Y, ¿si los diputados interpelan a “Sugus”?

Los 40 diputados miran para otro lado frente al robo de 33 millones de pesos desde Jefatura de Gabinete.

Si en Santiago del Estero existiera un sistema democrático y si jueces y diputados cumplieran sus roles, otra sería la historia para una verdadera banda de funcionarios que cometieron escandalosas corruptelas y, pese a todos, se mantienen en funciones.
Sin duda, estamos soñando. En la actual Legislatura hay sólo cuatro legisladores opositores: José Luiz Zavalía e Inés Trógolo de Marozzi (Frente Unidad Popular); Francisco Alberto Cavallotti (Frente Cruzada Lealtad), y José Fares Ruiz (Frente Justicialista). El resto, los 36 de la mayoría, son oficialistas.
O sea, una interpelación al jefe de Gabinete Elías “Sugus” Suárez, sería imposible, porque los 36 legisladores zamoristas son funcionales, obedientes e incondicionales con el Poder Ejecutivo.
Ocurre que “Sugus” Suárez fue descubierto de encabezar una asociación ilícita junto al subsecretario de Prensa, “Lito” Argañaraz y tres “agencieros publicitarios”, que se llevaron 33 millones de pesos del erario público mediante facturas apócrifas con la que extrajeron el dinero de la Jefatura de Gabinete. Se sabe que los cinco implicados ascendieron al segmento zamorista de “los nuevos ricos”, que viajaron al exterior de vacaciones y que adquirieron hoteles lujosos en Cariló y Pinamar, provincia de Buenos Aires.
Aunque el Parlamento se encuentre en receso, algunos de los cuatro legisladores opositores deberían cumplir con el artículo 135 de la Constitución y presentar pedidos de informes al jefe de Gabinete, quien está obligado (artículo 167 del texto constitucional) a responder a cualquier requerimiento de los diputados.
Van a cumplirse dos meses de que se conoció el desfalco de “Sugus” y sus muchachos, y aunque sea un diputado tiene que poner el tema en el tapete luego del silencio del gobernador Gerardo Zamora, sus ministros, Fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas, o fiscales y jueces. Además, no solamente se oculta la corruptela sino que se mantiene en sus cargos a los dos funcionarios descubiertos como autores de la sustracción de 33 millones de pesos de las arcas públicas.