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La senadora nacional entrerriana
Sigrid Kunath se hizo eco de la denuncia del Consejo Consultivo Honorario en
Salud Mental y Adicciones.
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La
senadora nacional Sigrid Kunath (FpV-PJ - Entre Ríos) presentó un proyecto
declarando su preocupación ante la denuncia del Consejo Consultivo Honorario en
Salud Mental y Adicciones sobre el proyecto de reforma del decreto
reglamentario de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657.
“La
Ley Nacional de Salud Mental fue un avance clave para el reconocimiento de las
personas con padecimiento mental como sujetos de derecho y para la sustitución
del manicomio por tratamientos dignos. Según lo denunciado por distintas
organizaciones y organismos de salud, la modificación que se plantea pretende
dar un giro rotundo en la política que tuvo como marco esta ley sancionada en 2010
con grandes acuerdos y valorada como modelo por los organismos internacionales
de protección de Derechos Humanos”, explicó Kunath.
“Esto
representaría un retroceso gravísimo en el respeto de los derechos humanos de
este colectivo”, sostuvo la legisladora al tiempo que señaló que “resulta
preocupante que se intente hacer una reforma a través de un decreto
reglamentario cuando es evidente que trata de modificar los postulados
centrales de la Ley Nacional de Salud Mental”
En
esta línea, destacó el compromiso y la participación del Órgano de Revisión de
Salud Mental de la Provincia de Entre Ríos, integrado por la Dirección de Salud
Mental del Ministerio de Salud; la Secretaría de Justicia del Gobierno
provincial; el Ministerio Público de la Defensa; la Asociación de Usuarios,
familiares y amigos de la Salud mental AUFASaM; el Colegio de Psicólogos de la
provincia y la Asociación Hijos regional Paraná, quienes se han manifestado en
este mismo sentido.
Agregó
que según plantea en los fundamentos, “esta nueva reglamentación modifica la
concepción de la salud mental y la reduce a una perspectiva biologicista,
insuficiente para un tratamiento integral de los padecimientos mentales,
reinstala el manicomio, bajo el nombre de Hospitales Especializados en
Psiquiatría y Salud Mental, admite el aislamiento, de comprobada iatrogenia;
reinstala el concepto de ‘peligrosidad’, sustituyendo el requisito de ‘riesgo
cierto e inminente de daño para sí o para terceros’; lesiona y desnaturaliza el
derecho a una defensa técnica de las personas”.
Además
“reinstala la lógica del modelo tutelar de sustitución de la voluntad; quita de
la competencia del Ministerio Público de la Defensa la designación de la máxima
autoridad del órgano de revisión de la ley y se la adjudica al Ministerio de
Salud de la Nación, quién ejercería un control sobre sí mismo. A la vez, impone
una nueva conformación plenaria y modalidad en la toma de decisiones que
desequilibra la pluralidad de sectores”.
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