Primero fueron el arquitecto “Mecha” Bustos, secretario de Obras Públicas del intendente Julio Alegre, y después el proveedor, amigo íntimo, presta nombre y “asesor de negocios” del jefe comunal renunciante, Alejandro Fochi.
A ambos los apalabraron el pesquisa mayor, el jefe de policía, Marcelo Pato y el juez diligente y obediente, Gustavo Herrera. Los “ablandaron”, exigiéndoles que declaren en contra de Alegre y que cuenten todo, como testigos, porque si se negaban iban a comparecer como imputados e iban a quedar presos. (¡Qué magistrado! ¡Qué policía!).
Del mismo modo procedieron con la escribana Cecilia Vittar. ¿O testigo? ¿O imputada?
Esto explica la felonía (execrable, por supuesto) con la que se manejaron los íntimos y el verdadero entorno de Alegre. A cambio de su libertad, traicionaron al que, bien o mal, les extendió la mano y les dio de comer. Claro, lo “mandaron a perder” frente a tamaño apriete de la Justicia y de la policía.
Falta tiempo, pero no tanto para que vengan jueces y policías en serio que, en casos como estos, pregunten a ex amigos y ex íntimos por qué no denunciaron en tiempo y forma al ex aliado.
Pero el mayor descaro se registró con una mujer casada con un miembro del “clan Tarchini”; justamente, de la rama que fuera pariente política del gobernador, Gerardo Zamora. ¿Primos? ¿Sobrinos? Por allí anda la cosa
La cuestión es que el juez diligente y obediente y el jefe de policía pesquisa, hicieron trascender y se difundió por todos los medios oficialistas, que se presentó una mujer a estampar otra denuncia contra Alegre.
Pero vamos por parte. Recordemos que treinta días antes de las últimas elecciones (28 de junio), el entonces intendente inhabilitó y sacó de circulación a las unidades de dos empresas del transporte urbano de pasajeros. Una fue “El Chumillero”, por la simple razón de que esta firma adeudaba al fideicomiso en el pago de las nuevas unidades de ómnibus entregados o asignados. Una de las propietarias de esta empresa es la mujer de José Tarchini, a la sazón, hermano del juez del Crimen de cuarta nominación, Ramón Tarchini. Todos, como saben los santiagueños, ex parientes políticos del gobernador Zamora.
Se presentó esta señora y solicitó el juez Herrera que le reciba un testimonio. Dijo que Alegre le había exigido una parte de las cuotas sociales a cambio de habilitar la línea de micros El Chumillero.
Los muchachos que saben de todo y que tienen muy buena información, recuerdan que El Chumillero es una empresa en la que fue (¿o es?) también propietaria el fiscal de Estado (Abate Soria), quien, otrora, fue socio del estudio jurídico con el primer mandatario, y que habría cedido sus acciones a una mujer de su máxima e íntima confianza. (Hablamos del fiscal de Estado que estuvo -¿o está?- imputado por la estafa con el gasoil -en perjuicio del Estado Nacional-, por el fiscal Marijuan y el juez Ballesteros, de la Capital Federal).
Volvamos a la nueva denuncia. Una empresaria en serio, lejos de los que acuden a las prebendas, no tenía por qué dejar pasar tanto el tiempo para denunciar si un funcionario intentó extorsionarla.
Muchas cosas raras están pasando en el “caso Alegre”, como denunciantes que se presentan en forma tardía y extemporánea y cajas fuertes (ocho, en total) que pesaban mucho cuando las incautaron y, luego de ser depositadas en el juzgado y en la policía, están vacías.
Otra situación de preocupa es la incapacidad palmaria de policías y jueces para detener a un empleado municipal (Farías), que ya va a cumplir un mes en calidad de prófugo. ¿Nadie, en Santiago del Estero, desde cualquiera de los tres poderes, ha recibido una información o un datito, aunque más no sea, sobre quién es y a dónde lo esconde al evadido?
Sorprende, en serio, porque son muchos los funcionarios de alto rango de este gobierno que cuentan con todos los más sofisticados medios para interceptar llamadas y escuchar teléfonos de políticos opositores o periodistas independientes.
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