Por el ingeniero Carlos David
Existe una relación estrecha entre la corrupción, la reducción de la pobreza, el Estado de Derecho, la gobernabilidad y los derechos humanos. Si el Estado usa la inmunidad como impunidad, fomenta el cinismo, la desesperanza, la indignación y termina por envilecer y desmoralizar generando un estado total de inseguridad jurídica, ya que al estar politizados los contralores, fiscalizadores y la justicia, al ser parte del clientelismo político, eleva la desconfianza en la gente, haciéndola sentir impotente frente a la corrupción.
La corrupción alimenta la desmoralización y la desconfianza hacia los que gobiernan, hacia los líderes del país. Envilece e incapacita al pueblo. La corrupción genera una apatía hacia una cultura de denuncia. El pueblo se siente impotente, afectado en sus derechos porque siempre prevalece la impunidad, avalada por la inmunidad en que se escudan los corruptos y ante la falta de voluntad política para atacar este mal.
La mayoría considera que denunciar la corrupción es inútil porque los culpables no serán castigados. Se nos pide que creamos en la democracia, en el Presidente, en el Congreso, en los jueces. ¿Pero cómo hacerlo si la cultura en que vivimos es una cultura de la desconfianza? ¿Cómo hacerlo si sólo a través de la mentira y la estratagema se logra algo? ¿Será posible que la mayoría de los ciudadanos que tratan de vivir con honradez no puedan colocar a la luz del día hechos de honradez que sustituyan millones de palabras y tengan así la posibilidad de comenzar de nuevo a creer?
La credibilidad es lo que legitima la autoridad y el ejercicio del poder. Deben desterrarse “agendas secretas” para negociar lo que no es negociable, o decir unas cosas a los medios cuando en realidad son otras las motivaciones ocultas. No basta hablar de la verdad o conocer la verdad. Hacerla creíble depende de las actitudes con que la acompañemos. No basta saber la verdad, hay que decirla.
Se debe constatar que la veracidad en las relaciones entre gobernantes y gobernados; la transparencia en la administración pública; la imparcialidad en el servicio de la cosa pública; el respeto de los derechos de los adversarios políticos; la tutela de los derechos de los acusados, contra procesos y condenas sumarias; el uso honesto del dinero público; el rechazo de medios ilícitos para conquistar, mantener o aumentar a cualquier costo el poder, son principios que tienen su base fundamental en el valor trascendente de la persona y en las exigencias morales objetivas del funcionamiento de los estados.
Si el Estado de Derecho es frágil y las leyes no se cumplen, o se aplican torcidamente para favorecer intereses de personas o de grupos económicos o políticos, se crean las condiciones para la corrupción. Si un poder del Estado usa la inmunidad como refugio para no responder a requerimientos legales, se cae en la impunidad que entorpece los procesos que aseguran la igualdad de todos los ciudadanos. La corrupción crea privilegios legales cuando se remite a unos a la vía administrativa y a otros a la vía Penal por la comisión de los mismos delitos. No puede haber paz, seguridad, gobernabilidad ni democracia donde no hay verdad. Castigar a los culpables (de actos de corrupción) es indispensable para romper de una vez con el silencio cómplice a favor de la corrupción.
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