“Como con Ibarra, sin participación democrática”

Duros cuestionamientos de Zamora por la falta de democracia en Santiago.

El diputado provincial de la UCR, doctor José Luis Zavalía, remitió el 27 de abril pasado una nota al presidente de la Legislatura, doctor Ángel Niccolai, donde le expresó los motivos de su ausencia y la de su correligionaria, diputada Inés Trógolo de Marozzi, al acto donde el gobernador Gerardo Zamora leyó su mensaje.
Textualmente, expresó Zavalía:
“Esta sesión es de carácter de una conferencia protocolar, donde el primer mandatario difundirá a su arbitrio los supuestos logros y aspiraciones de su gobierno, teniendo que aceptar los legisladores, como simple público invitado, sus disquisiciones subjetivas y parciales a libro cerrado.
“Claro que es lo que ocurre a diario en la Legislatura, donde los diputados de la oposición resultamos privados, por disposición de una mayoría oficialista, de nuestro principal rol: el de partícipes necesarios de la gestión democrática del Estado. Repito, ocurre a diario en la Cámara de Diputados: nadie puede siquiera solicitar una mínima aclaración ni aportar una visión diferente de la realidad.

Sin sentido

“El gobernador lee sus mensajes y no deja la mínima esperanza de que podría darse algún indicio de participación democrática con el transcurso del tiempo y la maduración de nuestras instituciones. Transcurren los años y todo sigue igual. Se nos ocurre que se parece a tiempos de Juan Felipe Ibarra, cuando la conducción del Estado era asunto de cuchillos y de lanzas, y el derecho pertenecía al que podía acumular más ejército y fortuna, y por ello gritaba más fuerte. Nada se deferencia hoy donde no están garantizadas los derechos básicos que se necesitan para poder afirmar la vigencia real de las instituciones democráticas, en Santiago.

El gobernador Zamora enumeró logros y anunció obras en un largo discurso.

“No podemos contar con una justicia independiente, ya que con las mismas maniobras sinuosas respecto de la designación de jueces, nuevamente han convertido al Poder Judicial en un mero apéndice del Ejecutivo. Un apéndice, incluso, adverso a la democracia, pues se dedica a perseguir legisladores disidentes, castigando con acciones penales al mero acto de indagar sobre el destino de los fondos públicos o las acciones de los gobernantes. Acción que no es una osadía del legislador, sino la función esencial de su mandato: esto es, constituirse en un fiscal del pueblo, en un guardián de los recursos que pertenecen a todos y del cumplimiento de las leyes constitucionales del Estado. Para esto ha sido distinguido con el voto popular. Sin embargo, en Santiago del Estero, esta función básica del legislador, la de preguntar por el destino de los recursos públicos, ha sido declarado tabú por la magistratura provincial. Y perseguido en los estrados, como si se tratase de delitos.

Sin libertad

“No hay libertad genuina ni plena vigencia de los derechos humanos, pues una inmensa mayoría de la población se ve sometida al disciplinamiento arbitrario por parte del Poder Ejecutivo, que maneja sin ningún contralor todos los recursos del Estado. El que se atreva a protestar, o tan sólo observar un manejo que le parece erróneo, es trasladado, sancionado o hasta cesanteado por ese sólo acto. No se reconocen los derechos salariales adquiridos por los gremios a nivel nacional, envileciéndolos con disminuidos parches administrativos en negro. La mayor parte de la población debe agachar la cabeza y aprobar todo lo que un autoritario poder provincial ejecuta, como requisito imprescindible para conseguir alguna vez sus magros medios de subsistencia o una modesta vivienda. Mientras todo esto sea una patética realidad en la provincia de Santiago del Estero, la democracia real y los derechos humanos esenciales no están garantizados.
“Como un gran bonete ridículo concurre a coronar esta vergonzosa realidad la absoluta carencia en Santiago de una prensa independiente, que está escribiendo hoy una negra página de nuestra historia.
“Se propagandiza hasta el hartazgo el trabajo en blanco, mientras el mismo Estado provincial es el primer violador de las leyes laborales, ya que mantiene miles de empleados en negro, con contratos basura, cuestionados severamente por la Afip.
“Como el gobernador no está dispuesto a escuchar a nadie, hemos decidido no concurrir al monólogo del primer mandatario”.