Nadie pide explicaciones a los enriquecidos-funcionarios

Así, callados, los diputados se convierten en cómplices de los latrocinios de algunos funcionarios.

Se adueñan de los dineros públicos, exhiben sus autos lujosos y sus departamentos o fincas, viajan como reyes por todo el mundo y manejan grandes emprendimientos hoteleros. Nadie les dice nada.
El Santiago de Gerardo Zamora es, con exclusividad, “el país del revés”, porque todo es para los funcionarios; no para los pobres de la provincia.
Aquí en Capital, el jefe de Gabinete, Elías “Sugus” Suárez, y su banda (sinónimo de asociación ilícita), levantaron indebidamente 33 millones de pesos, por medio de facturas apócrifas de tres agencieros publicitarios autorizados por el subsecretario de Prensa, “Lito” Argañaraz. Parte de esta última rapiña fue utilizada para adquirir dos lujosos hoteles en la costa atlántica, uno en Pinamar y otro en Cariló.
Muchos antes, otros funcionarios zamoristas perpetraron maniobras fraudulentas iguales o peores.
En Frías, el intendente Néstor Humberto Salim trabaja con la empresa de su hijo y, consecuentemente, la familia se ha convertido en la más rica del Oeste santiagueño. (Enumerar las irregularidades de Salim sería una tarea de nunca acabar).
También hay otros zamoristas que incursionaron por el lado de la hotelería, como “Sugus” y su bandita. Está el caso del actual o ex (no se sabe) subsecretario de Planificación, arquitecto “Gado” Mansilla, que compró propiedades por doquier y levantó una hostería en Tilcara, Jujuy.
Luego, siguió los pasos de “Gado”, el ex intendente de Beltrán, Miguel “Miguelillo” Álvarez, quien también es el dueño de una amplia y lujosa hostería en el pueblo jujeño. Álvarez, que perdió la intendencia con el candidato de “Pichón” Neder, fue designado en la Casa de Gobierno, donde le “crearon” una subsecretaría.

Anti-democracia

Los tres o cuatro diputados provinciales opositores podrán aducir todos los argumentos posibles, como que no les dejan ni siquiera esbozar un pedido de informes, pero tienen que admitir que mucho no se preocupan por indagar y controlar sobre los actos supuestamente corruptos de los funcionarios del Poder Ejecutivo.
Están los medios periodísticos de la Capital Federal y el Congreso Nacional para quejarse y emprender investigaciones frente a la gravedad y al alto grado de irregularidades que se perpetran en nuestro medio.
Hubo un diputado, el justicialista Francisco Alberto Cavallotti quien, en su momento, concurrió al Senado y formuló una severa presentación-denuncia por el irregular funcionamiento del Poder Judicial de Santiago del Estero. Aunque no tuvo prensa, su escrito sirvió para que los capitostes de la política nacional se conmovieran y empezaran a comprender y a ver el verdadero rostro de este “nuevo Santiago”.
Asimismo, en la bancada mayoritaria (del Frente Cívico), donde integran la misma tropa, ex peronistas y ex radicales, hay varios profesionales (abogadas, ingenieros, etc.), que nada tienen que ver con el latrocinio de los funcionarios que se apoderan de los fondos públicos. Nadie se explica por qué no abren la boca y zamarrean al “jefe” a fin de que ponga coto a la rapiña.
Aunque se sea muy pero muy oficialista, siempre se puede actuar como democrático y republicano. Hay que comprender que quien desempeña cargos públicos tiene el deber moral y político de actuar con la máxima transparencia y en el seno de la igualdad.
Aquí, tomando en cuenta la última inmoralidad, todos los legisladores deberían haber exigido explicaciones a “Sugus” Suárez, a “Lito” Argañaraz (y denunciado a los tres agencieros publicitarios), sobre la compra de dos lujosos hoteles.
Todo porque si nos quedamos callados, ese “pacto de silencio” nos va a convertir a todos en cómplices en la hora en que cambie la mano y llegue la hora de las investigaciones y las reparaciones.