Recuerdos del pasado: otra vez la ley de Lemas

Por Miguel A. Brevetta Rodriguez.

Cuando el Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de los Partidos Políticos Nº 23.298, lo hizo con el siguiente título: “Proyecto de ley de la democratización, de la representación política, la transparencia y la equidad electoral”, que nadie se atrevió a cuestionar, ni antes ni después de su sanción, hecho que en principio no dejó de sorprenderme.
Ninguno de los opositores al modelo, ni los partidos de izquierda con representación parlamentaria -que se autodenominan “progres”- alzó la voz de la disidencia cuando se cercenaban los derechos de los partidos políticos reconocidos a quienes se les exigió mayores requisitos para mantenerse con personería y entidad como sujetos de derecho.
Facilitaron el quórum, no presentaron proyectos alternativos, no se opusieron al achicamiento del arco partidario, ni se rasgaron las vestiduras cuando se aprobó la ley que atentaba en contra de sus propios intereses. Ellos también estaban de acuerdo con el bi-partidismo mezquino ideado desde los despachos oficiales.
En el ámbito de ambas cámaras legislativas, no conozco ningún especialista en Derecho Electoral, sin dudas se trata de una disciplina joven, pero con notables y sobradas aspiraciones para convertirse en materia autónoma, atento a que rige nada más y nada menos que las reglas del juego para acceder al Poder.
Sin dudas que la ley 23.298 -llamada de los partidos políticos- exhibe muchas deficiencias y algunas omisiones que debieron ser subsanadas en ocasión de la última reforma, ello a la luz de los infinitos fallos provenientes de la Cámara Nacional Electoral que ha marcado pautas y situaciones insalvables que se dejaron de lado, para arremeter con un discurso poco inteligible que en nada a mejorado el instituto normativo.
Así las cosas, después de esta reforma, una de las últimas logradas con el sistema de la mayoría automática, nadie se atrevió a su reglamentación, tanto que hasta el propio Director Nacional Electoral y posteriormente la Cámara revisora debieron -en distintas oportunidades- dirigirse al Poder Ejecutivo, manifestando que sin ese acto administrativo no se podría poner en marcha las reformas obtenidas.
La respuesta no hizo más que oscurecer el sombrío panorama instalado sobre la norma electoral, no sin antes distribuir a su arbitrio las pautas publicitarias e instaurando entre líneas la tantas veces repudiada Ley de Lemas, ahora bautizada como “colectora”. Es decir que sin un “lema” para tributar, ahora se “contribuye” a la sumatoria de una formula oficializada y al parecer sin ningún tipo de restricción, ni acuerdo previo, ni autorización, según surge del escueto parte obtenido.
En fin, en esta materia nadie puede exhibir lauros, ni argumentar avances de la calidad institucional, porque volver a la Ley de Lemas, es lo mismo que retroceder hacia un pasado que le hizo mucho daño a la estabilidad democrática y a la legitimidad política.