viernes, 20 de enero de 2012

Peor que “los Juárez”; prohibió a artistas defensores del Mocase

Rally Barrionuevo, el friense siempre identificado con el Mocase, prohibido por Zamora.
Varios artistas populares a los que Gerardo Zamora supo utilizar en los tiempos de intendente, cuando aburrió con la organización de festivales y se “vendía” como simpático, ahora recibieron el “castigo” del mandamás. Antes los prefería y les daba buena paga con fondos públicos, porque -según decía-, “mucho me ayudaron a ser gobernador”.
Rally Barrionuevo, Juan Saavedra y Claudio Acosta, han sido “prohibidos” ahora por este gobernador que se cree (junto con sus dos o tres socios) dueño de la provincia.
Desprolijo como en todo el manejo de su administración, Zamora hizo un memorándum y ordenó a todos los organismos oficiales, así como a los clubes y sociedades amigas a las que les paga sus festivales con dineros de los santiagueños, “que no contraten a Barrionuevo, Saavedra y Acosta”.
¡Qué mente estrecha tiene este mendocino!
¡Qué fuerte convicciones tienen los tres cantantes santiagueños que van a seguir comprometidos con los sueños y las luchas de los hombres y mujeres del Movimiento Campesino Santiagueño (Mocase)!
Zamora que no los contrate con la plata de la provincia. No importa.
Lo bueno es que Rally, Juan y Claudio van a seguir firmes defendiendo a los sufridos excluidos campesinos.

jueves, 19 de enero de 2012

¿Máximo sucesor? ¿De qué?

Por Rubén Lasagno.

Desde Santa Cruz se dice que Máximo no puede ser sucesor de nadie.
 Desde los grandes medios, llámese Clarín, La Nación o Perfil, se abunda en artículos en los cuales, pretenden darle al hijo de la presidenta, una entidad que no posee y que lejos estuvo siempre de obtener por medios propios. Desde el 2007, allí cuando algún periodista amigo hablaba de él como probable candidato a la municipalidad de Río Gallegos, la información llegaba a nuestros oídos con mucho ruido de fondo y una distorsión absoluta. ¿Máximo, candidato a qué…?, nos preguntábamos muchos dado que el hijo presidencial carece de todo perfil político y menos aún se advierte algún atisbo de conducción o liderazgo.
Indudablemente que hay necesidad, en el entorno del gobierno, por mantener vivo el apellido Kirchner, como sea; pero lamentablemente, para quienes cimientan esa estrategia y sueñan con un sucesor de Néstor, van encaminados directamente a la desilusión.
Cualquiera que conoce la rutina y la personalidad de Máximo coincide es que es lo más “políticamente incorrecto” que hay. El hecho de ser sostén de la madre, por una cuestión natural, ante el fallecimiento de su padre, no lo hace acreedor de los ardides que usaba Él para conducir la tropa K, para negociar con la oposición, denigrarla o para pactar con empresarios y sindicalistas. Mucho menos, para equipararlo en la dialéctica mordaz, los discursos agresivos y pretendidamente irónicos que disparaba contra quienes no pensaran en su misma sintonía.
De andar cansino, pausado, sin hacer de los madrugones su mejor medalla, de voz irreconocible (jamás habló en público), casi huidizo y tímido, Máximo ha sido un joven amante de la rutina y de la cumbia, que cercano al mediodía se lo puede encontrar detenido en su CRV en cualquier semáforo de Río Gallegos, rumbo a la oficina de Sancho-San Felicce donde atiende los asuntos financieros de la familia, nada más. Todo lo que se agregue sobre su extraordinario “potencial político”, son elucubraciones sin asidero en la realidad.
La Cámpora, invento partidario donde lo necesitaban para poner su apellido, no fue (ni es) el leit motiv de su vida ni mucho menos. Por otro lado, quienes se encargan de encontrarle virtudes que no posee, olvidan tal vez, que el kirchnerismo ya no puede poner a cualquiera y asegurarse el voto en las urnas. Eso pertenece al pasado; y con la pretendida inclusión con fórceps, del hijo presidencial, en la ruleta política, no se aseguran ningún triunfo, al contrario, se arriesgan a una irrecuperable derrota.

