El cuestionado ex diputado y vicepresidente de la Legislatura provincial recibió duros embates en la audiencia pública en el Senado. Comunidades campesinas y particulares lo acusan de desalojar tierras y extralimitarse en sus funciones.
Propuesto ante la familia gobernante por uno de sus más genuflexos colaboradores, Eduardo Fellner -actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación- el oficialista Consejo de la Magistratura colocó en la terna a un aspirante a fiscal Federal que no cumplió con el mínimo de los requisitos exigidos para el cargo.
Con el título “Un candidato que cosecha repudios”, el diario porteño Página 12 reseñó la defensa asumida por el ex diputado y abogado Pedro Simón durante la audiencia pública realizada el miércoles pasado, con el objeto de determinar si se lo designa fiscal del Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero.
Como se sabe, el pliego de Simón está en la comisión de Acuerdos del Senado, que tiene que decidir sobre el particular. Si bien el oficialismo tiene mayoría en el Consejo de la Magistratura, son tantos los cuestionamientos recibidos que se analizan al detalle las impugnaciones recibidas.
Entre las objeciones que le formulan organizaciones campesinas, se lo acusa de pertenecer a un estudio jurídico “especializado en el desalojo de comunidades campesinas e indígenas en beneficio de terratenientes”. Por ello da cuenta la nota que “el Movimiento Campesino y el CELS, entre otros, pidieron al Senado que no aprobara su designación”.
“Vinimos a defender nuestros montes, para que las comunidades no terminen de desaparecer”, explicó María Farías, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero.
“Fue promovido con acuerdo del gobierno nacional, pero seguiremos aportando argumentos para que no sea designado. Si asume veríamos vulnerados totalmente nuestros derechos”, agregó Nélida Solorza, primera dirigente campesina que llegó a una banca de la Legislatura provincial.
El caso Simón merece la atención de los pequeños productores, cuyas tierras, con la extensión de la frontera agropecuaria y el auge del cultivo de la soja, se tornaron apetecibles para las multinacionales y despertaron el interés de operadores de toda clase.
El caso más resonante, en Los Juríes, lo padeció la familia Quiñónez e incluyó “una escritura adulterada que derivó en el procesamiento de un empresario y de un escribano por defraudación y falsificación de instrumento público”. En este caso se le atribuye a Simón un rol “directo y decisivo”, según la Fundación LADH.
Como diputado del bloque zamorista Lealtad Popular, Pedro Simón impulsó un proyecto para restablecer los desalojos como medida cautelar en juicios por usurpación, sin audiencia de la contraparte y sin necesidad de procesamiento previo, indica la nota de Página 12.
También señala la nota que “defendió a Minera La Alumbrera en causas por graves daños ambientales. Con esos antecedentes se postuló para fiscal”.
Pero como se sabe, no es una postulación personal, sino una designación premeditada para que en consonancia con el actual juez Federal fallen conforme al mandato de quienes los postularon.
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