Cambiar la Ley de Radiodifusión: fruto del pensamiento de la izquierda

Por Julio Bárbaro (especial para Arena Política). Nota I

Es más maduro simular afecto que amenazar con un revólver sin balas.

La idea de cambiar la Ley de Radiodifusión es fruto del pensamiento de la izquierda, es ella la que imagina a la realidad modificable por las normas, y la que intenta superar la debilidad con la agresión. Es un sector enamorado de la confrontación y la derrota, no suele ser la mejor compañía.

Los peronistas pensamos distinto, conocemos la dialéctica entre los intereses de los poderosos y las necesidades de los humildes, y en lugar de envidiar o competir con el poder de los ricos intentamos ponerle límites y ayudar a los necesitados.

Hablar de una nueva ley cuando la mayoría parlamentaria es discutible implica declarar que duelen los golpes recibidos, y que se extraña el poder perdido.

Es un sueño de fortalezas pasadas que sólo remite a debilidades presentes. Impulsan la ley algunos sectores intelectuales sumados a otros dueños de medios ilegales, dos miradas tan respetables como secundarias de hecho. Nos hablan de un tope al número de licencias, un pensamiento medieval anterior al invento de la anónima y el testaferro.

Hay una ley de bienes culturales que pone un límite al capital extranjero y un convenio con los EEUU que nos entrega de pies y manos, resolver esto es anterior a toda ley. En radios tenemos una distribución de frecuencias amplia, donde si hay concentración es en la audiencia, y eso es tan poco modificable como los resultados electorales.

El gobierno otorgó diez años de prorroga a todas las licencias de radio y televisión, en un gesto de libertad de prensa que lo honra y que debe reafirmar y no arrepentirse. Es absurdo considerar el derecho de los que carecen de licencia y sólo ensucian el espectro, como posibles permisionarios. En medio de bailantas y pastores algunas vocaciones de periodistas honestos no son excusa para sostener semejante caos comunicacional.

En toda sociedad normal una radio ilegal implica un delito, decidamos que es lo conforme a derecho y actuemos en consecuencia. Toda dilación sobre ese tema implica una flagrante injusticia tanto para los que estando en regla son agredidos como para los que estando en falta son engañados con promesas de imposible cumplimiento.

Nuestro conflicto real está en la televisión, espacio donde lo pago tiene un desarrollo de los mayores del mundo y la pobreza de lo gratuito deja al treinta por ciento de la población al margen de este beneficio de la modernidad.

El Canal Siete es una antigüedad de la televisión de aire, cuando había sólo cuatro canales y el del Estado tenía repetidoras donde el privado no era rentable. Hoy con un setenta por ciento de la población con servicio pago superior a las setenta señales que el Estado mantenga un enorme aparato para una sola señal es mas una manera de enrostrar la injusticia que una solución a la misma.

A más de cien kilómetros de esta capital el que no tiene servicio pago no tiene garantía de recibir más que alguna señal de aire de muy mala resolución. Y luego, dentro de los servicios de cable se debe facilitar la participación de todas las señales que se generen y tengan posibilidades técnicas, tratando de que no sea solo el distribuidor de las mismas el que decida los contenidos que transporta.

La libertad de prensa es un lugar equidistante tanto del poder del Estado como de las desmesuras de los privados.

En esencia evitar el monopolio es la función del Estado, y lograr que todos los sectores se sientan reflejados y expresados en los medios es la definición de pluralismo.

Y aquí es donde aparece el debate sobre el espacio de los medios y la publicidad de los gobiernos y los privados.