sábado, 13 de octubre de 2012

Los canallas que empequeñecen al Mocase-Vía Campesina

Denuncia contra curas y abogados que “orientan” al Mocase-Vía Campesina, porque utilizan la muerte de Miguel Galván con la finalidad de lucrar a través de obtención  de fondos.
Con una irresponsabilidad sin límites, sacerdotes y abogados que orientan al denominado Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina) se aprovecharon de la buena fe de la prensa (local y nacional) al utilizarla para que transmitiera la mentira de que el luctuoso hecho que costó la vida a una persona en una reyerta por otra disputa de tierras ocurrió en nuestro territorio, a sabiendas que fue en jurisdicción de la provincia de Salta.
A tres días del triste suceso en el perdió la vida Miguel Galván, los canallas que capitanean al Mocase-Vía Campesina mantienen la idea de utilizar políticamente este asesinato repitiendo que “hubo otro crimen en Santiago del Estero, como el de Cristian Ferreyra”, a sabiendas que sucedió el miércoles 10 de octubre en el paraje Simbol, departamento Anta, de Salta, con participación e investigación de la policía y de la justicia de la vecina provincia.
¿Por qué las marchas de protestas organizadas en Santiago y en otras ciudades del país piden explicaciones al gobierno provincial?”, se interrogó ayer la denominada “Agrupación de Juventud Ramón Carrillo”, cuyos integrantes se definieron como “defensores de la realidad y poner en claro la verdad de esta situación, ya que observamos un intento de utilizar políticamente la muerte del compañero Galván por parte de un sector que solamente busca especular con su posición política y réditos económicos”.
Salta a la vista que “La Ramón Carrillo” es una nueva estructura campesina que se presenta a escena para defender al gobierno de Gerardo Zamora frente a los embates del Mocase-Vía Campesina, con acusaciones a “figuras” capitalinas que habían conformado una alianza con el zamorismo, a las que directamente se endilga de que “buscan especular con su posición política y réditos económicos”.
¿Cómo se las arreglará Zamora para seguir tolerando el posicionamiento de varios de sus colaboradores con los curas y los abogados que “orientan” al Mocase-Vía Campesina, quienes han iniciado una verdadera campaña de desprestigio al gobierno santiagueño en conexión con algunos medios de prensa nacional allegados al kirchnerismo?
Se cree que ha llegado la hora de definiciones de altos funcionarios que siguen manteniendo contactos fluidos con el matrimonio de abogados Llinás y otro letrado, de apellido Ferreyra.

El infortunado suceso

La víctima, Miguel Galván, residía en Mendoza, y su esposa Julia Angélica Oropeza informó que la residencia de ambos es en la Manzana E, Casa 9, del barrio San Isidro Labrador, de la provincia cuyana. La mujer relató a la policía de Salta que que su marido llegó a estos lugares a fines de junio a acompañar a sus hermanos, tras la muerte de su madre.
Julia Angélica Oropeza recién vino a juntarse con él hace quince días, y explicó que se preparaban para emprender el retorno a Mendoza.
Además, la mentira del Mocase-Vía Campesino queda expuesta claramente cuando el acusado de matar a Miguel Galván no es ni un sicario ni un sojero foráneo, sino su propio sobrino Paulito Rizzo Patrón, de 19 años de edad.

¿Quién busca réditos?

La flamante agrupación “La Ramón Carrillo” advirtió que los “orientadores” del Mocase-Vía Campesina, “con su actitud oportunista pretenden adjudicarse mártires que solamente pertenecen al conjunto del movimiento campesino, para utilizar esta muerte con la sola finalidad de lucrar a través de obtención de fondos que reciben de estamentos nacionales, provinciales y de organizaciones no gubernamentales de España, Alemania, Brasil e Italia”.
Por último, “La Ramón Carrillo”, expresó: “Tenemos la obligación moral y social de remarcar que la verdadera lucha campesina para por unirse y organizarse para defender los derechos posesorios a las tierras que trabajamos, mientras ellos (por el Mocase-Vía Campesina), se contentan con un operativo mediático y publicitario sin contenido ni propuesta, lo que queda en claro que son otros los objetivos que persiguen, con la utilización y especulación política de este lamentable hecho de violencia”.

