sábado, 26 de septiembre de 2009

¡Ya está, el “caso Alegre” es una ridiculez!


Como nadie sabe a dónde fue a parar el “efectivo” de Julio Alegre, Gustavo Herrera ayer e Ignacio Coria Vignolo hoy (con Ramón Tarchini de vez en cuando, como la causa de tenencia de arma de fuego), nos han tratado y tratan de entretenernos en lo que antes se llamaba “desfalco a la comuna” y que ahora le dicen “la novela amorosa entre un intendente morocho y una escribana rubia”.

De la instrucción seria (poco responsable, porque no existe secreto de las actuaciones) en procura de esclarecer un grave perjuicio a la municipalidad de la Capital, se ha pasado ahora a airear un comentado romance. “Me decía que me quería y resulta que me dejó plantada cuando decidió volver con su esposa. He actuado despechada”, son las declaraciones que se asentaron en el juzgado y pasaron a constituirse en el eje de la causa.

¿Qué tendrá que ver una cuestión sentimental con un presunto saqueo y con la investigación judicial en la que se habló, aparatosamente, de las peligrosas correrías de un funcionario (radical el hombre, y tan temido que lo exhiben esposado), al que se ha pintado como el más corrupto hombre público que haya pasado por estas tierras; desde las invasiones españolas a la fecha?

Se sabe que los mandamases hicieron y hacen lo que quieran con sus jueces en comisión (amigos y correligionarios) pero la ciudadanía ya no va a tolerar que se trate de enfriar el “caso Alegre”. Demasiada es la carga que soportan los santiagueños desde que estos jueces en comisión cajonearon los expedientes de cuestiones gravísimas como los 39 presos asesinados en la Cárcel Pública, los chicos muertos por la vacuna experimental, el secuestro, tortura y crimen del empleado de la dirección provincial de Rentas, Raúl Domínguez, por enumerar los más emblemáticos que conmocionaron a nuestra sociedad.

Los poderes públicos provinciales, si actuaran con responsabilidad, deberían prestarle mucha atención a la exigencia de la ciudadanía acerca del “caso Alegre”. La gente demanda, sobre todo, el debido proceso. Al ex intendente, si corresponde, que le caiga todo el peso de la ley, pero que los jueces miren a Alegre y también miren a los otros presuntos involucrados. O sea, antes de ventilarse cuestiones privadas de un romance, se reclama una investigación seria y profunda.

¿Para cuándo el encarcelamiento de personas que confesaron haber pagado coimas al ex intendente a fin de que les concediera, de manera directa (sin licitación) la explotación de una línea de transporte urbano de pasajeros? ¿No saben los jueces que existe una figura penal (bien tipificada, en este expediente) que se llama cohecho?

¿Para cuándo la detención de proveedores y constructores que declararon haber prestado sus nombres en la compra de viviendas o residencias que usufructuaba el ex intendente?

¿Para cuándo la prisión preventiva de funcionarios del riñón del ex jefe comunal que fueron sus “gerentes”, como el ex secretario de Obras Públicas?

¿Para cuándo la aprehensión de la amiga-novia que junto a uno de sus hermanos “apretaba” a empresarios del transporte urbano y, en nombre del ex intendente, conseguían coercitivamente, acciones y participaciones en los negocios?

¿Por qué nadie investiga nada sobre la “monumental” obra de la “nueva costanera” en la que se reimplantaron, por ejemplo, palmeras más costosas que las que adornan Dubai, en los Emiratos Árabes?

¿Por qué ya nadie menciona los campos de grandes extensiones que se habrían adquirido, a favor del ex jefe comunal, en el departamento Alberdi?

Alegre sería responsable, está claro, pero no ha actuado solo con sus familiares. Hay cómplices que están libres y desfachatados; tanto que se dan el lujo (“muy sueltos de cuerpo”) de concurrir ante el juez y declarar en contra del ex jefe, ex amigo, ex socio o ex amante.

Si los jueces van a investigar parcialmente y a imputar de manera selectiva, o a “cronicar” el romance del funcionario morocho con la escribana rubia, no hay dudas que el “caso Alegre” va a seguir pareciéndose a una ridiculez.

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