miércoles, 10 de mayo de 2017

Fraga: “Macri volverá a tener el ‘voto militar’ en octubre”

Entrevista de Sebastián D. Penelli, en Ámbito Financiero de la Capital Federal.
Rosendo Fraga no descartó que la sentencia del 2x1 de la Corte Suprema haya sido tomada en coincidencia con el pedido de “reconciliación” que busca la Iglesia católica con los organismos de derechos humanos.
El director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, Rosendo Fraga, deslizó que el fallo de la Corte Suprema de Justicia que reduce la pena a los criminales de lesa humanidad beneficia directamente al electorado del Gobierno nacional y estimó que Cambiemos podría embolsar hasta un millón de votos tras esa decisión.
Sin embargo, el analista político aclaró que la sentencia se convirtió en un "problema político" para la Casa Rosada por las diferencias surgidas entre los altos funcionarios y por la convocatoria a una concentración masiva de los organismos defensores de los derechos humanos. "La oposición dura ha encontrado una oportunidad para retomar la iniciativa, que desde el 1A estuvo en manos del Gobierno", señaló Fraga durante una entrevista con ámbito.com.
Según Fraga, en la Argentina como en Chile el voto del personal de las bases antárticas es tomado como indicador del voto militar del país. "Los votos de la Antártida han sido tomados históricamente como elemento de análisis acerca del voto militar. Es que algo más de dos tercios de quienes votan allá son militares en actividad de las tres Fuerzas. Además, se acercan a una muestra relativamente representativa de la estructura de personal militar en cuanto a oficiales, suboficiales y grados. A ello se agrega que están todos en actividad y que, en este caso, ninguno estaba en actividad durante el gobierno militar", consideró.
Con los resultados electorales de la PASO y primera vuelta de 2015, Fraga aseguró que el "voto militar" posee un "sesgo fuertemente contrario al kirchnerismo" y que tras el triunfo de Macri se mostró "muy volcado" a Cambiemos. En ese entonces, sostuvo que el "voto militar" medido a través de los resultados en la Antártida muestra que se volcó decididamente hacia Macri: entre este público obtuvo casi dos tercios del total de los votos. El segundo lugar fue para Sergio Massa con poco más de 20% y Daniel Scioli quedó tercero con menos de 10%.
Tras el fallo de la Corte y la postura del macrismo, el historiador vaticina que en los próximos comicios el panorama no cambiará. "El voto militar ha sido contrario al kirchnerismo tanto en 2007 como en 2011 y 2015, cuya política hacia las Fuerzas Armadas claramente no ha generado consenso en ellas", afirmó tiempo atrás. "(Macri) volverá a tener el voto militar, porque no será K", ratificó ahora.
Periodista: ¿El "voto militar" que se inclina a favor de Macri ronda el millón de votantes?
Rosendo Fraga: El voto militar, entre el personal en actividad, retirados y fuerzas de seguridad, con su influencia sobre el grupo familiar, ronda el millón. Esto sería entre 3 y 4% del total. De este voto y en segunda vuelta, el testimonio de la Antártida dio 84% a favor de Macri. Pero en una legislativa el voto se dispersa, los candidatos locales que encabezan las listas diferencian el voto en el ámbito local, etc. Pero en general, en todos los países, el voto militar es más conservador que el promedio.
P.: ¿Usted cree que tras el fallo 2x1 de la Corte se creó un "problema político" para el Gobierno?
R.F.: El fallo de la Corte sobre el dos por uno, se ha transformado en un problema político para el gobierno. Pienso que pudo haber sido diferente. Entre las declaraciones de Avruj, Garavano, Peña y Vidal, no sólo hay matices, sino diferencias. Pero el problema central es que la marcha del 10M,- la convocada por las organizaciones de derechos humanos y las fuerzas políticas afines,- pueden anular o atenuar, los efectos políticos del 1A. La oposición dura ha encontrado una oportunidad para retomar la iniciativa, que desde el 1A estuvo en manos del gobierno.
P.: ¿Tiene vinculación esa sentencia con el pedido de "reconciliación" que la Iglesia intentó proponer a organismos de derechos humanos?
R. F.: Es posible que la Corte haya buscado que su fallo coincida con la semana en la cual el Plenario de la Conferencia Episcopal Argentina (todos los obispos del país), que se reúne dos veces al año y que se sabía iba a tratar el tema de la reconciliación, pero se trata de una conjetura en razón de que si bien la Corte es independiente, no deja de mirar al contexto político.
P.: ¿Con el cambio de opinión del Gobierno sobre el fallo (en un principio lo avaló, luego lo rechazó) cree que el oficialismo pierde gran parte de la adhesión del "voto militar" de cara a las legislativas?
R. F.: Las idas y venidas del gobierno con el fallo de la Corte, pueden disminuir la adhesión del voto militar. Pero el gobierno piensa,- con cierta razón,- de que pese a todo volverá a tener el voto militar, porque no será K, como espera se genere con la polarización. Además faltan más de cinco meses y en ese plazo, la agenda política puede cambiar mucho y aparecer nuevos temas.

