Por Emilio Rached (senador nacional de la UCR).
La seguidilla de episodios mafiosos en los que aparecen involucrados, directa e inequívocamente, personajes cuya pertenencia o estrecha vinculación con el oficialismo es inocultable, ha estremecido a la sociedad.
La detención en España de tres hijos de brigadieres de la Nación que habían transportado 944 kilos de cocaína desde el aeropuerto de Morón, y que según fuentes extraoficiales de la justicia española, fueron cargados en la Argentina; el hallazgo de 701 kilos de cocaína en una camioneta del concejal del Frente para la Victoria Héctor Hugo Palma, de la localidad formoseña de Estanislao del Campo, destituido tardíamente a instancias del único concejal radical; el crimen del empresario Daniel Koxis perpetrado por Daniel Eduardo Paredes, hombre vinculado al intendente de José C. Paz, Mario Ishii; y por último el asesinato del jefe de la obra social del Personal de Maestranza, en un descampado del Gran Buenos Aires luego del ser secuestrado en el barrio porteño de Villa Devoto, son todos hechos de extrema gravedad que confirman la existencia en nuestro país de un creciente poder de grupos mafiosos que operan al amparo, complicidad o tolerancia de estructuras enquistadas en los pliegues del Estado, ya sea nacional, provinciales o municipales.
La sociedad argentina mira alarmada- porque en esto se juega su propio destino- estos hechos que constituyen una amenaza a la convivencia democrática y a la integración social, al tiempo que exige su esclarecimiento absoluto y el castigo rotundo a los responsables materiales e intelectuales, como así también todas las acciones imprescindibles para sanear y transparentar la vida pública de la argentina.
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