Por los escándalos, la presidenta del Consejo de Educación buscará ser diputada

Preocupada por las irregulares suscitadas en el Consejo General de Educación, Marcela de Barchini pidió a sus “padrinos y madrinas” que pidan a Zamora una banca de diputada (por los fueros).
Ya están en marcha las “operaciones” de gente influyente (el miembros del Obispado de Santiago del Estero, por ejemplo), para que la presidenta del Consejo General de Educación, Marcela de Barchini, sea postulada como candidata a diputada nacional o provincial en las próximas legislativas, como “una salvación” que la dote de fueros parlamentarios y evite ser investigada por las irregularidades cometidas durante su gestión en el organismo educativo.
Esta señora es miembro de Opus Dei y, consecuentemente, figura entre las “fieles preferidas” del obispo Francisco Polti, así como de algunas “señoras gordas” habitúes a las mismas.
Marcela de Barchini está “muy esperanzada” de que sus “influyentes padrinos y madrinas” van a pedirle a las autoridades del Frente Cívico, directamente al gobernador Gerardo Zamora, para que antes de relevarla como presidenta del Consejo General de Educación, podría “prometerle” una candidatura a legisladora nacional o provincial.
El problema de los operadores, sin embargo, es que no van a poder defender mucho a la “ahijada” porque, además de las “grandes irregularidades” cometidas durante su gestión, ha sido ella la causante (junto a las directoras de niveles y al supervisor General Jorge Fiat), la principal responsable por la “terrible derrota” electoral del zamorismo en los recientes comicios docentes.

miércoles, 10 de octubre de 2012

La desgraciada muerte por culpa del caos policial


Día trágico para la policía provincial a raíz de la muerte de un jefe a manos de su subjefe, en la división Criminalística, los que venían enfrentados desde hace tiempo.
El comisario Marcelo Cascio, subjefe de Criminalística, estaba convencido de que el jefe de la división, comisario inspector Eduardo Bravo, más otros superiores le “tendieron una cama” para que se vaya de la repartición.
Sus sospechas crecieron cuando se dispuso que se someta a una revisación psico-física ante una junta médica, y comenzó a discutir y a amenazar a diario a su jefe, en Criminalística, cada vez más seguro de que “vos con 'los de arriba' me quieren apartar de la policía”.
Este martes, luego de un fin de semana largo, Cascio llegó a Criminalística. Más tarde arribó el jefe de la división, Bravo, quien lo llamó a su oficina y lo invitó a notificarse de que pasaba a disponibilidad por estar afectado psíquicamente, conforme a las conclusiones de la junta médica.
Fue cuando lleno de odio confirmó todas sus sospechas de que estaba siendo “acosado” por sus superiores, y comenzó a discutir y terminó disparándole a su jefe Bravo, al que provocó la muerte. Luego, intercambió disparos con otros compañeros hasta que fue reducido y detenido, herido en el abdomen.
¿Quién o quiénes fueron los irresponsables que comisionaron a Bravo para que notificara de esta disposición a Cascio, en Criminalística?
¿No debió ser llamado a la dirección de Personal para que, como corresponde, tome conocimiento de la resolución?
La desgraciada muerte de Bravo seguramente hubiera podido evitarse si la cúpula policial habría llegado a advertir y tomar medidas a tiempo para terminar con las discusiones, las acusaciones y las permanentes amenazas entre un jefe y un subjefe que vivían enfrentándose, en Criminalística.
La desaparición de Bravo es irreparable, pero el juez que entiende la causa debería indagar hasta encontrar al o a los responsables de este procedimiento que lo llevó a notificar a su “enemigo interno” de su pase a disponibilidad, quien le respondió con un ataque desproporcionado que le provocó la muerte.

El juez Federal Molinari presiona y confina a las empleadas antiguas

Molinari ejerce presión a empleadas antiguas del juzgado Federal para que se jubilen, “amontonándolas” en oficinas vacías.
Varias empleadas antiguas del juzgado Federal de Santiago del Estero ingresan a diario al edificio de Belgrano y Bolivia y son destinadas a una “oficina depósito”, y el juez Guillermo Molinari las tiene “depositadas” en dependencias con escritorios vacíos y sillas.
Es el modo con el que busca presionarlas para que se jubilen y él pueda disponer de vacantes y “darles los puestos” a familiares, amigos y ex correligionarios de la Unión Cívica Radical.
Es que en la Justicia Federal no existen las jubilaciones de oficio, y por ello cuando se cumple la edad que marca la ley (60 las mujeres y 65 los varones), se puede continuar con el empleo hasta que por otras razones se decida la pasividad. Hoy en día, a nadie le conviene, económicamente, y por ello las empleadas sesentonas prefieren seguir en actividad.

