(Nota I)
Dijo el gobernador Gerardo Zamora a sus íntimos a poco de asumir la segunda gobernación: “Ahora no se admiten más cosas raras ni irregularidades de ninguna naturaleza. Vamos a hacer un segundo gobierno transparente y honesto”.
Un tranquilizador mensaje que insinuaba el inicio de la “era de las nuevas pautas” en el manejo de la cosa pública. Por ejemplo, esas palabras significaban, para cualquier santiagueño, que Zamora impondría autoridad sobre la ristra de corruptos que tiene a su lado, o que iba a desalojar de la función pública a la sarta de ineptos a los que se “les subió el cargo a la cabeza”, y también que echaría a patadas a la hilera de nuevos ricos a quienes se recuerda que en 2005 no tenían bicicleta y que ahora se pavonean en camionetas 4 x4 y levantan residencias en barrios privados.
En fin, otra vez Zamora hizo la promesa y se quedó en el amague, al parecer.
Ocurre que si realmente está dispuesto a la “nueva era” y a dar un golpe de timón, la gente recién le va a creer cuando como titular del Poder Ejecutivo, por ejemplo, abra la contabilidad de su administración, habilite una auditoría independiente que informe sobre la situación económico-financiera del Estado provincial y, asimismo, ordene a los otros poderes (como el Judicial) que terminen con las designaciones y acomodos de hijos de funcionarios o de amigos de éstos.
Un grave incidente
Nombramientos que, como es lógico, constituyen actos repulsivos para los empleados judiciales de carrera. Esto es tan cierto que la semana pasada se produjo un incidente inédito y vergonzoso en el Palacio de Tribunales. Es que José Leal, un militante del gremialismo judicial santiagueño, reaccionó vehemente contra los ex dirigentes sindicales Roque Cortez, Beatriz Guzmán y Enrique Zurita, culpándolos que durante sus mandatos “entregaron” a todos los empleados “a los delincuentes del gobierno”.
El reclamo también se refería al hecho de que los magistrados y jueces recibirán un “gran aumento” en sus salarios, mientras la masa trabajadora no percibe ni un peso de mejora salarial.
Además, detrás de esta manifestación, Leal puso de manifiesto la confabulación que existía entre el ministro de Justicia, Ricardo Daives y los miembros del Superior Tribunal de Justicia, con Cortez, Guzmán y Zurita, quienes “se pasaron” al zamorismo y este cambio hizo que perdieran el predicamento y el buen nombre ganados durante las fieras luchas con las que supieron defender los intereses de los empleados durante la época del juarismo.
Leal sabe que cuando entró en escena “la billetera” del oficialismo, éstos sindicalistas olvidaron principios, militancia y responsabilidad gremial. Pero también los empleados judiciales conocen el tema de “la entregada”, y por ello votaron en contra de la lista de Cortez y los echaron del gremio en la última elección, luego de una hegemonía de más de 20 años; eligiendo a una nueva comisión directiva.
Pero el combativo Leal fue castigado. El “demócrata” ministro de Justicia Ricardo Daives instruyó a los miembros del Superior Tribunal de Justicia que lo sancionaran con 10 días de suspensión. Hubo una breve reacción de los empleados judiciales que se informaron a última hora del viernes sobre la “reprimenda Daives”. La historia no ha terminado y pueden generarse reuniones, plenarios y movilizaciones contra el ministro más cuestionado de Zamora.
“Si Daives ideó la suspensión de Leal por cantar verdades, ¿cuántos años de cárcel le corresponden a éste ministro por los 39 presos que asesinaron en el Penal de Varones y por todos los chanchullos que realizan sus familiares y amigos jueces, tanto en Tribunales como en el apoderamientos de campos en el Registro de la Propiedad”?, dijo una empleada allegada al gremialista sancionado.
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