Senado: Los fundamentos de Montenegro contra el 2x1

El senador Gerardo Anternor Montenegro defendió la lucha del pueblo argentino por los Derechos Humanos, en su discurso de ayer en la Cámara Alta.
El senador nacional peronista por Santiago del Estero, Gerardo Antenor Montenegro, votó esta tarde del miércoles a favor de la ley que restringe el beneficio  de la reducción de pena conocido como “dos por uno” para los condenados por delitos de lesa humanidad.
La ley fue aprobada por unanimidad y contó con 56 votos afirmativos de los senadores presentes.
En diálogo con Arena Política, el legislador explicó que “hoy, quienes integramos esta Honorable Cámara, y por lo que ha sido nuestra histórica posición en la defensa de los derechos humanos desde el regreso de la democracia, tenemos el desafío de debatir un tema que nunca pensamos deberíamos volver a tratar”.
En ese sentido, fundamentó: “Fuimos ejemplo en el mundo por nuestra férrea posición en juzgar el terrorismo de Estado y a sus genocidas. Nuestros juicios a las Juntas Militares, la posición que adoptamos más tarde con la derogación de las leyes de Punto Final, el coraje de nuestras Madres y Abuelas, el Nunca Más, y los consecuentes reclamos de Memoria, Verdad y Justicia, así como nuestras permanentes movilizaciones de los organismos de derechos humanos, en respuesta siempre a la agresión a esos derechos, nos han ubicado en forma privilegiada en el contexto internacional, como ejemplo de estos postulados.

“Hora de dar respuestas”

El momento en el que los senadores nacionales votaron por unanimidad la ley que pone límites a la aplicación del 2x1.
Luego, en su discurso insertado en las actas legislativas, Gerardo Montenegro sostuvo: “Hoy, repentinamente, y en una actitud que parecería el relato de una película que jamás hubiésemos pensado podría ser realidad, es este Congreso Nacional es el que debe dar, y dará una respuesta a una sociedad consternada ante la reapertura de esta caja negra que fue la permanente violación a los derechos humanos que sufrimos en la etapa más nefasta y oscura de nuestra historia”.
Explicó que la ley que quedará sancionada expresa certeramente, que la ley conocida como “dos por uno” no es aplicable a las conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra; reforzando así la prohibición expresada en la ley 27156 en cuanto a que prohíbe indultar y conmutar penas en delitos de lesa humanidad. “Quiero recordar que el artículo primero de esta ley prescribe que los delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra contemplados en los artículos 6, 7 y 8 del Estatuto de Roma, no pueden nunca ser objeto de amnistía, indulto o conmutación de pena, si así fuera el acto que así lo disponga, quedará bajo sanción de nulidad absoluta e insanable”, ilustró.
También recordó que nuestra Constitución Nacional recepta en su artículo 75, inciso 22, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional, entre los que se destacan la Convención contra la Tortura o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, que obliga a los Estados Partes a sancionar a las personas consideradas responsables de la comisión de actos de tortura.