Respetar la ley

La actitud que adoptan las antiguas empleadas del Juzgado Federal tiene el respaldo de la ley, y el juez Federal debería tiene que respetar esa opción legítima de seguir en funciones.
Molinari, en cambio, las somete al oprobioso encierro en una oficina vacía, sin ninguna actividad.
No es justo este procedimiento y alguien debería denunciar al juez Federal porque en su afán de obligarlas a jubilarse desaprovecha las energías y ganas de trabajar que tienen empleadas con competencia y experiencia.
“Caímos en un vergonzoso congelamiento, con el agravante de que para sumar presión, (Molinari) tiene un contratado que le presta servicios en cuestiones particulares y que cuando nos ve nos trata de ‘viejas gordas e inservibles’”, dijo una de las afectadas a Arena Política.
Esto no es nuevo. Las empleadas antiguas vienen soportando este trato indigno desde hace varios años, por ello se turnan y piden licencias largas para no concurrir a las dependencias del juzgado y soportar tamaña afrenta discriminatoria.

martes, 9 de octubre de 2012

Dolor en la policía y tarde de perros para Pato

Dos graves hechos protagonizados por policías que dejan muy parado al jefe de la repartición, Marcelo Pato.
A partir de las 11,30 de este martes 10, la comunidad santiagueña y, especialmente, la familia policial, fueron conmovidas por un cruento tiroteo en el seno de una división de la repartición, como es Criminalística.
El subjefe de la oficina, comisario Marcelo Cascio, disparó su arma reglamentaria en cinco ocasiones al jefe, comisario inspector Eduardo Bravo, hiriéndolo en el cuerpo en cuatro oportunidades y en la quinta en la cabeza.
Bravo dejó de existir a poco de arribar al hospital Regional.
Se trató de un verdadero intercambio de disparos en el seno de las oficinas y entre policías, porque resultaron heridos otros cinco efectivos, más el agresor Cascio que fue alcanzado por una bala a la altura del abdomen.
Jefe y subjefe, víctima y victimario, eran dos de los hombres de mayor confianza del jefe de la policía, Marcelo Pato, quien pese a la gravedad de la situación dentro de la institución a su cargo, no apareció ni dio la cara ante la prensa a fin de que se transmitiera a la sociedad lo que realmente ocurrió.
Pasaron las horas y la ciudadanía fue bombardeada con flashes de la televisión, de las radios FM y de los sitios web sin que la autoridad de la institución ensayara un repórter que sacara del asombro y la aflicción a los santiagueños.
Poco antes, pasadas las 10 de ayer, Pato inició la jornada con el pie izquierda, al ser informado sobre la detención de un policía cuando intentaba robar a una mujer. Sus compañeros “buenos” tuvieron que tirotearse con el policía y ladrón, en un hecho que dejó al menos dos heridos de bala.
Dos hechos gravísimos. Uno más doloroso, por la muerte de un jefe policial, mientras el titular de la repartición escondido nadie sabe en qué lugar sin alcanzar la entidad de un gran camarada ni la grandeza de un gran jefe.
Es insólito el comportamiento de Pato, porque debió ser el primero en estar dirigiendo las acciones de auxilio a los heridos y transmitiendo a la ciudadanía los hechos tal como fueron, con datos fehacientes, no sólo porque es un obligación republicana como funcionario público, sino para evitar el rumoreo y la suspicacia de “comentaristas” que dicen cualquier cosa y aumentan el desprestigio del jefe y de su policía.
Lamentablemente, Pato quedó enredado en su propia irresponsabilidad en el manejo de la institución, sin poder dar explicaciones a las autoridades del Ministerio de Gobierno, al jefe de Gabinete y al gobernador de la provincia, sobre los por qué la policía de Santiago del Estero es un caos donde terminan los propios uniformados saldando diferencias personales o cuestiones instituciones a los tiros, mientras otros (frente a la impunidad impuesta por el propio jefe) se dedican a robarle a la gente en la calle, en los ratos libres.