jueves, 4 de octubre de 2012

Se lo dijimos, se vienen las investigaciones en todas las áreas

Arena Política lo viene anticipando: Zamora arrancó con investigaciones en todas las áreas del gobierno.
Se dice que de tanto recibir reclamos y hasta denuncias de gente amiga (no de funcionarios), Gerardo Zamora ya anticipó a ministros, secretarios, directores y encargados, que va a investigar todas las áreas de gobierno. Empezó por el ministerio de Obras Públicas, específicamente por la dirección de Arquitectura, donde pronto habrá grandes novedades.
Ahora comisionó auditores en Fiscalía de Estado y en la dirección de Personas Jurídicas, donde sobran sospechas sobre el irregular manejo de las cuentas de dichas reparticiones.
Por ejemplo, varios empleados fueron licenciados sin goce de haberes algunos, mientras otros terminaron trasladados a otras áreas, como el caso de la habilitada de Fiscalía de Estado, que a partir del 1 de octubre cumple tareas en la dirección de Transporte, de Roca y Chacabuco.
Se asegura que la trasladada es propietaria de dos negocios céntricos de ropa infantil y un maxi quisco, en la zona Oeste de la Capital. El caso más destacado fue la limpieza de la ex Habilitada de Fiscalía (Sra. Abatedaga) a quien se le descubrieron de repente dos negocios céntricos de ropa infantil y un maxi quiosco en la zona oeste de la ciudad Capital.
Fue reemplazada por la contadora María Ibarra.
Otro dato interesante: varios empleados son sospechados de haber recibido dinero a cabio de mínimas gestiones en dicha área.

miércoles, 3 de octubre de 2012

Hostigada por el juez Alarcón, murió una empleada del Consejo General de Educación


En una absurda persecución entre las autoridades del Consejo General de Educación y el juez Darío Alarcón (foto), una empleada sufrió un ACV que le causó la muerte.
Después de sufrir varios días de detenciones, acusada como empleada del Consejo General de Educación por haber liquidado haberes a personas que cobraban y a quienes se culpa de tener títulos apócrifos, “Rita” logró que su abogado consiguiera que el juez Darío Alarcón le otorgara la excarcelación anticipada. Claro que Alarcón le impuso una fianza de 100 mil pesos.
Cuando “Rita” fue notificada de tamaña suma de dinero, enfermó y sufrió un accidente cerebro vascular (ACV) que terminó provocándole su muerte, este martes 2 de octubre.
Tras la triste noticia, quedó claro que Alarcón le impuso una fianza de 100 mil pesos a sabiendas que no podía reunir ni dinero ni bienes que lleguen a ese valor. La idea clara del juez fue que siguiera presa.
¡Y pensar que el mismo Alarcón le exigió una fianza de 100 mil pesos al famoso “Pibe Ñoño”, favoreciéndolo y liberándolo después de haber cometido un horrendo accidente, borracho, matando a un humilde trabajador ambulante!

Injusticia total

Luego de informar el proceso que costó la vida a “Rita”, empleada pública, es una obligación criticar al juez Alarcón porque no tuvo motivos de mandarla presa tantos días, a alguien que dispuso el pago de haberes de un docente en base a la documentación que recibio en su oficina. ¿Habrá pensado Alarcón que “Rita”, antes de “pasar” el expediente, estaba obligada a iniciar una investigación hasta comprobar si éste o aquél maestro tiene título habilitante o apócrifo?
¿Antes que “Rita” no tendrían que estar entre rejas Marcela de Barchini (presidenta del Consejo General de Educación), María Díaz (directora de Nivel primario y Jorge Fiat (supervisor General)?
¡Ah, otro tema en el que somos reiterativos! ¿Nadie de sus amigos, colegas jueces o camaristas o miembros del Superior Tribunal de Justicia, le va a terminar de avisar a Alarcón que no puede entender ninguna causa referida al Consejo General de Educación en razón de una familiar suya ocupa el cargo de vocal en el organismo?
También deberían avisarle a Darío Alarcón que ya tendría  que haber firmado la resolución sobreseyendo a “Rita”, porque no vaya a ser que trate de seguir imputándole en su tumba.

Los del Consejo

Asimismo, “Rita” es la tercera docente que las autoridades del Consejo General de Educación afectan con sus decisiones que, al final, le causo la muerte.
Hicieron jubilar arbitrariamente a la docente Olga Muñoz, a quien un ataque cardíaco le causó su deceso.
En Los Juries, un joven de apellido Becquer, se ahorcó después de ser informado que los jerarcas del Consejo General de Educación le “hicieron una cama” con cargos absurdos.
La pregunta es obvia: ¿No habrá llegado la hora de pasar una escoba nueva y limpiar con la cúpula del Consejo General de Educación?

martes, 2 de octubre de 2012

Grave denuncia contra el hijo del intendente Infante, en el juicio a Alegre

Un testigo de apellido Quiroga, quien demandó a la comuna capitalina porque lo desalojaron de su predio al que lo convirtieron en un basurero, declaró ayer en otra de las audiencias del juicio contra el ex intendente Julio Alegre y un grupo de escribanos, proveedores y ex funcionarios.
En el vídeo, grabado por Periódico Última Hora, el testigo relató sus peripecias padecidas con trámites administrativos y judiciales, sin que hasta la fecha pudiera percibir un centavo ni recuperar el predio.
Al final, respondiendo a una de las preguntas, confesó que “el que explota actualmente el basurero en su terreno es el hijo del intendente Hugo Infante”.Traducido alcastellano, en la comuna todo sigue igual como si se tratará de una "continuidad" de la gestión Alegre, a la gestión Infante.