Rescató el voto de Lorenzetti

En sus fundamentos, el senador peronista destacó algunos de los considerandos que el doctor Ricardo Lorenzetti estimó en el momento de plantear su disidencia en este controvertido y lamentable fallo. “En su considerando siete, afirma que no se ha dado ningún cambio en la valoración de los delitos de lesa humanidad, sino que por el contrario, existe una consistencia en la definición, calificación y persecución de este tipo de delitos que se ha mantenido en diversos precedentes, afirmando que no sólo se ha producido en esta Corte Suprema, sino en todo el Poder Judicial. Más aún, afirma el Presidente de la Corte, ‘se trata de una política de Estado afirmada por los tres poderes en diversas épocas, de modo que constituye parte del contrato social de los argentinos’”, recalcó Montenegro.
Asimismo, señaló: “este fallo se ha dado en circunstancias especiales, ya que pareciera que de a poco algunas posiciones de gobierno e incluso algunas editoriales periodísticas, plantean reabrir la discusión basados en teorías negacionistas de la triste historia de nuestro pasado”.

“Una jornada histórica”

Multitudinaria marcha ayer en Avenida de Mayo y 9 de Julio de la Capital Federal, en contra de la ley 2x1.
“Somos principalmente, y esto hay que recordarlo, absolutamente respetuosos de los principios republicanos. Esto es una obviedad, por lo que estamos seguros que reafirmar con esta ley las pautas interpretativas consideradas erróneamente por el fallo de la mayoría de la Corte, impedirá cualquier tipo de planteamiento futuro para tratar de beneficiar a quienes atentaron, secuestraron, ultrajaron, torturaron y mataron a parte de una generación comprometida con la realidad y la historia de nuestro país”, dejó sentado Montenegro.
Amplió: “Hoy, mientras nosotros estamos debatiendo en esta jornada histórica, cientos de miles de argentinos se organizan para demostrar al conjunto de los poderes del Estado que el Nunca Más forma parte de nuestra historia e idiosincrasia, que no es propiedad de nadie más que del mismo pueblo argentino. Que curiosamente, será el mismo pueblo el que le demostrará al mundo que los argentinos somos y seremos siempre respetuoso de los derechos humanos, más allá de las decisiones gubernamentales o acciones o consideraciones de tipo político”.“Hoy más que nunca, nosotros desde este Congreso Nacional debemos estar a la altura de este pueblo, y así como fuimos reconocidos en el contexto internacional por nuestra posición a ultranza en defensa de esos derechos, recuperemos con la sanción de esta ley, el respeto a la memoria de las miles y miles de familias que fueron ultrajadas en esta parte negra de nuestra historia. Por la memoria de todos ellos, es que acompaño mi voto positivo”, concluyó el senador nacional por Santiago del Estero.

domingo, 7 de mayo de 2017

La era del pos-desarrollismo

Por Fernando Diez, arquitecto, integrante de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente.*

Aunque la expectativa general se concentra en la esperada activación de la economía y el consiguiente crecimiento del país, falta saber en qué dirección. Es decir, aún no sabemos qué clase de actividades desearíamos ver activadas.
La vaga referencia al desarrollismo de buena parte del oficialismo y la oposición como deseable orientación de la sociedad encierra no pocas incongruencias, incluso para quienes tenemos admiración y no poco respeto por la visión que encarnó el desarrollismo en los años 60 y que está inalienablemente asociada a las figuras de Arturo Frondizi y Rogelio Frigerio.
Ocurre que aquel desarrollismo se afirmaba en dos presupuestos que tenían mucho sentido en los años 60, pero que no lo tienen 60 años después. El primero se corresponde con la idea de que para alcanzar una independencia económica los países debían desarrollar todas las actividades básicas consideradas estratégicas, aun al costo de pagar un precio mayor por sus productos y de postergar el desarrollo de sus propias ventajas comparativas. Se pensaba que sin esa independencia las naciones no podrían adquirir un alto estándar de vida para sus poblaciones. Sin el desarrollo conjunto del acero, la energía, la flota naviera, y cada uno de los rubros de la industria manufacturera, algo que puso en duda el impresionante desarrollo social de los países escandinavos. Era ésa una concepción centrada en la competencia entre las naciones antes que en la cooperación.