Indec, vergüenza nacional

Editorial de La Nación, de Buenos Aires.
Los nulos avances del gobierno en la recuperación del organismo oficial siguen degradando la confianza en el país.
La escandalosa manipulación de las cifras que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) amenaza con perpetuarse. Desde hace cinco años, la ciudadanía es testigo de cómo se avanza en la destrucción de un organismo fundamental que alguna vez alcanzó un gran prestigio internacional que ahora será difícil de recuperar.
Para todo 2011, el índice de precios al consumidor (IPC) que informó el organismo oficial fue de apenas el 9,5 por ciento. Se trata de un porcentaje ridículamente bajo, tanto si se lo compara con las mediciones de organismos oficiales de la mayoría de las provincias como si se lo coteja con el índice que elabora el Congreso de la Nación sobre la base de estudios de consultoras privadas, que alcanzó el 22,8 por ciento.
La falta de credibilidad en los índices del Indec es tan generalizada en toda la sociedad, que hasta la presidenta Cristina Fernández de Kirchner llegó a decir públicamente que los créditos del Bicentenario destinados a la producción, otorgados a una tasa anual fija del 9,9 por ciento, son concedidos a una tasa negativa. Esto indica que ni para la propia primera mandataria argentina es creíble la inflación anual del 9,5 por ciento que midió el Indec.
La homologación de convenios laborales por parte del Ministerio de Trabajo, que toma como referencia a consultoras privadas y descarta por completo los informes del Indec, indica que ni siquiera el propio gobierno nacional cree en los datos dibujados del instituto oficial. Del mismo modo, la CGT y los sindicatos de trabajadores jamás han reparado en los informes de este organismo para sus demandas salariales.
La alteración alevosa del IPC modifica significativamente el valor de la canasta básica de alimentos y, por ende, disfraza un dato esencial para toda la sociedad: la cantidad de habitantes que se encuentran por debajo de la línea de pobreza y de indigencia. Resulta a todas luces irritante que, para el organismo oficial de estadísticas, el nivel de pobreza en nuestro país apenas llegue al 8,3 por ciento o que una familia tipo necesite tan sólo 609 pesos mensuales para no ser considerada indigente.

Daño institucional

Tan increíbles son las estadísticas oficiales que, recientemente, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas llamó al gobierno argentino a adoptar las medidas necesarias para hacer confiables los datos del Indec y que sus metodologías resulten accesibles para investigadores, académicos y usuarios en general.
El daño sobre la institucionalidad y la confianza es tan grande que se torna imprescindible avanzar sin demoras en la rectificación del fraude y la recuperación del organismo.
Será necesario, primero, un reconocimiento sin vueltas del problema de la inflación, dejando de lado denominaciones equívocas que sólo irritan a la sociedad como "tensión de precios", "reacomodamientos temporarios" o "subas estacionales".
Se deberán asumir las culpas propias y no vociferar siempre las responsabilidades ajenas de los empresarios o del propio crecimiento económico, ante los palpables ejemplos de los países vecinos que crecen con estabilidad. Es menester ejercer "un capitalismo en serio" en el país, sostenido en la reunión del G-20 en Cannes, impidiendo que un secretario de Estado como Guillermo Moreno digite el valor de los productos que se ofrecen a la venta, niegue o autorice exportaciones e importaciones según su parecer u otorgue aumentos de precios con total discrecionalidad. También se deberá cesar con la ilegalidad y el absurdo de aplicar multas a las consultoras privadas que miden la inflación utilizando metodologías enteramente aceptables o con estándares internacionales reconocidos, y hasta con el "circo" de pretender citar judicialmente a los periodistas que se ocuparon de la problemática del aumento de precios.
Es que la destrucción del Indec excede incluso la gravedad referida y coloca bajo sospecha la totalidad de los anuncios oficiales. La pérdida del valor de la palabra es una inmediata consecuencia de este despropósito.
Hace un año, cinco universidades nacionales prepararon y entregaron al ministro de Economía un informe muy crítico sobre el desenvolvimiento del Indec desde 2007, en el que se cuestionaba el proceso de recolección de datos, su procesamiento y uso, y también los desplazamientos y nombramientos arbitrarios del personal. Las propuestas realizadas nunca fueron atendidas ni mucho menos llevadas a la práctica por el gobierno.
Es de esperar que con el segundo mandato de la Presidenta se avance finalmente en la eliminación del falseamiento estadístico y la recuperación del Indec. Daríamos así un indispensable paso en procura de mejorar la institucionalidad del país, tantas veces declamada y siempre pisoteada.