lunes, 1 de octubre de 2012

La familia del asesinado Cristian Ferreyra denunció amenazas

Por Ramón Indart, en Perfil, com, de Buenos Aires.
Cristian Ferreyra, el joven asesinado, aparece en la foto con su esposa e hijo.
Familiares de Cristian Ferreyra, campesino de 23 años asesinado de un escopetazo mientras defendía sus tierras en 2011, denunciaron amenazas y agresiones por parte de patotas que, según dirigentes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), responden al empresario José Ciccioli, dueño de tierras en Monte Quemado, en el norte de la provincia.
De acuerdo con lo relatado, el 10 de septiembre Sergio Arnaldo Ferreyra, primo de Cristian y querellante en la causa por el asesinato fue golpeado y perseguido en el pueblo. Según denunciaron desde la agrupación los sujetos responden a Ciccioli y al empresario Francisco Javier Juárez, procesados por el crimen.
El sábado 22, por la noche, otro primo de Cristian, Maximiliano Gastón Ferreyra, habría sido golpeado por cuatro desconocidos. Por su parte, la hermana de Cristian, docente en Nueva Esperanza, denunció que las amenazaron.
Uno de los referentes de Mocase en Monte Quemado, Cariló Olaiz, habló con Perfil.com y explicó que las amenazas se deben a que “se sigue el juicio”.
“Se tienen que ampliar las testimoniales con las indagatorias y ahí comenzaron las amenazas”, indicó.
“Hugo Juárez, el principal de la banda dijo en varios lugares y a familiares de que iba a haber otras viudas en el Mocase si lo lograban meter preso”.

¡Pavura de funcionarios!: Zamora decidió a investigar a todos

Zamora metió miedo a sus funcionarios al iniciar auditorías en todas las áreas, a cargo de contadores de la Nación.
Muchos se preguntaron este fin de semana por qué el gobernador Gerardo Zamora decidió que contadores y/o auditores de la Nación lleguen a Santiago a “ayudarlo” a investigar todas las áreas de su gobierno. El dato trascendió en estos términos: “Zamora apretó las clavijas, reunió a ministros, secretarios, directores, etc., y les anunció que va a investigar todas las áreas para que, con las pruebas en la mano, adopte las medidas pertinentes y las causas judiciales pertinentes”.
También la fuente difundió que los ministros y funcionarios de todos los niveles “entraron en pánico” y salieron a “emprolijar” papeles y a controlar hasta los vales de combustibles para los vehículos oficiales”.
Se sabe que Zamora ya tiene pruebas y se espera una rápida actuación contra los actos irregulares.
En ese sentido, son escasos los funcionarios que están informados de que contadores traídos de los organismos de contralor de la Nación ya están en nuestro medio realizando las auditorías solicitadas por Zamora.
Los técnicos contables han iniciado sus “investigaciones” en el área de Obras Públicas y, más precisamente, por la dirección de Arquitectura en el rubro “construcciones de escuelas”.
Han tomado un total de 64 obras, y hasta ahora llevan controlando cinco construcciones, cuyas conclusiones y presuntas irregularidades las tiene en su poder el primer mandatario.
¡Por fin un hecho auspicioso al decidir poner blanco sobre negro, que significa nada menos que aclarar y echar luz en reparticiones muy sospechadas de una alta corruptela!

domingo, 30 de septiembre de 2012

Consejo de Educación: que no corra sangre por culpa del juez Alarcón

El cuestionado juez Alarcón tuvo una sorpresiva visita cuando empleados del Consejo General de Educación ingresaron a su despacho para agredirlo.
Hace tiempo que se está actuando indebidamente en las varias causas penales suscitadas en el ámbito del Consejo General de Educación, y todas las críticas apuntan al juez actuante, Darío Alarcón.
Ocurre que las autoridades del Consejo General de Educación baten parches con su denuncia por la aparición de títulos docentes apócrifos, mientras decenas de maestros caminan el Palacio de Tribunales con sus demandas por corrupción en el organismo educativo.
Alarcón sólo actúa en las causas contra los empleados y los docentes que, al parecer, en complicidad, liquidaban sueldos a maestros sin título, en una clara irregularidad con los fondos públicos. Incluso, informa primero a la prensa amiga sobre sus procedimientos contra los de abajo, quienes aparecen escrachados y posando como si fueran criminales.
Ahora, acerca de las denuncias por el latrocinio que se viene cometiendo con los fondos del Consejo General de Educación, el juez no mueve un dedo ni un expediente. Además, tiene que saberse que Alarcón no puede ni debe actuar en causas que atañen al organismo educacional, a raíz que tiene una pariente en una vocalía.

Grave incidente

Este cuestionamiento al juez Alarcón generó un grave hecho, a media mañana del viernes pasado. El abogado defensor de varios empleados incriminados por el tema de los títulos apócrifos y el pago indebido de haberes, Jorge Salomón (quien fue, justamente juez a cargo del mismo tribunal y durante la primera etapa de este gobierno), tuvo una ardua lucha con sus defendidos para impedir que agredan a Alarcón. (Salomón es pariente político del ministro de Justicia, Ricardo Daives).
Lo cierto es que los enardecidos empleados del Consejo General de Educación fueron a hacer justicia por mano propia a raíz de que una de sus compañeras detenidas, “Rita”, sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) cuando fue anoticiada que para recuperar su libertad debía pagar una fianza de 100 mil pesos. Ahora se encuentra en grave estado de salud.
Los empleados avasallaron al policía custodia y a oficinistas del juzgado y buscaban “darle su merecido” a Alarcón.
También las amenazas se extendieron a la presidenta del Consejo General de Educación, a quien “prometieron” darle “un duro castigo” en la sede del organismo, “porque formuló una absurda denuncia para tapar sus irregularidades”.