Los cambios radicales

El desarrollismo en los años 60 (y que está inalienablemente asociada a las figuras de Arturo Frondizi y Rogelio Frigerio), se afirmaba en dos presupuestos que tenían mucho sentido en los años 60, pero que no lo tienen 60 años después, asegura el autor de la nota.
Una vez que la globalización potenció la especialización productiva y el intercambio de componentes que serían producidos más baratos a escala del mercado global, esa situación cambió radicalmente. Baste como ejemplo la industria del automóvil, con sus modelos globales y sus plataformas compartidas, cuyas partes provienen de los muchos países distintos de aquel donde son finalmente fabricados. La creciente complejidad técnica del mundo hace ya poco menos que imposible (incluso para superpotencias como EE.UU. y China) que un mismo país pueda desarrollar todas las tecnologías e industrias de avanzada simultáneamente. Fenómeno al que se superpone el carácter supranacional de la mayor parte de las empresas de la avanzada tecnológica, cuyas estrategias globales dependen de la demanda no de uno, sino de todos los países.
El segundo aspecto que ha cambiado respecto de los años 60 es la propia idea de que el desarrollo y el crecimiento de la economía y la producción no tendrían límite, y que en todo caso sólo dependían de la competencia internacional, de la inversión y el empeño que pusiera cada nación. Theskyisthelimit, se repetía en inglés (el cielo es el límite). Esa percepción empezó a cambiar, todavía tibiamente, en 1973 con la “crisis del petróleo”, aunque sólo se temía entonces al agotamiento de las reservas de combustible fósil, cuya energía barata había financiado el desarrollo industrial del siglo XX. Recién al culminar el siglo se hizo evidente que había un problema mayor que la obtención de aquella energía: la disipación en la atmósfera de los efectos de su utilización, cuya acumulación está produciendo el cambio climático. Sabemos ahora, contrario sensu, que el cielo es el límite, pero en la forma de un calentamiento global que deberíamos limitar a menos de 2 grados centígrados, so pena de catástrofes cuyo costo social y económico son todavía incalculables. En cuanto ese cielo y ese clima son compartidos, descubrimos que el destino de las naciones está fatalmente unido y que, por lo tanto, no puede pensarse desde su imaginada independencia.
También sabemos ahora que el desarrollo al estilo en que fue llevado adelante por las naciones que se desarrollaron en la primera mitad del siglo XX es insustentable, inviable. Tampoco nuestro modelo de desarrollo puede ser el de los Estados Unidos de hoy, consumiendo dos veces más energía que los países europeos. Como decíamos hace ya 10 años en este mismo espacio, el “desarrollo sustentable” es una expresión de deseos cuya fórmula práctica todavía no hemos sido capaces de escribir. Aún estamos esperando saber cuál sería el modelo del posdesarrollismo, esa dirección hacia la cual orientar los esfuerzos nacionales, que ya que no puede ser la misma que imaginaba aquel valiente desarrollismo de los años 60.

*El arquitecto Diez es hijo de un prestigioso médico santiagueño (ya fallecido), el doctor Esteban Diez, nacido en Girardet, cerca de Quimilí. 

