jueves, 23 de julio de 2009

“Que la impunidad no quede reducida al caso Alegre”


Sin prensa ni aparatos, cientos de santiagueños valientes han comenzado a marchas por las calles céntricas de la Capital, en lo que será “los encuentros de los viernes, a partir de las 20,30”.

El pasado viernes iniciaron la proeza, y seguro que van a sumar más voluntades porque están dispuesto a salir a la calle para insuflar los valores de la dignidad a los santiagueños y tomar la palabra frente a la impunidad de los poderes públicos.

Son ciudadanos comunes que han encontrado en la Asamblea Permanente por Santiago del Estero el camino para expresar sus broncas y disconformismos con la clase gobernante.

Durante la marcha, distribuyeron a los vecinos un documento, el que, textualmente, expresa:

“La Asamblea Permanente por Santiago del Estero, integrada por ciudadanos autoconvocados, se constituye ante los hechos de corrupción que son de público conocimiento y para que la impunidad y el olvido no queden reducidos al caso Alegre.

“Frente a la compleja situación económica, social, moral y política que conmueve a la sociedad santiagueña en su conjunto, sostenemos:

“1). El reclamo colectivo por una democracia real y republicana, con plena independencia de poderes, capaz de garantizar los derechos sociales y las libertades públicas. Rechazamos con consecuencia los montajes pseudo democráticos de una democracia meramente formal que termina siendo feudal.

“2). La movilización que llevamos adelante denuncia que la impunidad como política de Estado y ejercicio del poder, coloca en situación de extrema vulnerabilidad e indefensión al pueblo. Basta recordar solo algunos dolorosos ejemplos: caso Dársena, Orozco, Domínguez, muertos del penal, niños victimas del protocolo experimental y otros. Exigimos también se declares imprescriptibilidad de los delitos en contra del Estado que impliquen manejos fraudulentos de los dineros públicos.

“3). Rechazamos categóricamente la naturalización de la corrupción que se expresa en el ‘roba pero hace’. Ningún funcionario público puede apropiarse de un solo peso de las arcas del Estado, que deben invertirse en salud, educación, seguridad, trabajo, en síntesis, en políticas públicas que apunten al bien común.

“4). Reclamamos que todos los funcionarios y sus familiares directos justifiquen las patrimonios obtenidos desde su acceso a la función publica y, de comprobarse la obtención fraudulenta de bines, se restituyan los mismo con el monitoreo de consejos ciudadanos de probada honestidad.

“5). Estamos convencidos de que todos estos casos de abuso de poder mencionados sólo serán desarticulados con la participación efectiva de todos los ciudadanos a través de las acciones que posibilitan el marco democrático, como por ejemplo, las movilizaciones que se realizarán todos los viernes a las 19, frente a la Catedral Basílica”.

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