Nombraron jueces indoctos y aquí están las consecuencias

La policía no cumple la función de ser auxiliar, sobre todo de jueces indoctos.

Los jueces del Crimen que puso a dedo el gobernador Gerardo Zamora eran correligionarios (cuando militaban en la UCR), o fueron socios en el estudio jurídico, o son parientes de funcionarios. En el Poder Judicial se instaló “la gran familia del zamorismo”.
Consecuentemente, están en el Palacio de Tribunales por una decisión que adoptaron el gobernador Gerardo Zamora y el ministro de Justicia, Ricardo Daives. Ellos fueron los que nombraron muchachos y chicas que son (o fueron) buenas personas, aunque no conocían el Palacio de Tribunales. El 99% de los jueces del Crimen, además, jamás litigó en el fuero Penal.
Después de cinco años, Zamora y Daives también metieron mano en el pusilánime Consejo de la Magistratura y lograron que los mismos jueces designados en comisión y a dedo figuraran en las ternas. De este modo, el primer mandatario lo único que hizo es nombrarlos jueces en propiedad. De allí que la Justicia (sobre todo la del Crimen) sigue sin poder funcionar como un servicio. Es que no hay probidad y erudición en estos muchachos y chicas.
Pese a todo, hoy, desde el gobernador, pasando por el ministro de Gobierno, “Pichón” Neder y hasta el jefe de policía, Marcelo Pato, se animan a formular reconvenciones a los fiscales y jueces, “porque los delincuentes entran por una puerta y salen por otra”.
No es culpa de estos funcionarios judiciales sino de los irresponsables que les ofrecieron el cargo y los designaron a sabiendas de la incompetencia por falta de experiencia.
Neder y Pato no tienen que abrir la boca. Son los principales responsables de lo que pasa con la inseguridad en la provincia y, lo que es alarmante, de la falta de colaboración de la policía con la justicia Penal.

La "mala policía"

Todos los sumariantes de las comisarías (de aquí, de allá y de acullá), manejan a sus anchas a los presos y a los sumarios. Detienen y meten en el calabozo, mantienen incomunicados a ladrones de gallinas o a ebrios que se agarraron a puñetazos, les arman las declaraciones y llevan todo cocinado a los jueces o fiscales. Ya no hay policías correctos que se comportaban como auxiliares de los jueces. Ahora son los uniformados los que deciden quién queda preso y quién recupera la libertad.
Una realidad increíble y lamentable. Los jueces firman resoluciones luego de los fundamentos que “dictan” los sumariantes policiales.
Éstos jueces de Zamora y Daives no descubrieron (o se olvidaron de las clases en la universidad), de que el dueño del preso, de la causa y del expediente es el magistrado interviniente, y que ningún policía de calle o sumariante tiene facultades para detener, incomunicar y tipificar los delitos.
El buen servicio de la justicia Penal va a volver a imperar cuando aparezcan jueces que manden arrestados a los policías que detengan, que indaguen (a veces con apremios) y que armen los expedientes, sin consultar al “Instructor Jefe”, que no es otro que el magistrado en turno y competente.
Hay que poner coto a estos policías que no se comportan como subalternos y auxiliares de la justicia, y que actúan como si fueran los jueces. Se sabe que son muchos los sumariantes que aunque los detenidos ostenten frondosos prontuarios, les acomodan el expediente para que el magistrado les firme las libertades. Son muchos los reos reincidentes que entran por una puerta y salen por otra, sencillamente porque en muchos casos la policía les esconde el prontuario con antecedentes o lo “limpian” en la División Antecedentes Personales. Van al juzgado y le hacen firmar al juez las libertades de algunos “protegidos” de los uniformados.

Excarcelaciones

La inseguridad pavorosa que azota a Santiago del Estero se resuelve con las tareas de prevención (pero en serio) de la policía y no instándolos a los jueces a “endurecer” el régimen de excarcelaciones.
El gobernador y su ministro de de Justicia tienen que recordar que la excarcelación es un garantía constitucional que tiene que acordarse o denegarse conforme a lo que dicta el Código de Procedimiento en lo Penal y Correccional vigente. No es una garantía “blanda” ni “dura” a la que el juez la pueda calibrar de acuerdo a la cara del preso.
Por todo ello, el poder político -porque armó está justicia Penal en Santiago del Estero-, debería esperar a los jueces y fiscales en lugar de apurarlos con tantas recomendaciones, porque cuando los designaron deberían haber advertido que no estaban capacitados para administrar justicia. Hoy, a seis años como jueces y fiscales del Crimen, recién están aprendiendo el significado del “auto de imputación” o “auto cabeza” de los expedientes.