Mujeres peronistas repudian el fallo a favor de represores

Marcha de mujeres peronistas de todo el país, con la representante santiagueña, la contadora Ana María Corradi de Beltrán, en primera fila a la izquierda.
Legisladoras nacionales, provinciales, intendentas y políticas del peronismo nacional, expresaron su “absoluto repudio” al fallo de la Corte Suprema de Justicia que beneficia a un condenado por delitos de lesa humanidad, otorgándole la reducción de su condena.
En su pronunciamiento expresaron que la llamada norma 2x1 es la ley 24.390 que reduce el cómputo de la prisión siguiendo un antiguo criterio del Código Penal que privilegiaba la ley más benigna.
“Esta norma que hoy está derogada, estuvo vigente entre los años 1994 y 2001 y, con anterioridad, nunca fue aplicada a condenas que involucran crímenes de lesa humanidad, tales como el plan sistemático de exterminio y ‘desaparición’ de jóvenes, trabajadores, la tortura a mujeres embarazadas o la apropiación de bebés robándoles su identidad”, agregaron las mujeres peronistas.
Luego apuntaron que “este ‘suavizamiento de la pena’, es un precedente que beneficiarían a los autores de las más cruentas aberraciones violatorias de derechos humanos que conocemos en la Argentina y una de las terroríficas que padeció la historia moderna”.
Recordaron que este fallo fue aprobado por la Corte Suprema de Justicia con tres votos de los cinco integrantes. Entre los que votaron a favor del ‘suavizamiento de las penas’ se encuentran los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkranz, ambos nombrados por decreto presidencial de Mauricio Macri y que, luego de un fuerte rechazo a esta metodología avasallante de los poderes del Estado, el Ejecutivo envió sus pliegos al Senado”.
Según las mujeres peronistas, “esta resolución sienta un preocupante precedente, pero basta ver el incremento de los otorgamientos de prisiones domiciliarias para represores y el llamado público de la Conferencia Episcopal Argentina a lo que denominan ‘reconciliación’ o el expreso negacionismo de integrantes, algunos de ellos funcionarios de Cambiemos,  para entender que la complicidad civil de la dictadura militar pareciera estar operando para una potencial amnistía”.
Por último, dijeron que “este fallo va en contra del paradigma de derechos humanos que construimos como país y que es elogiado en el mundo entero. ‘Cambiar futuro por pasado’ pareciera ser la única promesa electoral cumplida por Cambiemos”.
Adhirieron a este pronunciamiento la secretaria de la Mujer del PJ Nacional, Verónica Magario, a quien acompañan las senadoras nacionales María Inés Pilatti Vergara (Chaco); Inés Blas (Catamarca); Teresa Luna y Hilda Clelia Aguirre (La Rioja); Norma Durango (La Pampa); Graciela de la Rosa (Formosa); Liliana Negre de Alonso (San Luis); María Ester Labado, Virginia María García (Santa Cruz); Anabel Fernández Sagasti (Mendoza); Marina Riofrío (San Juan); Sigrid Elisabeth Kunath (Entre Ríos); Ana Claudia Almirón (Corrientes); Silvina García Larraburu (Río Negro); Nancy Susana González (Chubut); Ada Rosa del Valle Iturrez de Cappellini (Santiago del Estero); María de los Ángeles Sacnun (Santa Fe); Beatríz Mirkin (Tucumán) y Liliana Fellner (Jujuy).
También firmaron las senadoras nacionales mandato cumplido Silvia Giusti (Chubut), Ana María Corradi (Santiago del Estero); Beatriz Rojkés de Alperovich (Tucumán); Elena Corregido (Chaco); María Higonet (La Pampa), Blanca Osuna (Entre Ríos) y Ada Maza (La Rioja)
Otras que adhirieron son las diputadas nacionales Teresa García (Buenos Aires); Daniela Castro (San Juan); Cristina Álvarez Rodríguez, Dulce Granados, María Fernanda Raverta, Mayra Soledad Mendoza, Juliana Di Tullio, Luana Volnovich, Marisa Guerin y Diana Beatriz Conti (Buenos Aires); María Cristina Britez (Misiones); Analuz Ailen Carol (Tierra del Fuego); Gabriela Beatriz Estévez (Córdoba); Nilda Garré y Liliana Amalia Mazure (Caba); Lucila De Ponti, Josefina Victoria González y Silvina Frana (Santa Fe); Ana Llanos (Chubut); Inés Lotto (Formosa); María Lucila Masin, Sandra Marcela Mendoza y Analía Quiroga Rach (Chaco); Verónica Mercado (Catamarca); Nilda Mabel Carrizo, Mirta Alicia Soraire y Miriam Gallardo (Tucumán); María Emilia Soria (Río Negro); Norma Abdala de Matarazzo (Santiago del Estero); Ana Carolina Galliard (Entre Ríos), Silvia Horne (Río Negro), Araceli Ferreira (Corrientes).
La declaración lleva las firmas de las diputadas nacionales mandato cumplido María del Carmen Bianchi, Julia Perié, Claudia Bernazza, Adela Segarra, Carmen Nebreda (Córdoba), Celia Arena (Santa Fe), Marta Ortega (Córdoba) y Nancy Parrili (Neuquen).
Se sumaron la senadora provincial Nancy Sand (Corrientes) y Patricia Sánchez de Poltim (Catamarca).
Luego firmaron las diputadas provinciales Claudia Godoy (La Pampa); Angélica García (Formosa); Graciela Mazzarino (San Luis); Estela Neder y Norma Mercado (Santiago del Estero) y Silvia Rojkes (Tucumán). Patricia Galván (Mendoza), Emilce Pross (Entre Rios), Patricia Chialvo (Santa Fe); así como las ex diputadas Cecilia Guerrero (Catamarca); Patricia Armella y Alejandra Cejas (Jujuy), Cristina Magnano y Silvia Simoncini (Santa Fe)  y Estela Villagra.
Otras firmas son de las secretarias de la Mujer Mara Brawer (Caba), Patricia Aragón (Caba), Norma López (Santa Fe); Ana Castro (Catamarca); Angélica García y Natasha Krupnik (Formosa); Inés Paéz (Santa Cruz), Marita Velázquez (Lomas de Zamora),  y las integrantes de la secretaria de la mujer de Tucumán.
También adhirió la intendenta Marisa Fassi (Cañuelas) y la legisladora María Rosa Muiños (Caba).
Otras adherentes son la concejal municipal Miriam Sosa (Corrientes), Miriam Mora (Rio Grande), Verónica González (Rio Grande), María Rosa Martínez (Almirante Brown), Florencia Mosqueda (Tigre) y Agustina Aballeyra  (Avellaneda).
Finalmente, firmaron las dirigentes Débora Giorgi, Estela Díaz (CTA), “Pimpi” Colombo, Julia Ricci, Marisa Oliva, Patricia Ayala, Alessandra Minnicelli de De Vido, María del Carmen Alarcón, Elena Ferreyra y compañeras militantes de Tucumán, Corrientes, Santa Cruz, La Pampa, Santa Fe, Caba, Jujuy, Entre Ríos, Mendoza, Formosa, Misiones y Santiago del Estero.

