Del diario ABC de España.
La jueza Sara Harón que tiene a su cargo la causa del crimen al policía, por una investigación a narcotraficantes. |
El caso sacude a la ciudad de Frías, en la provincia de Santiago del Estero y conocida como la "ciudad de la amistad", donde el pasado 5 de enero el oficial Jonatan Barrera, de 23 años y tres de policía, fue hallado muerto en un área de monte, con un tiro en la nuca de su propia arma reglamentaria.
Inicialmente dos jóvenes habían sido detenidos como sospechosos del asesinato, pero el caso dio un sorpresivo giro hace unos días cuando once policías, tres de ellos superiores de la víctima, fueron imputados como partícipes secundarios del crimen.
Antes de ser asesinado, en su última comunicación, Barrera perseguía a dos personas y pidió refuerzos a la comisaría.
Traficantes
Según el testimonio de sus compañeros, le encontraron muerto cuando llegaron al lugar, pero la Justicia investiga si los policías alteraron el escenario del crimen y adulteraron pruebas.
"Jonatan estaba siguiendo un asunto de drogas", dijo a Efe Elena Barrera, madre de la víctima, quien de todos modos afirmó que no puede aseverar que los policías detenidos hayan matado a su hijo o estén involucrados en delitos de narcotráfico.
Jonatan vivía en pareja con Yanina Juárez, también policía, e hija del agente Julio Federico Juárez, uno de los once que khan sido detenidos.
La joven policía criticó las detenciones, defendió la inocencia de sus compañeros y opinó que Barrera tuvo pistas sobre los dos primeros imputados en el caso que lo llevaron a actuar sin esperar los refuerzos solicitados.
"Hay policías corruptos y, precisamente, ellos no están detenidos", dijo Yanina al Nuevo Diario, de Santiago del Estero.
Fuentes de la policía provincial indicaron a Efe que la fuerza no ha abierto una investigación interna por el asesinato porque todo el proceso está ya "en fase judicial" aunque admitieron que hay "preocupación" por el caso.
Policías asesinados
En el último informe de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) revela que desde la restauración de la democracia en Argentina, en 1983, y hasta finales de 2010 las fuerzas de seguridad asesinaron a 3.093 personas, 253 el año pasado.
Aunque la mayoría de estos homicidios son casos de "gatillo fácil" y asesinatos de detenidos en cárceles y comisarías, el ocho por ciento corresponde a las denominadas muertes "intrafuerza" o "intrafamiliares".
Se trata de "casos en los que los mismos recursos dados por el Estado para que la policía aplique sus políticas represivas terminan siendo empleados para resolver cuestiones internas o incluso asuntos familiares", explicó a Efe la abogada María del Carmen Verdú, de la Correpi.
"En general los homicidios entre policías responden a cuestiones personales, como reyertas familiares, o a facturas pendientes entre ellos o porque uno se quiere también aprovecharse de un negocio del que no está participando", concluyó Verdú.
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