Por Ricardo Trotti, en www.ricardotrottiblog.com
No todo a lo que se adjetive de poder popular y de
mayorías soberanas es democracia.
Así quedó como conclusión del fallo de
inconstitucionalidad que dictó la Corte Suprema de Justicia de Argentina sobre
una ley promovida por Cristina Kirchner para que los jueces fueran elegidos por
voto popular.
Rompiendo con las intenciones políticas del gobierno de
reformar y “democratizar a la justicia”, la Corte fue tajante al sentenciar que
la democracia exige un Poder Judicial independiente, educando que la
Constitución es un documento que no da derechos al gobierno, sino que le impone
deberes, que busca “equilibrar el poder, para limitarlo”.
El fallo explica que la pretendida elección popular de
los miembros del Consejo de la Magistratura, el órgano que selecciona y
destituye jueces – instaurado hace décadas para despolitizar el proceso de
elección de jueces - implicaría que los jueces comprometerían sus valores
extraordinarios, imparcialidad, independencia y apariencia de neutralidad, al
tener que someterse a campañas electorales y competir en luchas partidarias.
Resolución ejemplar
La relevancia de la sentencia trasciende a la clase
política argentina. Se impone como enseñanza para otros gobiernos populistas
latinoamericanos que, bajo la excusa de la “democratización” y de la voluntad
de las mayorías, han sometido y dominado a los poderes judiciales. En Bolivia,
Ecuador, Nicaragua y Venezuela los mismos procesos apuntaron a reformar a la
justicia no para hacerla menos corrupta y corporativista o más rápida y
eficiente como argumentaron, sino para someterla y convertirla en aliada política.
Es fácil advertir como en estos países, donde existe esa
comodidad conveniente entre los poderes del Estado y donde muchas veces las
mayorías son alcanzadas mediante un clientelismo que no escatima en subsidiar y
comprar votos en las urnas o entre los curules de parlamentarios, las
democracias son débiles e imperfectas.
Mayorías y democracia
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Se
suman los reconocimientos internacionales hacia el fallo de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación Argentina.
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El fallo de la Corte Suprema infiere, además, que la
fuerza de las mayorías y el voto popular, así como también pueden ser las
concentraciones masivas o las protestas legítimas de la ciudadanía, no son
absolutas en una democracia. El sistema de participación e inclusión política,
por el contrario, requiere de garantías y de un respeto inconmensurable para
las minorías y las instituciones, las que no pueden ignorarse por la sola fuerza
de las mayorías.
“No es posible que bajo la invocación de la defensa de la
voluntad popular pueda propugnarse el desconocimiento del orden jurídico,
puesto que nada contraria más los intereses del pueblo que la propia
trasgresión constitucional”, sentenció la Corte. Especificó que la ley aprobada
por la mayoría kirchnerista viola el artículo 114 de la Constitución, referente
al equilibrio que el Consejo de la Magistratura debe tener entre sus 13
representantes, legisladores, jueces, abogados y académicos.
En una situación normal, este fallo sentaría un
precedente extraordinario ante los avances del gobierno. Sin embargo, en la
Argentina actual, nadie duda que el gobierno, mientras maneje las mayorías
electorales y parlamentarias, perseverará en su arrogancia para alcanzar sus
fines. Se trata de un estilo muy similar al utilizado por Hugo Chávez y Rafael
Correa cuando emprendieron sus luchas contra la justicia, la prensa
independiente y a favor de la eternización en el poder, sobre la base de
decretos, leyes, referendos populares y reformas constitucionales.
Tal vez, la única ventana que dejó la Corte – “los
poderes son limitados; si se quiere modificar eso, hay que modificar la
Constitución” – sea el camino que buscará el gobierno para que el sometimiento de
la justicia a los designios de las mayorías políticas y populares, tenga
apariencias de legalidad.
El kirchnerismo ya formó el avispero y se espera el
contraataque. Los funcionarios atacan a la justicia por actuar de “espaldas al
pueblo” y Cristina defiende ahora el debate público sobre el tema, actitud que
no tuvo antes de que se aprobara la ley entre gallos y medianoche, cuando la
oposición, académicos y organizaciones de la sociedad civil lo exigían.
El fallo judicial estableció los límites del gobierno.
Infirió que el halago constante de las mayorías, del voto popular, a expensas
de la independencia de poderes, no construye democracia.
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