Los campesinos cargan contra Zamora

Por Carlos Paillet, de La Voz del Interior, de Córdoba.

“Sugus” Suárez y Gerardo Zamora, los “negociadores” del gobierno con el Mocase, ambos denunciados por querer “comprar” (con mucho dinero) a la esposa y a la familia de Cristian Ferreyra.

El crimen de Cristian Ferreyra (23), miembro del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), agita una polémica política que enfrenta a referentes de esa organización y a la administración provincial que encabeza el gobernador Gerardo Zamora, un radical devenido en ferviente kirchnerista desde los años dorados de la transversalidad.
Ferreyra fue ultimado el 16 de noviembre pasado en la comunidad santiagueña de San Antonio, cerca de Monte Quemado, a unos 350 kilómetros de la capital provincial. El episodio se enmarcó en la disputa entre el campesinado y los empresarios del llamado “agronegocio” por la ocupación de tierras; pero distintas versiones, algunas interesadas, empañaron el origen de la balacera que terminó con Ferreyra muerto y con Dario Godoy, también campesino, malherido.
Como autor material del crimen se encuentra preso Javier Francisco Juárez, quien trabajaba para el empresario sojero santafesino José Ciccioli, también detenido como presunto instigador del hecho. Las informaciones reproducidas por medios de prensa y la policía coinciden en los trazos gruesos en que Ciccioli había ordenado el desmonte de tierras y que la intervención de gente del Mocase para impedirlo terminó con la balacera, en la que participaron los hermanos Javier y Hugo Juárez, este último prófugo.
En diálogo con La Voz del Interior , Adolfo Farías, referente del Mocase-vía campesina, responsabilizó al gobierno de Zamora por el descontrolado auge del agronegocio en la provincia en detrimento de los poseedores originarios de tierras. Acusan al mandatario, además, de haber “comprado” a la viuda de Ferreyra, Beatriz Juárez, para que “deje de hacer denuncias”.
Desde otra vereda, el jefe de gabinete de la administración santiagueña, Elías Suárez, negó ante este diario las acusaciones y recordó que desde que asumió Zamora, en 2005, se ocupó de la “problemática campesina” y del “reconocimiento de derechos ancestrales” que reclaman los poseedores originarios de campos desde hace más de 50 años.

Denuncian extorsión

“Nosotros vemos que después del asesinato de Cristian el rol de los movimientos sociales ha sido muy fuerte y, a través de esto, se ha logrado que estén detenidos tanto el autor material como el autor intelectual. De ahí para acá hubo de parte del Gobierno una gran responsabilidad y una gran extorsión con el mensaje”, acusó Farías.
Al respecto, afirmó que “punteras políticas de Zamora le ofrecieron a la compañera de Cristian (Beatriz Juárez) casa y dinero, para que se deje de denunciar”. Dijo que la detención del presunto autor del crimen y del empresario se produjo “por la presión del Mocase y de algunos medios de comunicación, sobre todo los que se oponen a lo que es hoy el agronegocio”. Ahondó, en tal sentido, en que “algunos medios” afines al oficialismo “intentaron hacer pasar esto como un enfrentamiento entre familias. La extorsión ha sido gigante”, enfatizó.
Incluyó en las críticas al juez que investiga el caso, Alejandro Sarría Fringes: “Por la presión nuestra, el juez se vio obligado a detener a Ciccioli y al asesino, pero hace ocho meses que venimos denunciando que se había empezado a agudizar el problema; ¿y cuál fue la respuesta del juez?: la detención del compañero Cuéllar durante un programa en una de nuestras radios. Nos prendieron fuego a la radio, fuimos y denunciamos el hecho y la respuesta de Sarría Fringes fue que si seguíamos haciendo denuncias íbamos a quedar todos presos”, contó Farías.
“Zamora está metido en todo el paquete del agronegocio y las presiones políticas tienen que ver con un desarrollo que él mismo llama: ‘Ha llegado el progreso a Santiago del Estero’. Entonces, él es cómplice de todo los acontecimientos”, sostuvo.

Réplica del gobierno

Elías Suárez, por su parte, admitió que Zamora recibió en la Casa de Gobierno a la viuda de Cristian Ferreyra, pero negó que haya existido un intento de acallar a la mujer a través de alguna retribución. “Eso, obviamente, es totalmente falso”, apuntó. Recordó que el mandatario, cuando asumió el cargo, “estableció una mesa de diálogo por la tierra y la producción”. Agregó que a esa mesa, coordinada por la jefatura de Gabinete, se sumaron “todas las organizaciones campesinas, incluido el Mocase”.
Otro instrumento que mencionó Suárez es el “registro de poseedores” donde, dijo, “figuran los problemas campesinos con voluntad de resolver la problemática”. Comentó que ese registro contempla “ayudar en la capacitación de derechos a las familias campesinas y subvencionar lo que es el plano de levantamiento territorial, que es necesario para acudir a la justicia en el reclamo de derechos”.
Admitió que “el problema en general no ha sido resuelto”, y cuando se le consultó si no fue tardía la decisión del gobernador de suspender por seis meses los desmontes como derivación del crimen de Ferreyra, respondió, de manera evasiva: “Lo que pasa es que hay que verlo como una dinámica y no como un hecho aislado”. Con todo, añadió que se ha formado una comisión “para que vaya a cada lugar en conflicto y desarticular cualquier acción de violencia”.
Los campesinos, a todo esto, organizan marchas y denuncian casos críticos en otros puntos del territorio provincial.

Zonas en conflicto

La dirigente del Movimiento Campesino de Santiago del Estero Deolinda Carrizo envió a este diario un resumen de zonas críticas referidas con desmontes y desalojos compulsivos de tierras a sus poseedores.
Paraje Los dos Pibes. Dicen que un ex intendente y actual concejal peronista de Monte Quemado y otra persona oriunda de la zona intentan apropiarse de al menos 400 hectáreas de territorio campesino indígena de las familias Rojas y Correa. Existen denuncias desde julio.
Paraje el Silencio. Cuatro familias son víctimas de la usurpación de su territorio por parte de matones armados. Estos custodian la construcción de una perforación y una casa para usurpar otras 500 hectáreas. Denuncian a un tal “Pito” Castillo por la “contratación de matones” para quedarse con los campos.
Rumy Pozo, Dos Naranjos y Guayacán Pozo. Denuncian que la empresa Servicios y Negocios “ha llevado a cabo la usurpación de ocho mil hectáreas de territorio campesino indígena. Actualmente la familia Argañaraz sufre presiones mediante amenaza de muerte, matanza de animales y robo de la producción por parte del mismo grupo de matones al servicio de la firma tucumana”.
Paraje Murishca. Denuncian que un empresario “amenazó con contratar gendarmes o gente con experiencia en armas” para entrar a 10.000 hectáreas que en Catastro se las identifica como Cuadro las Siete Hermanas, en la zona de Taco Pozo, en el límite con la provincia de Chaco.

Los campesinos, dijeron al enviado de La Voz del Interior, que la política oficial basada en el "agronegocio" alienta desalojar de las tierras a sus poseedores originarios, en Santiago del Estero.