miércoles, 9 de mayo de 2012

¡Grave, un ganadero usurpador invitado por el Inta Santiago!


Por el Consejo de Comunicación del pueblo diaguita cacano.
Delegados de pueblos indígenas de Atamisqui, analizan los maltratos de la policía y la indiferencia del funcionarios del gobierno de Gerardo Zamora.
Entre los días jueves 8 y domingo 11 de mayo, se realizará en Santiago del Estero el 2º Congreso Nacional de Sistemas Silvopastoriles, organizado por el Inta, con el “objetivo de contribuir al diseño de sistemas de manejo integrado que contribuyan simultáneamente a la mejora de la productividad, el bienestar social y la conservación ambiental”.
En esta oportunidad, en un panel de experiencias silvopastoriles de los productores, el jueves 10 de mayo, disertará Ricardo Remondino, quien en el programa del Congreso aparece vinculado a la “Estancia Toro Human, Santiago del Estero”.
Ricardo Remondino es un productor ganadero de la provincia de Santa Fe y, la mal llamada “Estancia Toro Human”, es en realidad Toro Uman, en el departamento Atamisqui, parte del territorio del Ayllu Cacán de Codo, comunidad indígena perteneciente al Pueblo Diaguita Cacano. La “Estancia” no es otra cosa que un campamento que mantienen desde el año 2007 estos empresarios, donde construyeron hornos para hacer carbón, ubicado en el corazón de El Alto, bosque nativo categorizado como “rojo” o “categoría I”.
Por otra parte, el territorio de esta comunidad indígena fue relevado, según lo determina la ley nacional 26.160, por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, en el año 2009.
En octubre del año pasado, en oportunidad en que Remondino era aceptado como nuevo socio del Rotary Club de la ciudad de Galvez (Santa Fe), haciendo referencia a una “placita” que armarían en Hoyón (Atamisqui), comunidad vecina, con la colaboración del Inta, expresaba: “Comencé a pensar en cómo ayudarlos, me pareció bárbaro traer el tema del intercambio de gente, el conocer realidades tan distintas, yo me enamoré de aquellos lugares, y entendimos que va a ser una linda experiencia para todos”. Esta experiencia consistió en una delegación que partió desde Gálvez transportando ropa, útiles escolares, tambores para transformarlos en caballitos de plaza y mangueras para riego de los árboles.
Tal vez por su condición de reciente adquiriente de la escritura de este campo, seguramente transferido a él por Elizabeth Mireya Freidemberg, quien a su vez lo recibió de Juaire (testaferro de la empresa Genética del Este, propiedad de la firma Bustingorri Hnos,), todo esto en un plazo menor a cinco años, desconozca los siguientes temas:

Graves denuncias



Mujeres de la Unión Solidaria del Pueblo Diaguita Cacano, sufren la persecución del gobierno zamorista.
-Hacia finales del año 2007, ingresa violentamente la empresa Genética del Este en el territorio de la comunidad con tractores, maquinaria pesada, topadora, rolos, y destruye posesiones de las comunidades: cercos de siembra, potreros, deslindes ancestrales, caminos vecinales, plantaciones de árboles, etc; destruye una importante masa de bosque nativo y, destruye valiosos sitios arqueológicos, profanando lugares sagrados y cementerios indígenas de las comunidades.
-En junio del año 2008, el juzgado del Crimen a cargo de Jorge Salomón, por el supuesto delito de “daños”, imputa a Zenón Barraza (consejero del Ayllu Codo), su hijo Hernán Barraza, Bernardino Barraza (Atuniyku -cacique- del Ayllu), Hugo Leguizamón (consejero del Ayllu Puncu Atun), al anciano Nemesio Sequeiro y a su hijo Sandro.
-En septiembre del mismo año es privado ilegalmente de su libertad por personal policial de la seccional 20 de Villa Atamisqui, Nemesio Sequeiro, cuando se hallaba en el hospital; y uno de sus hijos, Enrique, cuando fue a la comisaría a preguntar por su padre. Fueron liberados luego de la intervención del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai).
-A los pocos días, Reina Coronel (Ayllu de Codo, esposa del consejero Durval Barraza) fue salvajemente agredida a latigazos y patadas en el camino entre la comunidad y Villa Atamisqui por una pareja de lugareños simpatizantes de los empresarios. Cuando se dirigió al hospital se le negó atención y cuando fue a poner la denuncia en la citada seccional policial se halló con que sus agresores conversaban con el oficial Argañaraz, quien decidió encerrar a Reina con quien la había agredido, en la misma celda, mientras les decía “allí adentro pueden matarse si quieren”.

Funcionarios y jueces contra los pobres

-El 20 de noviembre del 2008, el Pueblo Diaguita Cacano, presenta una nota ante el jefe de Gabinete de Santiago del Estero (Elías Suárez), y al ministro de la Producción (Luis Gelid), solicitando se cumpla con el convenio 169 de la OIT y las leyes nacionales 24.071, 26.331 y 26.160 y, en consecuencia, “se incluya dentro de la Categoría I a la región boscosa conocida como El Alto, territorio y hábitat de comunidades indígenas”. Ese mismo día, en horas de la noche, una patrulla policial encabezada por el oficial Enríquez, enviada por el subjefe Leiva, en la localidad de Toro Uman, ingresó a un domicilio particular sin orden de allanamiento y detienen a Santos Acosta (consejero del Ayllu Codo) y a Ubaldo Rojas, de la misma comunidad. En el período de detención son torturados física y psíquicamente por el subjefe Leiva, quien golpeaba a uno de ellos gritándole “¡así que vos sos indio!”, mientras acusaba a ambos de haber cortado el alambrado de la empresa.
-El 2 de marzo del año 2009, el juez Juan Jorge, ordena la intervención en las casas de las comunidades de los ayllus de Puncu Atun y Codo,del Getoar (Grupo Especial Táctico para Operaciones de Alto Riesgo), conjuntamente con efectivos de Villa Atamisqui y Brea Pozo. En esa ocasión detuvieron a cinco miembros de las comunidades, entre ellos un anciano de más de 80 años, Cecilio Barraza, quien fue esposado y arrojado desnudo a un hormiguero donde lo dejaron durante más de 4 horas. En el mismo procedimiento fueron duramente golpeados otros ancianos, niños que estaban preparándose para asistir a su primer día de clase y mujeres. En la seccional 20 de Villa Atamisqui, antes de ser trasladados a Alcaidía de Tribunales, los detenidos fueron desnudados y humillados en su dignidad.
-El 15 de mayo del mismo año, el juez Ramón Tarchini Saavedra ordena el secuestro de los animales de las comunidades, principal fuente de alimentación de las familias. El 8 de octubre, después de casi cinco meses de reclamos, manda a decir verbalmente a través de un instructor del juzgado, que dejen de preguntar por los animales (más de 120 vacunos y yeguarizos), porque ya están todos muertos.
Nos preguntamos si en el panel de Experiencias Silvopastoriles donde participará Remondino, invitado por el Inta, en el marco del congreso, se hará conocer también esta otra historia, de la feliz implementación de un Plan Productivo “sustentable”, aprobado por la dirección provincial de Bosques, en la autodenominada “Estancia Toro Human”.

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