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La pena de muerte es un
retroceso en materia de derechos humanos, acotó Amnistía Argentina.
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En
medio de las discusiones por el caso Chocobar, las declaraciones de apoyo de
altos funcionarios del gobierno de Mauricio Macri y las críticas que recibió
por parte de organismos como el CELS y CORREPI, Amnistía Internacional decidió
lanzar una serie de “tweets” para recordar algunas obligaciones que contrajo el
país en torno al tema.
“La
pena de muerte en la Argentina está abolida y mediante tratados internacionales
con jerarquía constitucional está comprometida a no restablecerla”, advirtieron
a través de las redes sociales.
“Según
el último informe publicado por Amnistía Internacional (https://goo.gl/gsnc7p), hay una disminución general del uso de esta
pena por parte de los Estados en el mundo”, explicaron.
“Si
bien hay países que mantienen la pena de muerte como China, Irán, Arabia
Saudita, Irak y Estados Unidos, Amnistía Internacional registró una disminución
del 37% en 2016 respecto al número de ejecuciones llevadas a cabo en 2015”,
agregaron desde la organización.
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