Por José Luis Zavalía
Una vez más el pueblo de Santiago asume el compromiso de luchar por sus legítimos derechos, en una actitud saludable porque discute y reclama, haciendo valer su dignidad. Además, para dejar sentado que sólo en las dictaduras no hay reclamos.
Miles de empleados de los distintos sectores de la administración pública recorren las calles de nuestra ciudad y concluyen sus protestas en la Casa de Gobierno. El reclamo será el de siempre: aumentos salariales para el personal de la Salud, la Justicia, la Educación, la Seguridad, etc.
Pareciera que para el gobierno provincial, estos reclamos legítimos son maniobras de los opositores, con lo que cree que el santiagueño común deja de advertir que existe el dinero suficiente como para satisfacer estas y muchísimas necesidades básicas insatisfechas y la pobreza demoledora y agobiante que azota a nuestra provincia.
Al lado de la indiferencia a los requerimientos del pueblo, el gobierno dice que Santiago es una de las pocas provincias con superávit fiscal y la que ostenta extraordinarios gastos en obra pública, tanto que “es la provincia primera en la construcción de caminos o en la red vial”.
¿Miente? Si hay superávit fiscal por qué no se responde a los reclamos de los empobrecidos trabajadores públicos, los que siguen siendo los peores pagados del país. ¿Tanto se malgasta que nos encontramos otra vez afectados en caja?
La verdad, estamos frente a una tremenda mentira. No existe el superávit fiscal. Fijémonos en este detalle. En el proyecto del presupuesto 2010, se da cuenta que el superávit fiscal asciende a $57.000.000, pero a renglón seguido se dice que ésta cifra está afectada al pago de deudas. ¿En qué estamos? ¿Hay o no hay superávit fiscal?
Además, no podemos seguir hablando de superávit fiscal o grandes inversiones frente al hambre, la miseria de nuestra gente. Lo que hay es superávit de corruptela, con licitaciones arregladas entre los empresarios amigos del gobierno, sobrefacturaciones en las obras públicas, etc. Todo se maneja aquí, a nivel provincial, al mejor estilo Julio Alegre, cobijado de Gerardo Zamora.
Y todo protegido y respaldado por una prensa complaciente, por una justicia exclusivamente al servicio del poder político, con jueces que llevan más de 6 años en comisión; causal de intervención al Poder Judicial.
Es la hora, entonces santiagueños, de reconvertir el sentido auténticamente democrático para que las oligarquías gobernantes estén obligadas a respetar la voluntad soberana y la dignidad de nuestro pueblo.
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