La farsa del “caso piratas del asfalto”

Los “piratas del asfalto” santiagueños robaban “a pedido” de proveedores del Estado de Santiago del Estero.

Camiones robados en atracos en las rutas. Todos con mercaderías y el mismo destino: la provincia de Santiago del Estero. Una de esas bandas escondía las cargas mal habidas en una casona de El Zanjón.
Tras marchas y contra marchas, fueron detenidos tres presuntos piratas del asfalto. De ellos, algunos dijeron la verdad y desvelaron los nombres de los realmente beneficiarios de estos atracos perpetrados en rutas del país. Como que un proveedor del Estado (en la actualidad), guardaba dos chasis robados (semi térmicos) en uno de sus depósitos, en el parque Industrial.
Es que los detenidos, algo así como “perejiles”, han comenzado a soltar prenda y parece que las cargas robadas tenían destinos bien determinados: empresarios allegados al gobierno y proveedores, justamente, de víveres al Estado santiagueño. De ahí, a que llenaban los bolsines que venden al gobierno con mercaderías robadas, no hay trecho alguno.
La sospecha es grave, y nadie cree que la justicia vaya a profundizar su investigación. Todo va a quedar a mitad del camino: detención, procesamiento y liberación de los tres “perejiles”.

Un juez equivocado

Sorprende lo que está realizando el juez del Crimen de la justicia ordinaria de Santiago del Estero, Miguel Moreno, quien debería conocer que nada tiene que hacer con estos “piratas del asfalto”. Sencillo, los robos fueron cometidos en jurisdicciones de otras provincias; rutas de Buenos Aires, Entre Ríos, etc.
Consecuentemente, “Coquito” (apodo con el que se lo conoce en La Banda al magistrado), tiene la obligación legal de informar a los jueces de los lugares y jurisdicciones en lo que se cometieron los delitos.
Él no tiene jurisdicción y competencia. Si Moreno no conoce o no recuerda este aspecto de Derecho Procesal, el Superior Tribunal de Justicia podría recibirlo en una breve audiencia y brindarle un pantallazo sobre jurisdicción y competencia. De entrada, los superiores del juez Moreno tendrían que interesarse si el tribunal inferior ha realizado el trámite, elemental, de remitir exhortos a los jueces de otras provincias en los que los “piratas de asfalto” cometieron sus fechorías.
A esos jueces les debe remitir la mercadería y los vehículos secuestrados, en razón de que son los únicos (con jurisdicción y competencia) a los que constitucionalmente se habilita para investigar, detener, excarcelar, etc., a los culpables y cómplices.
Está el caso de Expreso Rivadavia, una empresa de transporte tucumana, que reclama la devolución de 28.000 kilos de productos secuestrados (herbicidas, fertilizantes y agroquímicos), que fueron robados en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, donde el camión de esta firma fue interceptado por nuestros “piratas del asfalto”..

Picardía

Si bien el juez “Coquito” Moreno no tiene antecedentes como penalista (fue empleado administrativo de la comuna de La Banda y, en los ratos libres, manicuro y coiffeur de una importante dama del otro lado del río), debería repasar el Derecho Procesal; el mismo al que recurre cuando se trata de ladrones de poca monta.

Juez Moreno, sin jurisdicción y sin competencia.

De todos modos, cuando muchos abogados del foro comentan la actuación de Moreno, a quien lo definen como “ilustre desconocido” en el Palacio de Tribunales, “Coquito” sabe que no tiene jurisdicción y competencia. Está procediendo con picardía.
Va a dejar pasar el tiempo sin detener a los “peces gordos”, a los amigos del poder y a los proveedores del Estado provincial. Sin importarle, por ejemplo, que estos poderosos son los que se encargaban de comprar la mercadería robada.
Luego, en tres o seis meses, los “perejiles” van a ir recuperando sus libertades.
Frente a este panorama, nadie sabe a dónde van a tener que recurrir los dueños de las mercaderías o de las empresas de transporte asaltadas para recuperar sus pertenencias y exigir justicia.
“Coquito” se debe creer que él y los policías a su cargo son vivos y que los santiagueños son todos imbéciles y no detiene a los destinatarios que “esperaban” las cargas. O al empresario que no sabía que en sus galpones tenía desde hace una semana escondidos los dos semi térmicos robados.
Son muchos implicados que tienen parentela y amistad con el poder político.