Julio Fernando Alegre, como un reo más, pasa las primeras horas del nuevo año en la Unidad Penitenciaria de Colonia Pinto, lugar de alojamiento escogido por el juez Ignacio Coria Vignolo minutos antes al inicio de la feria judicial.
La medida, por correcta que parezca (pues todos somos iguales ante la ley), está sospechada de parcialidad y lleva insita una clara intencionalidad política que demuestra la fuerte dependencia del Poder Judicial a la voluntad, capricho y antojo del gobernante de turno, lesionando gravemente garantías constitucionales.
Por acertada, no ha sido oportuna, porque el juez debió actuar de este modo desde el principio de la investigación, y no otorgar irritantes privilegios según sea el status social del sospechado. El magistrado demoró seis meses para cumplir la expresa norma legal.
Y esto es así porque antes de aplicar la ley éste juez cumple los mandatos del poder político.
Ahora, tardíamente, busca lavar su imagen y la del gobierno ante el estrepitoso descreimiento social de los santiagueños, tanto que las encuestas verdaderas (no las truchas) lo reflejan palmariamente. El gobernador Gerardo Zamora, más concretamente, ha perdido más de 30 puntos a raíz de que su figura fue arrasada por la onda expansiva del “caso Alegre”.
También estos sondeos demuestran que la sociedad juzga a todos por iguales, y no hace diferencia alguna entre Zamora y Alegre.
El 75% de los encuestados se expresaron de este modo. Fijémenos que un 55% de los ciudadanos se sienten defraudados con la actual gestión y les resulta indiferente cualquier candidato a intendente de la Capital por el Frente Cívico en las próximas elecciones de este año. La gran mayoría aseguró que no votaría a nadie de esta agrupación política.
Todo porque el “caso Alegre” se instruyó en la Casa de Gobierno, donde el ministro de Justicia, Ricardo Daives, sigue siendo el “instructor” y el “juez de facto”. Junto a Zamora maneja el expediente y decide sobre las acusaciones, indagatorias y detenciones o liberaciones de los ex colaboradores y socios de Alegre.
El “juez Daives” implementó la famosa técnica de “las detenciones selectivas” y por ello andan libres verdaderos delincuentes que si bien fueron socios de Alegre en tantas tropelías, son también socios de otros altos funcionarios que continúan con sus correrías en perjuicio del erario público.
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