si se reduce a una excusa para escapar a la playa, sobre todo frente a los familiares de los desaparecidos. El gobierno recapacitó a tiempo y dio marcha atrás.

Luego fueron las extemporáneas declaraciones del Director de Aduanas, un exmilitar sublevado en 1987 contra el gobierno constitucional. El funcionario cuestionó la narrativa acumulada durante más de tres décadas según la cual aproximadamente 30 mil personas desaparecieron bajo custodia militar en centros de detención clandestinos o fueron ejecutados en enfrentamientos fraguados. Para el Director de Aduanas, 30 mil es una cantidad excesiva.

El número tiene origen en el propio informe de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, la Comisión Sábato, que pudo documentar alrededor de 9 mil casos pero consideró que muchos familiares de desaparecidos tuvieron miedo de realizar la denuncia. Así se instalo un factor de 3 en el cálculo probabilístico. Ello por si solo importara la cantidad.

Ocurre que, tal vez sin proponérselo, el funcionario de la Aduana evoca al neo-nazismo de la postguerra, que siempre cuestiona si los judíos asesinados en el holocausto fueron 6 millones o fueron menos. Típicamente, consideran ese elevado número parte de una conspiración sionista. No hay misterio, en crímenes de lesa humanidad quien se toma el tiempo de disputar la aritmética es invariablemente un apologista.

Una polémica designación

Llama la atención que un funcionario hable de un tema ajeno a su función y por ello preocupa el silencio del gobierno ante el caso. Claro que después nominó a un candidato a comisionado para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos generando similar inquietud. Se trata de Carlos de Casas, un prestigioso penalista que no necesariamente exhibe los pergaminos más sólidos en materia de derechos humanos.

La oposición kirchnerista criticó a De Casas por haber defendido a un militar acusado de represión ilegal y torturas. Por el contrario ello debería elogiarse, pues en un Estado de Derecho el debido proceso existe hasta para los torturadores. El problema es que nominar a ese abogado para la CIDH es una bofetada en la cara de todo el sistema interamericano de derechos humanos.

Punto adicional es que el kirchnerismo carece de autoridad en el tema. Ahora suben la vara moral, la misma que mantuvieron por el suelo apoyando a Zaffaroni para magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José -quien como juez de la dictadura jamás firmó un habeas corpus- y en el ascenso de Milani a jefe del ejército -quien está implicado en la desaparición de un soldado en 1976-.

Más allá de la esgrima política local, tal vez el problema más serio de la candidatura de De Casas sean sus posiciones de doctrina jurídica. En ellas aparece cuestionado la descriminalización de la figura de desacato -condición necesaria para el ejercicio de la libertad de prensa- y la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, entre otras. También es un hecho su más que delgada foja de servicio en la representación de víctimas de vulneración de derecho ante el sistema interamericano.

Todo esto sugiere que el gobierno de Macri persiste en un cierto limbo en derechos humanos, incapaz de encontrar esa narrativa que los reivindique como condición necesaria de la democracia y la construcción de la identidad nacional. Resulta inexplicable que no recoja el discurso y el legado de Raúl Alfonsín sobre el tema, el verdadero padre de la democracia argentina.

Peor es que, con sus ambigüedades, Macri parece encaminarse a sacrificar ese legado. Lo cual resulta aún más inexplicable, siendo que el partido de Alfonsín es el socio principal de su coalición de gobierno.