O no sabe o no se le antoja investigar; o sea, trabajar y cumplir por lo que se le paga un sueldo a este juez en comisión. Ya nadie duda en Tribunales que con Ramón Tarchini Saavedra se equivocaron de palmo a palmo el gobernador Gerardo Zamora y el ministro de Justicia, Ricardo Daives. Son muchos también los que se quejan porque Zamora debió haberle pedido a él la renuncia la vez pasada cuando los mandó a sus casas a los ex jueces José Antonio Jorge y Jorge Salomón; ambos, parientes políticos de Daives.
Lo cierto es que Tarchini Saavedra fue nuevamente denunciado ayer ante el Consejo de la Magistratura por “violador del principio de investigación integral” que, para el vulgo, significa lisa y llanamente vagancia. Investiga sólo y exclusivamente lo que le piden de la Casa de Gobierno, como cuando hizo un gran circo contra el ex intendente Julio Alegre al que lo procesó en un trámite sumarísimo, por tenencia de arma de guerra.
Tiene en su despacho desde hace más de un año una denuncia por un grave affaire en el Sindicato de Empleados de Comercio de Santiago del Estero, donde los muchachos del gremio (amigos de todos los gobiernos con el verso de la Mesa de Diálogo), crearon una empresa fantasma denominada Arias Salud SRL, para atender la salud de los afiliados. Posteriormente, en un nuevo contrato del sindicato, apareció Preventiva S.A., que responde a una red del gremio nacional que preside Armando Cavallieri. Lo notable de esta nueva empresa es que figuran como socios Dora Elina Vega, que es empleada doméstica de un capo del sindicato, Audino Rodríguez, y Carlos Norindo Cortez, un desempleado. O sea, están a cargo de la salud de los mercantiles dos personas insolventes y que prestaron sus nombres para que los sindicalistas cometan sus tropelías.
La denuncia llegó al despacho de Tarchini Saavedra, quien lo único que hizo fue convocar a Audino Rodríguez y éste confesó: “Efectivamente, son dos personas insolventes, pero el contrato fue celebrado por los integrantes de la dirigencia nacional, en Buenos Aires, tales como Cavallieri, Omar Denápole, Pedro Mezzapelle, Daniel Ruperto Alberto Mansilla, Norberto Carizzoni, Alberto Hahan y Mario Rafael Digón.
Tarchini Saavedra demoró un siglo hasta que los convocó a los dirigentes nacionales para que vinieran a declarar. Por supuesto, no se presentaron. Un abogado, Eduardo Bonino Méndez, habló por teléfono con el juez en comisión santiagueño avisándole que los muchachos mandaban sus testimonios por escrito. Tamaña falta de decoro y formalismo, y burla a la justicia provincial, terminó con respuestas del mismo tenor, sin variar ni siquiera un punto o una coma. Otra, el cuestionario lo hizo el propio abogado porteño.
Hasta la fiscal María Eugenia Carabajal objetó esta alteración de prueba testimonial, pero el juez de Zamora y Daives resolvió y ordenó el archivo de las actuaciones. Dijo que “desestimaba la denuncia por inexistencia de hecho ilícito”.
La denuncia fue interpuesta por Vicente Jacinto Montoya, Raúl Javier Palavecino y Walter Luis Leguizamón, patrocinados por el abogado Marcelo Castillo Gioya, quienes ahora, al denunciarlo a Tarchini Saavedra, le están exigiendo al Consejo de la Magistratura que lo mande a su casa y le aconseje que vuelva a la facultad de Derecho en donde logró el título de abogado.
Un párrafo de la amplia denuncia dice de Tarchini Saavedra: “Cuando no sabe ya qué hacer para dilatar la instrucción se lava las manos ordenando el archivo de las actuaciones, eludiendo su obligación de investigar sobre los hechos denunciados, por lo que corresponde evaluar si realmente no configura negligencias grave y desconocimiento del Derecho”.
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