viernes, 17 de septiembre de 2010

Los Kirchner quieren nacionalizar la banca

El proyecto de ley de reforma de entidades financieras (“una ley de proceso”, como manejan en el discurso los K), tiene en su haber secretamente la nacionalización de la banca  y la profunda intervención del Estado a través de Banco Central.
No es tan lineal como la gente cree, pero se hará en forma indirecta a través de controles a los encajes bancarios. Por ley, el “gobierno podrá dirigir ese dinero a “obras públicas o créditos” y el Estado garantizara la “devolución de esos créditos”.
¿Qué significa nacionalizar los depósitos? Que el Estado asume el rol de prestamista de última instancia.
¿Qué significa nacionalizar la banca? Que el Estado se convierte en el único banquero. Los miembros del G-7 no están lejos de dar ese segundo paso. Y no se puede descartar que alguno de ellos se vea obligado a darlo en algún momento.
Dos preguntas y dos respuestas que clarifica la “propuesta de los K”: manotear los depósitos indirectamente.
Los principales puntos de la reforma son:
-Convertir al sistema bancario en una institución para la promoción del desarrollo, en forma coordinada con el Banco Central de la República Argentina
-Cambiar el posicionamiento estratégico del BCRA en el sistema bancario. El Banco Central dejaría de ser un mero controlador de entidades para incorporar la posibilidad de realizar política monetaria activa a través de la organización de redescuentos para otorgar créditos a pymes, fijando mediante ese instrumento las condiciones de plazo, las tasas y el régimen de penalidades.
-Redireccionamiento del crédito. La nueva ley apunta a establecer límites al porcentaje de la cartera de crédito de las entidades que pueden ser destinadas a consumo y financiamiento del Estado, empujándolas de esa forma a incrementar el financiamiento a pymes. Para redireccionar el crédito, se podrían establecer encajes fraccionados.
-Poner topes a los costos de financiamiento que pueden cobrar los bancos. Se podría establecer que el BCRA otorgue redescuentos a bancos comerciales a una tasa equivalente al 50% de la tasa utilizada para operaciones activas del Banco Nación.
-Exigir la presencia de las entidades bancarias en todo el país. La actual ley no exige una presencia mínima de entidades en determinadas regiones y actualmente el 81% del crédito al sector privado se concentra en cuatro provincias: Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

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