Nadie duda ya que las denuncias, la instrucción de las causas, las detenciones, la imposición de calificativas delictivas y las decisiones sobre quién queda preso y quién sigue en libertad (todo, complemente todo) las conduce el “juez de facto” que tiene su despacho en la Casa de Gobierno, que detenta el cargo de ministro de Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, y que se llama Ricardo Daives.
Este “instructor” camina demasiado rápido y, por ese aceleramiento, descuida detalles que anota cualquier mortal. En efecto, Daives adelantó el paso sin advertir que nadie va a creer que Juan Ignacio Coria Vignolo (juez en comisión y que responde, a pie juntillas, al ministro de Justicia), haya tenido tiempo material como para leer, no los cuerpos del expediente del “caso Alegre”, sino ni siquiera los diarios que tanto han escrito sobre el tema. ¿No tomó en cuenta que acaba de sentarse en el sillón del juzgado del Crimen de primera nominación?
A su vez, Coria Vignolo, si hubiera actuado como un juez independiente se habría tomado todo el tiempo necesario como para evaluar la situación de tantos incriminados y sospechados y, sobre todo, de las pruebas arrimadas al sumario. Pero “desde arriba” le han cerrado, parcialmente, la causa, enfocando sólo a cuatro o cinco personas. Algo así como un mamarracho jurídico.
¿Por qué se apuró el “ministro instructor”? Había que cambiar el humor de la gente que, a los gritos, pide que se detenga a funcionarios, proveedores, concesionarios del transporte urbano de pasajeros y escribanos que tuvieron total participación en la idea y ejecución de las tantas y presuntas irregularidades que se cometieron en la municipalidad de la Capital, gobernada, justamente, por un radical que ya no quería ser kirchnerista.
Daives sabe que si el juez Coria Vignolo profundizaba la investigación iba a terminar metiendo presos a los “prohijados” por la Casa de Gobierno. Creyó, equivocadamente, que con el procesamiento parcial de Julio y de su hermano va a acabar con el rumoreo callejero de que si no se encarcela a los verdaderos cómplices (“testigo-socios”), esta causa es una parodia.
No es la primera gran intervención del “ministro instructor”. Ya mostró su influencia cuando le exigió a Gustavo Herrera que asumiera como vocal de un tribunal de alzada en el fuero Criminal y Correccional y dejara el juzgado. Claro, el añatuyense había tomado la decisión firme de mandar entre rejas a los cinco o seis “protegidos”.
Luego Daives trajo a Coria Vignolo de Las Termas de Río Hondo para que se hiciera cargo del juzgado y de la mediática causa. Fue el “ministro instructor” el que lo nombró allá, en la ciudad de la que el alto funcionario es oriundo, por considerarlo un joven capaz y, además, un “buen correligionario”. Tantos elogios le hizo Daives a Coria Vignolo que apenas llegó al juzgado termense se dedicó a atender causas en las que estaba interesado su “jefe” y ha entregarles vehículos automotores al jefe de Despacho del Ministerio de Justicia y a otros allegados de esa área gubernamental.
De todos modos, si Coria Vignolo es capaz y es serio, como dice Daives, no debería haber firmado esa “resolución”. Un magistrado de verdad no puede soslayar –con calificativas legales que permiten mantenerlos en libertad- a testigos que declararon (los va a encontrar si lee las instrucciones labradas por Gustavo Herrera) haber sacado valijas repletas de dólares, prestado el nombre en propiedades que compraba el ex intendente, firmado compras de empresas fantasmas, o empresarios transportistas que entregar parte de sus ganancias a cambio de que se les otorgara el servicio en forma directa.
Es hora de que el gobernador Zamora tome al toro por las astas, olvidándose de que de la noche a la mañana su ex “ahijado” político y sucesor en la comuna capitalina, “Julito”, se transformó en su peor enemigo. Al margen de ello, tiene que obligar a su “ministro instructor” y al quien figura como juez de la causa, que transiten por sendas claras (transparentes, como corresponden a la Justicia), de modo que la ciudadanía advierta que se ha investigado sin prejuicios y se resuelve conforme a Derecho.
No le debe importar al gobernador que a fines de agosto o a principios de septiembre del año próximo, su Frente Cívico tiene que “parar” un candidato (o candidata) a intendente en la Capital. Hay que evitar dejarse influir por los susurros de sus “operadores” que tanto le hablan de “los tiempos políticos”, pensando que si procesan y condenan a Alegre y a su hermano van a reconquistar (los radicales-kirchneristas) las voluntades del electorado capitalino.
Seguro que podrían volver a convertir a la Capital en el bastión del zamorismo-kirchnerista, si es que deciden hacer caer el peso de la ley a todos y cada uno de los responsables de los supuestos delitos.
Por ahora, practicando las detenciones y procesamientos “selectivos”, van por mal camino.
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