¿Por qué ‘La Cámpora’ no le dice nada al “Gerardo mirthista-dependiente”

Mirtha, agasajada en Santiago, por el gobernador kirchnerista Gerardo Zamora.
Toda “La Cámpora” salió a tratar de defenestrar a Daniel Scioli porque “se sienta en la mesa de los almuerzos de Mirtha Legrand”. Algo que al parecer tienen prohibido los que forman parte del “movimiento nacional y popular kirchnerista”.
Los “camporistas” no deben saber lo que ocurre en Santiago del Estero en cualquier fiesta pomposa que organiza el gobernador ex radical y hoy kirchnerista, Gerardo Zamora, a quien sólo es fiesta en serio si llega como invitada de honor la célebre Mirtha.
Es invitada y bien pagada, con miles de pesos del erario público.
Se pasea por el centro de la Capital, por Las Termas de Río Hondo, cena en el Casino termense y recibe regalos y galardones del gobierno provincial.
Desde que asumió la Gobernación, Zamora ha demostrado que le gusta aparecer como el “Gerardo mirthista-dependiente”.
Y, como la conductora de los almuerzos es muy bien remunerada cada vez que llega por estos lares, invita reiteradamente a Zamora a sus programas como un modo elegante de retribuir los “favores recibidos”.

miércoles, 18 de enero de 2012

La droga llega y pasa por Santiago, sin control

La cocaína que salió de Santiago y fue detectada por la policía de Córdoba.
Algunos operativos exitosos los realiza Gendarmería Nacional, es verdad, pero la gran mayoría de los narcos se escabullen o negocian con la policía de la provincia de Santiago del Estero, donde el departamento de Drogas Peligrosas es una repartición inservible que, al revés de sus obligaciones, tolera la distribución y venta de estupefacientes en nuestra provincia.
Segundo hecho, en pocos meses, donde la policía de Córdoba detectó y detuvo a narcos que reciben la droga en Santiago y la transportan por las camineras nuestras sin ningún inconveniente.
En efecto, en la madrugada del martes, dos sujetos salieron del territorio santiagueño con dos kilogramos de cocaína y a la altura de Jesús María, provincia de Córdoba, fueron descubiertos por un control policial.
Fueron demorados por la policía durante un control de tránsito en la Ruta 9, en Córdoba, porque uno de ellos no llevaba puesto el cinturón de seguridad. El nerviosismo de ambos los delató. La policía comenzó a sospechar que “escondían” algo y por esa misma razón revisaron el rodado.
Precisamente y tras una exhaustiva requisa hallaron dos kilos de cocaína.
Además, se les encontraron una pistola 9 milímetros y 28 cartuchos. Viajaban en un automóvil Logan.
Para colmo, en Córdoba se determinó que uno de ellos tenía pedido de captura nacional por narcotráfico.

Grave: bandas armadas amenazan a campesinos de Santiago

Por la Voz del Interior, de Córdoba.
El diario cordobés se hizo eco de la preocupación del Mocase.
El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MoCaSE) advirtió este miércoles la presencia de "bandas armadas" en diferentes departamentos provinciales y que "acosan con amenazas de muerte" a los pobladores rurales que defienden sus tierras.
Al respecto, señaló que el "ataque constante" a las comunidades campesinas indígenas "es vergonzoso, así como también la falta de decisión de los jueces para resolver estas situaciones que -opinó- ya no dan para más".
La organización afirmó que si "ocurre otra muerte" como de Cristian Ferreyra, el campesino que fue asesinado a balazos el 16 de noviembre por al menos dos hombres en la localidad de Monte Quemado, responsabilizará "al Poder Judicial y al resto de los poderes por no tomar decisiones en serio".
El MoCaSE destacó la presencia de "bandas armadas" en la localidad de Ahí Veremos, perteneciente al departamento de Pellegrini; en El Hoyo, departamento de Moreno-Figueroa; y en la comunidad indígena de Tres Leones, también situada en Moreno. "En Ahí Veremos están desde noviembre, donde acosan con amenazas de muerte y a mano armada constantemente a sus pobladores", resaltó un informe.
Al respecto, la organización campesina señaló que un campesino fue desalojado de su territorio, pese a tener un "título de dominio" por una orden judicial, y que luego el predio habría sido vendido a un familiar de una jueza.
Días atrás, comentó el MoCaSE, los integrantes de las bandas armadas y los campesinos "estuvieron a punto de enfrentarse", y los agresores, luego, "recibieron con palos y machetes" a integrantes de un Comité de Emergencia que es coordinado por Jefatura de Gabinete de la provincia.

