El gobierno de Gerardo Zamora tiene, en la esfera de uno de sus ministerios, un “centro” dotado de una moderna tecnología que se dedica a escuchas telefónicas. Al parecer, tiene una capacidad para interceptar e interceptar 500 aparatos.
De este modo, se controla a políticos opositores y a periodistas.
¡Y pensar que cuando la gran mayoría de los santiagueños optó por el joven radical como gobernador pensó en un cambio y en una modernización, sobre todo, de las prácticas políticas…!
¿Cómo se explica que aquella figura promisoria de la política provincial admita que un ministro le imponga esta execrable práctica antidemocrática de espiar a opositores y escuchar llamadas telefónicas, vulnerando principios elementales como la intimidad de las personas?
¿Cómo se explica que aquella figura promisoria de la política provincial admita que un ministro le imponga esta execrable práctica antidemocrática de espiar a opositores y escuchar llamadas telefónicas, vulnerando principios elementales como la intimidad de las personas?
¿Qué dirán figuras defensoras de las libertades cívicas-como, por ejemplo, Néstor Kirchner o el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni-, cuando se informen de estos sistemas de espionaje político que funcionan en una provincia que integra una Nación que se presume de democrática.
Intervenir ilegalmente aparatos telefónicos, interceptar llamadas y hacer escuchas de adversarios, no son otra cosa que corromper a la política santiagueña y perpetrar una afrenta a toda la ciudadanía, toda vez que afecta los derechos civiles.
Lo que está sucediendo entre los santiagueños es insólito, pues hasta se ha llegado a poner en práctica un sistema que monitorea el correo electrónico de políticos opositores y de periodistas independientes.
Institucionalmente, Santiago del Estero está retrocediendo frente a esta represión política, y sorprende que provenga de una administración que tiene la suma del poder. ¿Cómo es posible que un Poder Ejecutivo único y omnipotente deba recurrir a esta vieja práctica ilícita del espionaje, cuando en Santiago del Estero no se puede argumentar, por ejemplo, que debe preservarse la seguridad o el orden interno?
Es necesario corregir tamaño desatino. No creemos que los santiagueños merezcamos funcionarios que se dediquen a espiar.
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