Por Emilio Rached, senador radical por Santiago del Estero
Las partidas destinadas a la provincia reflejan un incremento de las erogaciones en materia de jubilaciones y pensiones asistenciales, en detrimento de la inversión en salud, educación e infraestructura.
El Senado de la Nación se apresta a sancionar el Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional 2010, que para el próximo ejercicio contempla erogaciones por un total de $ 273.129 millones, de los cuales $ 3.515 millones serán ejecutados en Santiago del Estero.
Si bien los recursos que se destinarían a nuestra provincia resultan superiores a los proyectados para el ejercicio actual, el monto en cuestión representa sólo el 1,29% del gasto global de la Administración Pública Nacional, lo que nos ubica fuera del ranking de las diez provincias más beneficiadas.
Además, si dividimos esa cifra por la población de Santiago -883.573 habitantes en 2010 según proyecciones del Indec-, resulta que el año entrante por cada santiagueño el gobierno nacional calcula gastar 3.979 pesos, monto siete veces menor al gasto per cápita en Capital Federal (29.715 pesos) y tres veces inferior al de Santa Cruz (11.960 pesos).
Por otro lado, al analizar las principales variaciones del presupuesto, podemos observar que el incremento de partidas con destino a la provincia se explica en gran parte por el aumento de las erogaciones en materia de prestaciones de la Anses. Dicha circunstancia tiene que ver con la estatización de las Afjp -que implicó la incorporación de miles de jubilados al régimen de reparto- y con la aprobación de la Ley de Movilidad Jubilatoria.
Para esos fines, Santiago recibiría $ 1.614 millones, nada menos que el 46% del total de gastos que la Administración Nacional prevé ejecutar en la provincia.
También se destaca la ampliación de las partidas para asistencia social, ya que el ministerio a cargo de Alicia Kirchner planea gastar 479 millones en Santiago, es decir, un 85% más que lo estimado en la Ley de Presupuesto 2009. De ese total, $ 407 millones se aplicarán al financiamiento de Pensiones No Contributivas y otros $ 40 millones al Programa “Familias por la Inclusión Social”, distribuyéndose el resto entre partidas menores, como las destinadas a Comedores Escolares ($ 9 millones).
En cambio, uno de lo rubros que registra una importante caída es la inversión en infraestructura y obras públicas, situación expresada en las erogaciones correspondientes al Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios, cartera que, respecto a la Ley de Presupuesto anterior, proyecta un gasto notablemente inferior en la provincia.
Así, las partidas destinadas a obras previstas por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENHOSA) y el Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), todos ellos dependientes del Ministerio Planificación, registran en conjunto una disminución de 37%, lo que significa que por esos conceptos en Santiago se invertirían $ 78 millones menos que lo estimado en el proyecto aprobado a fines del año pasado.
A esto se añade el hecho de que la gran mayoría de las obras viales proyectadas ya estaban incluidas en presupuesto 2009, e incluso en los presupuestos de ejercicios anteriores.
También se observan importantes recortes en el gasto nacional para construcción de viviendas mediante el Programa Techo Digno, así como en el destinado a la realización de obras energéticas a través de Fondo Eléctrico de Desarrollo del Interior.
Otra de las áreas afectadas por contracciones presupuestarias es la Salud, cuya participación en el total de gastos de la nación en la provincia, será inferior al 1%. Y aunque el Ministerio de Salud durante el año próximo espera invertir en Santiago $ 21,5 millones -con una variación del 4,4% en relación a la Ley de Presupuesto 2009-, si descontamos el efecto de la inflación la diferencia en términos reales sería negativa.
Otro tanto ocurre en el ámbito educativo. El proyecto remitido al Congreso estima que, en 2010, el Ministerio de Educación de la Nación ejecutará aquí un total de $ 272 millones, cifra que representa un incremento nominal apenas superior al 15% y que contrasta, por ejemplo, con el crecimiento de los recursos para pensiones asistenciales (79% mayores a los previstos para el ejercicio actual).
En materia de seguridad, uno de los puntos positivos a destacar, en vista del creciente narcotráfico que padece Santiago, es la ampliación de partidas afectadas a financiar las actividades de Gendarmería. Dicha fuerza recibiría el año entrante un total de $ 57 millones para operar en la provincia, lo que significa un aumento de casi el 60% respecto a la Ley de Presupuesto 2009.
En definitiva, las previsiones presupuestarias para Santiago del Estero se encuentran en línea con los objetivos trazados por el gobierno nacional, que, en un contexto de desaceleración del ritmo de crecimiento del gasto público, ha optado por privilegiar políticas asistenciales y recortar inversiones en infraestructura, salud y educación.
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