¿Qué estará pasando entre el juez Gustavo Herrera y el jefe de policía Marcelo Pato, después de que cumplieron a pie juntillas las “instrucciones” del jefe para “hundir” y “escarchar en todos los medios” al intendente Julio Alegre, porque había decidido dejar el kirchnerismo y volverse al radicalismo?
Cumplieron las órdenes, lo sabemos, porque se llevaron a todos los medios de prensa para que, in situ, difundan las riquezas del jefe comunal renunciante.
Pero nos preguntamos ¿para cuándo el allanamiento de Pato al juzgado de Herrera a fin de que esclarezca (si es tan buen pesquisa) qué hace este magistrado con el expediente y cuáles son las razones por las que no ordena la detención al ex el juez que ordenó que “apretaran” al empleado Raúl Domínguez, de la dirección general de Rentas, y también ordene las aprehensiones de los policías que lo torturaron, lo asesinaron, lo descuartizaron y lo tiraron en un baldío por el solo pecado de haber dado los nombres de los poderosos, de afuera y de la Casa de Gobierno, que habían estafado al organismo recaudador?
¿Para cuándo el juez Herrera va a disponer los allanamientos (que los haga durante la luz del día, porque le van a plantear la nulidad), de las casas y la finca que posee el jefe de policía Marcelo Pato y otra larga sarta de funcionarios de arriba, de abajo y de todos los costados?
Planteamos estos interrogantes porque la ley pareja no es rigurosa. Y, de paso, si quieren, pueden meter mano y empezar a allanar a los policías y a los autores (los verdaderos) que, en clara connivencia, golpearon a la madre del abogado Víctor Daniel Nazar, ingresaron a su estudio jurídico y le robaron dinero y joyas por un valor cercano a los 3 millones de pesos, en el caso de los 39 presos asesinados en el Penal de Varones y, si les queda algún tiempito, que allanen los domicilios del ministro de Gobierno, José Emilio “Pichón” Neder y la de sus amigos acreedores que ganaron una licitación (“trucha”) diciendo que vendían pistolas y cargadores a la policía, por más de dos millones de pesos, haciendo figurar como proveedor a un remisero?
Bueno, sobre el “caso Alegre”, el juez Herrera y el jefe de policía Pato, cumplieron órdenes y las exhibieron a los cuatro vientos, tanto que ofendieron al buen gusto con esa suerte de “sobredosis” de prensa condimentaron sus actuaciones como funcionarios públicos.
Otro interrogante; ¿por qué no abrieron (con la presencia de un cerrajero) todas y cada una de las cajas fuertes que encontraron en los allanamientos? ¿Qué necesidad de esos traslados aparatosos para el juzgado de Herrera o a Delitos Económicos? ¿Querían prolongar el suspenso?
Resulta que todas estaban vacías.
Ambos, Herrera (el juez diligente y obediente) y Pato (el pesquisa destacado), no hicieron otra cosa que un papelón y quedaron en ridículo. ¿No habrá llegado la hora en que el jefe los eche (no a patadas, como solicitan muchos), sino con un simple decreto? ¿No es que la Constitución exige idoneidad a los funcionarios públicos?
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