Marijuán investiga a Cano por coima en Corea del Sur

El tucumano José Cano, sospechado de coimas por el fiscal Federal Marijuan, en foto de archivo entre el radical Ernesto Sanz y el presidente Mauricio Macri.
El titular del Plan Belgrano, José Cano, y tres hombres que serían de su confianza fueron denunciados por el fiscal Federal de la Capital Federal, Guillermo Marijuán, quien pidió investigarlos por un viaje a Corea del Sur para concretar un negocio en nombre del Estado, en el que se sospecha que hubo un pedido de coimas.
Marijuán inició una investigación luego de recibir un anónimo en el que se detallaba el viaje sospechoso. El anónimo hablaba de un viaje que realizó Alberto Darnay, hombre de confianza de Cano que ocupa en el Pami el cargo de Coordinador de Enlace con la Unidad Plan Belgrano. Allí se relataba que también había viajado el secretario general del gremio de trabajadores del Pami, Osvaldo Barreñada, y el empresario Octavio Accardi.
Luego de haber comprobado información que contenía el anónimo, Marijuán formalizó la denuncia que por sorteo quedó a cargo del juez Sergio Torres con la intervención de la fiscal Alejandra Mángano. La denuncia es por los delitos de defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública.
Según fuentes judiciales fueron denunciados Cano, Darnay, Barreñada, Accardi y dos ciudadanos coreanos que viven en la Argentina: Dae Kyu Yang y Young Sik Oh.
Marijuán corroboró que entre el 11 y el 26 de octubre de 2016, todos los denunciados, menos Cano, viajaron con destino a Europa y se presume que de allí fueron a Corea. A los cinco denunciados se agregó como parte de la delegación Carlos Rojas. El grupo -excluyendo a Cano- integra la sociedad Kumho Latam, que aparece nombrada como parte del negocio.

