sábado, 15 de diciembre de 2012

La “banda de los campos” y sus prácticas mafiosas en la justicia

Integrantes de la “banda que roba campos” amenazan a un testigo que los acusaron de haberse apoderado ilícitamente de un campo que pertenece a la firma La Salónica S.A.
La denominada “banda de los campos” sigue litigando con el propósito de apoderarse de un predio que es propiedad de la firma Salónica S.A., en la zona de Campo San Martín, aunque los métodos que introducen en sus pleitos son claramente mafiosos.
Toda la prensa santiagueña y regional difundió la noticia sobre una “banda” encabezada por abogados y ex policías, y publicó los nombres de los letrados Carlos Bernardo Weyenbergh y Leticia Mabel Bravo, y de sus “empleados” Raúl Suárez, Ladislao Letonai, Roberto Sanabria, Orlando Canido, Emilio Sica, Walter Jiménez, Miguel Salazar, Marcelo del Castillo, Carlos Martínez y Erica Fierro, además de desconocidos que habrían consumado hechos de violencia contra los encargados de custodiar el campo de La Salónica S.A.
La denuncia involucró a los nombrados como jefes y miembros de una asociación ilícita “dedicada a usurpar campos en la zona de Quimilí a través de diversos métodos, incluso con violencia física por medio del uso de poderosas armas de fuego”.
El denunciante presentó numerosos testigos, vecinos de Quimilí, quienes, alternativamente, ratificaron que esta asociación ilícito se apoderó de forma ilegal del campo de La Salónica S.A.

Mafiosos

Uno de los testigos es Eduardo Miguel Carlón (residente en Quimilí), quien el 27 de noviembre pasado, cuando salía del juzgado luego de una exposición, fue “apretado” por el abogado Carlos Weyenbergh (h). Éste le dijo que “lo van a arreglar”, y que “no se meta, porque va a salir perjudicado en una pelea que es de otros”.
Frente a la intransigencia, llegaron a amenazar a la hija de Carlón, quien vive en la ciudad capital con su esposo e hijos. Casi de inmediato, el miércoles, se presentaron en su casa, de Quimilí, dos personas en un vehículo automotor que lo coaccionaron para que viniera a declarar y “rectificarse” de todas las denuncias contra Weyenbergh.
Carlón se prestó al juego y llegó a Tribunales. En la antesala del juzgado de quinta nominación lo aguardaba un abogado de apellido Aguirre, quien habló con el secretario del tribunal para que activara el trámite. El funcionario transmitió la diligencia a la jueza, quien dio instrucciones que lo atendiera un instructor. Frente a ello, Carlón se empacó y exigió hablar con la magistrada.
Una vez que fue atendido por la jueza, formuló una grave denuncia in voce contra los abogados Weyenbergh (padre e hijo), relatándole con lujo de detalles los aprietes, las amenazas, las tentativas de homicidio, etc., de los que es objeto para cambiar su denuncia. Le especificó a la jueza que también amenazaron a su hija, residente en esta capital.
El viernes, Carlón y su abogado defensor se aprestaban a formular la misma denuncia ante el juez en turno, relatando los hechos ocurridos el miércoles pasado, y ratificando todas sus anteriores declaraciones.
Asimismo, anticipó que reiterará sus denuncias porque “esta banda liderada por abogados le falsifica la firma y presenta escritos en los que me hacen aparecer como cambiando mi denuncia”.

Inacción de la justicia

La “banda que roba campos”, entre tanto, ha conseguido embarullar el litigio con el propósito de que los distintos incidentes demoren la resolución que devuelva el predio a su legítimo propietario.
Lógicamente, las “chicanas” tienen (o deberían) tener límites que tendrían que ser impuestos por los funcionarios encargados de administrar justicia. En el caso que nos ocupa, un testigo que viaja cada rato desde Quimilí hacia los Tribunales de la Capital y denuncia que es hostigado, amenazado (junto a miembros de su familia) y que teme por su vida, no encuentre un juez que actúe de inmediato contra quienes aspiran a imponer métodos mafiosos en los pleitos con una impunidad obscena, dado que “aprietan” a denunciantes o testigos en la mismísima sede del Poder Judicial.

No hay comentarios: