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| Malos tratos, torturas y apremios ilegales a
familiares de un prófugo, por órdenes del juez Torrelio, de Monte Quemado, a
los que tiene presos desde hace más de un mes. |
Héctor Ariel Santillán estaba preso en el Servicio
Penitenciario Federal de Colonia Pinto y, por su buena conducta, tenía
periódicos permisos para visitar a su familia, en Monte Quemado. En todos los
casos iba acompañado por cuatro carceleros.
El 16 de marzo pasado logró ese permiso y llegó a la casa
familiar. Pidió ingresar al baño y
desapareció. Se fugó. Engañó a los cuatro custodios que acababan de
trasladarlo.
A Santillán lo tragó la tierra. No se lo puede
recapturar.
El delito de fuga es investigado por el juez en lo Civil
y Comercial de Monte Quemado, José
Luis Torrelio (subrogante del juzgado en lo Criminal y Correcional), quien ante
la impericia para dar con el fugado que se escabulló no se sabe cómo, metió
presa a toda la familia de Héctor Daniel Santillán.
Entre tanto, el Servicio Penitenciario Federal de Colonia
Pinto puso en disponibilidad a los cuatro carceleros a los que se fugó el
preso, pero mantienen su liberad.
Torturas
En cambio, el juez Torrelio tomó el camino más corto, el
del apriete, y mandó presos a varios familiares del prófugo. Ni sabe (el
magistrado) de qué acusarlos, pero permitió
que se los torturara y golpeara porque aspira a que alguno se quiebra y le brinde
el dato para poder ubicar al prófugo, pese que se han cansado de contestarle
que no saben hacia dónde disparó Héctor Ariel Santillán.
Como en la época de la dictadura militar, éste juez puso
presa a la tía del prófugo, María Ester Santillán, de 58 años; una mujer
ejemplar, ama de casa y dedicada a los suyos. Torrelio no valoró nada. La
detuvo el 16 de marzo y la encerró en un calabozo de la comisaría de Monte
Quemado. El 18, la trasladó a la Comisaría de la Mujer de la ciudad capital,
donde padeció seis días. Los primeros cuatro días estuvo incomunicada y no pudo
hablar ni con el abogado ni mucho menos con sus familiares que viajaron larga
distancia para interesarse de su situación.
El juez “procesista” puso a la señora en una celda mixta
(donde estaban detenidos 15 personas, entre hombres y mujeres), y no le
permitió un colchón. Pese a sus problemas de salud (corazón, artrosis,
cervical, etc.), durmió en el piso, apoyada en una colcha. Por las noches, las
guardias dejaban baldes a las mujeres y baldes a los hombres para que hicieran
sus necesidades.
La pobre señora de Monte Quemado no durmió nunca, por
miedo y porque su gastritis nerviosa no se lo permitía.
Desesperadas, dos de las hijas de la infortunada mujer
entrevistaron al juez Torrelio y le reclamaron por el tormento que sufría la
madre en la Capital, logrando que el 22 de marzo la trasladaran a la Comisaría
de la Mujer de Monte Quemado.
Luego, el singular magistrado, puso presa a la madre y a
dos primos del fugado, Nilda Santillán, de 60 años, y Ángel Santillán de 19
años, y Gustavo Santillán, de 32. Entre tanto, un agente de la comisaría seccional 22 de
Monte Quemado, de apellido Paloma, abofeteó, sin mediar palabra, a Ángel
Santillán para que dijera hacia dónde disparó su primo. Este joven, que sufre
asma, fue trasladado a la comisaría de Campo Gallo donde se encuentra en
condición de “desaparecido”, porque el juez Torrelio ni se dignó a notificar ni
a sus familiares ni a su abogado del cambio del lugar de detención.
No se puede tolerar
Todos están detenidos.
La otra parte de la familia, que está libre, habló con el
obispo diocesano de Santiago del Estero, Francisco Polti, quien pese a haber
escuchado los maltratos a los que somete éste juez a los detenidos, les contestó:
“Ustedes tienen que colaborar” . (Lo que parece desconocer Polti es que los
familiares no pueden colaborar porque no saben, realmente, hacia dónde partió
el prófugo. Lo que no se entiende es cómo “un pastor de la Iglesia Católica”
actúa como Poncio Pilatos frente a la aflicción y a la desgracia de una familia,
y como cómplice del atropello de los malos jueces y de los peores policías).
Luego, los familiares recurrieron a la famosa
subsecretaría de Derechos Humanos, a cargo de Hugo Figueroa y que depende del
ministro de Justicia Ricardo Daives, donde un empleado les dijo: “No se puede
hacer nada. Lo que pueden hacer es recurrir a los ‘diaritos’ de la web, porque
nadie les va a llevar el apunte”.
¡Pobre familia!
Dos mujeres mayores y dos muchachos siguen presos,
injustamente, y soportando golpes, torturas y tormentos ordenados por el juez
José Luis Torreilo, quien incluso los tiene amenazados de “detener, en
cualquier momento”, a la madre de las mujeres, y abuela del prófugo, que tiene
86 años y sufrió dos ataques cardio vasculares (ACV).
Bueno, si Torrelio manda presa a la anciana puede generar
un escándalo mundial que afectará a todo el Poder Judicial de Santiago del
Estero y que, al final, le costaría no sólo la destitución por desempeño
delictivo como magistrado, sino también podría terminar en la cárcel por
admitir apremios ilegales a personas detenidas a su disposición.