Expertos critican a la política económica del macrismo

Por Alvaro Torriglia, en La Capital de Rosario.
Una encuesta marca la “mala” percepción de la economía entre los argentinos.
La política económica del gobierno nacional no expresa en esta etapa un programa macroeconómico coordinado sino una alianza coyuntural de sectores económicos que coinciden en su plan de negocios. Esta entente se apoya en la brutal transferencia de ingresos desde el segmento económico de menores recursos, el endeudamiento público y la libertad para fugar capitales. Es difícil pensar que con este esquema se observe una recuperación sostenida de la actividad económica y el empleo. Tampoco que se controle un déficit fiscal agigantado por la resignación de ingresos fiscales y la dinámica de la deuda. El cuadro abre las puertas para avanzar, el día después de las elecciones legislativas, en una nueva devaluación y otra ronda de tarifazos, un mayor ajuste fiscal y una ofensiva sostenida por las reformas fiscal y previsional.

Los conferencistas

Esta cruda descripción fue expuesta por los economistas Sergio Arelovich y Julia Strada durante una conferencia sobre la “sintonía fina” de la política económica de Mauricio Macri, organizada por el Centro de Economía Política Argentina (Cepa), el Manifiesto Argentino y la Universidad del Hacer, en la sede de Ovidio Lagos 790, de la ciudad de Rosario, Santa Fe.
Para Strada, la necesidad de negocios de una alianza coyuntural conformada por el agronegocio, el sector financiero y las empresas energéticas, direcciona la política de ajuste del gobierno nacional. No hay, dijo, una coordinación macro “en este esquema de negocios sectoriales”.

La “bicicleta” financiera

Esta dinámica se nota en el terreno fiscal. El Cepa, centro de estudios al que pertenece Strada, estimó que la transferencia de 70 mil millones de pesos por vía de la reducción impositiva a estos sectores, la liberación del mercado cambiario que permitió una dolarización de carteras de 12.715 millones de dólares el año pasado, el aumento de la deuda, la bicicleta financiera alimentada con la sobredosis de Lebac y el aumento de la tasa de interés forman parte de esta lógica. La caída en los ingresos provocada por este activismo sectorial provocó, contrariamente a lo prescripto por el paradigma ortodoxo, un déficit fiscal, que “es mayor al 6% del PBI”.
La comparación con los programas neoliberales que llevaron adelante la dictadura y el gobierno de Carlos Menem es inevitable. Arelovich recordó que en aquellas dos etapas pasó un tiempo hasta que el conjunto de medidas económicas destinadas satisfacer la necesidad de distintos sectores de "hacer colchones de ganancias" se estructuraran en un verdadero plan. En el caso de Menem, eso ocurrió, dijo, dos años después de asumir, cuando se sancionó la ley de convertibilidad. En el caso de la dictadura, cuando en 1977 se dictó la reforma de la ley de reforma del sistema financiero. 
“El gobierno de Macri está transitando un momento parecido, hoy todavía está en la etapa de saqueo, el plan económico quizás lo veremos después”, dijo. ¿Después de las elecciones legislativas? Probablemente. Según Strada, las señales del presupuesto 2017, los anuncios ya efectuados por funcionarios nacionales y las batallas que eligió dar el gobierno al inicio de este año, prefiguran tres ejes de acción para el día después: una nueva devaluación ("el presupuesto marca un dólar a 18 pesos y el equivalente a la devaluación de 2016 sería de 21 pesos", dijo), una nueva vuelta de aumento de tarifas, y una reforma laboral y previsional. El Brasil de Michel Temer es, en este sentido, un futuro posible.

Despidos y caída del salario

Strada explicó que en 2016 la macroeconomía de Macri provocó un shock de transferencias de ingresos a los sectores más ricos, dentro del cual los despidos masivos y la caída del poder adquisitivo del salario fueron causa y consecuencia.
Según el Cepa, se perdieron 253.967 puestos de trabajo en forma bruta desde la asunción del nuevo gobierno. El Ministerio de Trabajo maquilla estos números con una creación de empleo apoyada en los monotributistas. Pero los mismos datos del Sipa evidencian “caída vertical y constante de empleo privado asalariado en la industria”, señaló.
El año 2017 dejó paso a una política de "sintonía fina" en materia laboral, que consiste en aprovechar el escenario de devastación para formalizar cambios a la baja en el salario y las condiciones laborales. El ejemplo es el de Vaca Muerta.
Con los datos de la seguridad social (Sipa), Strada expuso a los ganadores y perdedores de este esquema: las empresas con más de mil trabajadores, las grandes, son responsables del 90% de los despidos, mientras que las firmas que cierran son las más chicas.

Estructuras

Sergio Arelovich y Julia Strada pusieron bajo la lupa la estrategia económica del gobierno. Un futuro incierto.
Los números expresan una vuelta de tuerca a la concentración económica que, como subrayó Arelovich, es en los hechos un rasgo estructural de la economía argentina que no fue atacado por los gobiernos democráticos que se sucedieron desde 1983.
En base a las empresas inscriptas en la Afip, el economista explicó que el 68,7% de las ventas provienen del 1% de las empresas. Ese grupo es responsable del 65% de las ventas al mercado interno y del 99% de las ventas al mercado externo. Pero otro dato estructural es que el 40% de las ganancias de las sociedades comerciales registradas en el organismo “no provienen de la actividad principal sino de la valorización financiera. Un esquema de negocios que condiciona a la economía local desde hace treinta años cuando la dictadura militar instrumentó a través de un bando militar la actual ley de entidades financieras”.

“Alianza para el saqueo”

Para el economista, la política de Macri conecta con aquellos modelo de los 70 y los 90. Pero advierte que mientras en aquellos casos el contexto económico acompañaba esos programas, por el auge de la revolución neoconservadora y la globalización del modelo neoliberal, el plan de Macri apunta a “regresar a un mundo” que ya no existe en los términos en los que lo imaginó. Altera esto en parte, dijo, la posibilidad de estructurar en un programa macroeconómico, la “
"alianza para el saqueo” que se instrumentó en los primeros 15 meses.
“Si en 2016 hubo una caída de la producción física, ¿por qué hubo ganadores?”, se preguntó. Y respondió: “Porque hubo una transferencia de ingresos a algunos sectores a raíz de políticas activas del Estado para favorecerlos”. Estos fueron “el agro, la energía y el sector financiero, que es el que gana siempre”.
El economista elevó la cifra de la fuga de dólares a 26 mil millones de dólares entre diciembre de 2015 y marzo de 2017, de acuerdo a los datos del balance cambiario del BCRA. Y recordó que el gobierno tomó 50 mil millones de dólares de deuda neta en 15 meses, en buena medida para financiar esa fuga.
El desembarco masivo de inversores extranjeros en el negocio de la bicicleta financiera montado con la secuencia de dólar planchado, la libre movilidad de divisas y altas tasas de Lebac en pesos, es otra cara de esta bomba sobre el equilibrio del sector externo. “En 2015 el stock de letras del Banco Central era de 452 mil millones de pesos, en 2016 fue de 906 mil millones y en 2017 suman 1,12 billón”, describió.
Tradicionalmente, recordó, los compradores de esos títulos eran los bancos, las ART y los fondos comunes de inversión. “Ahora se incorporó un cuarto jugador: los acreedores no residentes en la Argentina, que ya tienen el 45% de estas tenencias”.
“Estos acreedores trajeron los dólares, los convirtieron en pesos y los pusieron en Lebac, cuando los valoricen los volverán a dolarizar y los sacarán”, opinó, y advirtió: “Si esto se vuelve masivo, la historia podría terminar en un nuevo cepo”.