miércoles, 1 de abril de 2009

El Colegio de Abogados acepta legalidad sin constitucionalidad


Una de la ideas más excelsas del Derecho ha sido el surgimiento del constitucionalismo, el cual justificó su origen y desarrollo en dos premisas trascendentales: por un lado la afirmación y protección de la dignidad humana, mediante los derechos individuales y sus correspondientes garantías y, por otro, la división y equilibrio de poderes y sus funciones, en procuración de un poder limitado y controlado, para evitar todo abuso que violase precisamente aquella dignidad humana garantizada.
 
El constitucionalismo significa el imperio del derecho por medio de la ley, de la norma jurídica que excluye toda arbitrariedad circunstancial, intencionada y caprichosa. El grado superior del derecho positivo, según Hans Kelsen, es la Constitución.

Los santiagueños nos estamos acostumbrando en aceptar legalidad sin constitucionalidad. Ello es evidente. Y lo más repugnante que el máximo órgano del control y conocimiento de la legislación que existe en la provincia, sea cómplice silencioso de este atropello. En efecto, el Colegio de Abogados de Santiago del Estero, integrados por hombres conocedores de normas y procederes jurídicos, admite complaciente con su silencio los caprichos del Poder Ejecutivo en continuar manteniendo bajo falaces pretextos un " Poder Judicial en comisión ", cual es lo mismo, al margen de la Constitución.-

Se formulan desde aquel cuerpo colegiado tibios reclamos al Poder Ejecutivo a modo de conformar a su masa de asociados. Criticando, con mirada gacha al ombligo los reproches que a diario realizan gran parte de sus abogados; en tanto, aceptan y comulgan con el gobierno aquellos mismos procederes que tibiamente critican. Pues sus miembros, actuales integrantes de su comisión directiva, no sólo han convalidado las sistemáticas violaciones constitucionales al régimen republicano de gobierno que a lo largo de cuatro años Gerardo Zamora provocó, sino que, aún más grave lo aceptaron en los hechos al incorporarse como jueza en provisoriedad de la ciudad de Monte Quemado la abogada Adriana Soria, quien hasta minutos antes de su juramento al novel cargo cumplía funciones como vice presidenta del Colegio de Abogados. Situación que en si mismo, exime de comentario y desnuda crudamente la orientación institucional de ese órgano colegiado.

El único antecedente que encontramos en nuestra más reciente historia, asimilable al actual acontecer del Poder Judicial, se remonta a lo vivido entre los años 1976 - 1983. No existe otro más reciente.

Si no existen garantías constitucionales, la ciudadanía transita y vive en libertad condicionada. Y ello es gravemente peligroso. 

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