martes, 22 de septiembre de 2009

Ley de radiodifusión, ¿libertad o vasallaje?


Por José Luis Zavalía (diputado provincial radical)

La Ley de Medios Audiovisuales impulsada por el gobierno nacional, es palabra más o menos, un fiel reflejo de los que ocurre hoy en Santiago con la comunicación, en todas sus formas.

Lo que pretendo para nuestra aldea a la que nos ha convertido este gobierno provincial, y pronto lo será el país, es simplemente un juicio o una valoración política, sobre la libertad de prensa y de expresión, tomando por simple deducción, como ejemplo de lo que acontece a nivel nacional con esta polémica desatada, cuyo análisis técnico, las posibles consecuencias legales de su aplicación en caso de ser aprobada, dejando a un lado estas cuestiones, a quienes puedan hacerlo con más propiedad.

Hechas estas aclaraciones, trataré de marcar las similitudes y los despropósitos entre una y otra situación, de tal manera que a partir de este enfoque saquemos nuestras propias conclusión, sobre las conveniencias o no de aprobar esta ley y de la oportunidad de la misma.

Desde que se instaló el gobierno de Zamora fue profundizando una aguda y persistente política de sometimiento y sumisión, propio de un régimen feudal y autocrático; en oposición a la creencia de lo que muchos presentían en su inicio, que se sepultaba el viejo estilo autoritario de gobierno, que durante lustros había caracterizado la política provincial.

Por el contrario, hoy en la abundancia de recursos -como si fuera un pecado para los argentinos- al igual que en la Nación, provenientes del crecimiento económico, con sus exportaciones, todo en un contexto de estimulo a la producción, con los altos precios internacionales de las materias primas, con el tipo alto de cambio.

En lugar de abocarnos a democratizar el poder y esforzarse en una mayor apertura al mundo, se lo monopolizó, se lo encerró en las más anacrónicas formas de la vieja política, como la personalización inescrupulosa de las instituciones nacionales y provinciales en una sola persona, invalidando su rol constitucional, pero como con esto no alcanzaba para lograr su cometido de hegemonizacíón total del poder, se procedió a la rápida manipulación de la opinión pública a través de los distintos medios de comunicación, sea por pago de publicidad, extorsión o simple sometimiento de amenazas de quite de publicidad , y ahora con el pretexto de esta nueve ley de radiodifusión, es decir, la suma total del poder.

De modo tal, que la opinión pública fue prácticamente sustituida por la opinión publicada en los medios locales. Con lo cual se garantizaban, la casta gobernante: 1) la continuidad en el poder, haciendo desaparecer cualquier vos o foco opositor, 2) la impunidad en las innumerables sospechas de actos de muertes donde el gobierno está seriamente comprometido y de corrupción a mansalva, y 3) mediocridad de quienes ocupan los distintos estamentos del poder, eliminando la competencia y anulando el libre ejercicio de los controles republicanos.

Es así, como el círculo cierra a la perfección, autoritarismo, impunidad, corrupción para acallar y comprar voluntades, mediocridad y falta total de libertad de prensa como de expresión, para hacer de Santiago y de la República una verdadera aldea donde muy pocos, prácticamente un matrimonio gobernante y su sumiso entorno deciden la vida y el futuro de los demás.

La realidad nacional no es otra, se la disfrace como se la disfrace, con una salvedad, los habitantes de los grandes centros urbanos del país, sean políticos, analistas, periodistas, escritores, etc., desconocían o bien se enteraban a medias e incluso, les resultaba casi imposible cree en estos supuestos. Si lo hubieran advertido a tiempo, cuantos traumas para la República nos hubiéramos evitado.

Es importante, por lo tanto, que a partir del 10 de diciembre, la oposición en el Congreso, con el apoyo del pueblo y de los sectores gravitantes de la vida nacional, reviertan todas estas tendencias hegemónicas o autoritarias del poder, asuman el rol protagónico de restablecer equilibrio del poder y garantizar el pleno desenvolvimiento de nuestras instituciones, vapuleadas a troche y moche, por el matrimonio Kirchner y sus aliados circunstanciales en todos estos años.

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