Terror

En El Hoyo, en tanto, "volvió el terror" cuando días atrás un grupo de personas que sería contratado por un "empresario cordobés" apuntó con armas a niños en la zona.
Por su parte, la comunidad indígena Tres Leones, nucleada en la agrupación MoCaSE Vía Campesina, también padece los intentos de desalojo encabezados por "supuestos dueños" de las tierras en conflicto.
"Esta comunidad ha sufrido constantemente el atropello descomunal de la policía local, a veces con órdenes truchas de desalojos, en algún momento hasta de Gendarmería Nacional", dijo el informe.

martes, 17 de enero de 2012

Peones santiagueños explotados y mal pagados en Salto

Personal de la Afip descubrió la esclavitud a la que eran sometidos peones golondrinas llevados de Santiago por la Rural Power SA, de Salto, Buenos Aires.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) denunció ante la Justicia a la firma Rural Power SA por trata de personas al descubrir que el 100% de sus empleados estaban contratados de manera irregular y que la empresa les tenía prohibido la salida del predio sin previa autorización de los responsables.
El operativo se desarrolló en un campamento en el partido de Salto, provincia de Buenos Aires, perteneciente a la firma Rural Power SA, empresa que es contratada por la multinacional Montsanto. Allí el 100% del plantel de quienes realizan tareas de desflore de maíz no se hallaba debidamente registrado. Además, trabajaban hasta 14 horas corridas, sus salarios eran retenidos y estaban obligados a abonar los alimentos que consumían a su propio empleador a un precio muy superior al de plaza.
Según relataron los trabajadores, en su mayoría nacidos en Santiago del Estero, llegaron a la empresa con la promesa de un trabajo digno que jamás se cumplieron. De hecho, desde el momento de la contratación -documentada el 10 de diciembre último- sólo recibieron $200 en concepto de “adelanto”.
Los agentes de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, pudieron constatar que si bien la firma había tramitado las Claves de Alta Temprana, al día siguiente las dio de baja. Además, se verificó que el día 6 del corriente la empresa presentó la Declaración Jurada de Seguridad Social, sin incluir en las remuneraciones las abultadas horas extras realizadas.
Ante estas irregularidades, la Afip presentó la denuncia ante la Fiscalía Federal de Mercedes por trata de personas.

Los sicarios andan a machetazos contra los campesinos

Por el Mocase.
Greenpeace, en una de las tantas marchas en Buenos Aires a favor de las comunidades campesinas de Santiago del Estero.
Lejos y abandonadas, las comunidades de Algarrobal Viejo, Ahi Veremos y otras del departamento Pellegrini, están atravesando una situación muy difícil.
Un viejo conflicto recobró vigencia. En la actualidad existe una banda armada comandada por un ex policía, Lictor Padilla, del Mojó, con la complicidad de la policía de la zona y del comisionado municipal de Ahí veremos.
Hubo intervención del Comité de Emergencia ampliado del gobierno provincial, conformado por Escribanía de Gobierno, subsecretaria de Derechos Humanos, Dirección de Bosques, policía y Mocase.
Aún así, la justicia santiagueña no dictaminó ninguna medida cautelar para prevenir hechos de violencia, y desarticular esta banda mafiosa que actúa permanentemente amenazando de muerte a los pobladores.
Esta misma banda no permitió el acceso a la propia comisión el 20 de diciembre, recibiéndolos con palos y machetes.
Ponemos en alerta a toda la sociedad de Santiago del Estero y de la Argentina, para que sepan lo que pasa en nuestros territorios campesinos -indígenas.
Sigue la impunidad, la violencia y la injusticia. Hay denuncias desde el 2006 y hasta ahora no pasa nada.
Si a la comunidad le ocurre una desgracia, responsabilizamos al Superior Tribunal de Justicia.
Antes de la feria judicial, el que intervenía en la causa era el juez de tercera nominación en lo Penal, Darío Alarcón. Sólo se hizo el distraído y logro que llegue el receso. Ahora, como juez de Feria se encuentra Moreno, que creemos que no se atreverá a firmar ninguna medida judicial.