Por Daniel Gallo, diario La Nación, de Buenos Aires.
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Después de tanta marginación, ahora el kirchnerismo se acordó de las fuerzas armadas; para luchar contra el narcotráfico. |
Fue la propia mandataria la que, en público, estableció que lanzaba a los militares a la lucha contra el narcotráfico. Sus palabras hicieron trizas las leyes. Quizá se equivocó en el calor de la arenga en Santiago del Estero, en un acto en el que a la vez se habló de radares, aviones de combate y cordón-cuneta para intendentes locales.
Más allá de las palabras de la Presidenta, el plan de usar radares terrestres del ejército en las fronteras juega en un difuso límite frente a las leyes de defensa y de seguridad interior. El gobierno se apoya en el artículo 27 de la ley policial, que establece el permiso de contar con soporte logístico por parte de las Fuerzas Armadas. Los radares entrarían en ese rubro. Aunque para que se habilite esa posibilidad debería ser solicitada por un comité de crisis de seguridad interior.
Fue el propio gobierno de Cristina Kirchner el que reglamentó el año pasado la ley de defensa. El primer artículo no deja lugar a dudas. Los militares sólo pueden ser empleados frente a la agresión de fuerzas armadas regulares de otro país. Y no fue casual esa definición. Se buscó dejar fuera de las hipótesis de conflicto -llamadas ahora preparación de capacidades- a las llamadas nuevas amenazas, entre ellas, el narcotráfico.
El concepto en ese momento fue frenar la instalación de la iniciativa de los Estados Unidos tendiente favorecer el empleo de militares latinoamericanos en luchas contra las drogas y el terrorismo. Ahora es la propia Presidenta la que anuncia públicamente que usará sistemas militares para combatir al narcotráfico. Algunas cosas parecen cambiar.
Al menos para el ejército, que recupera cada vez más terreno en la consideración del gobierno.
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