miércoles, 24 de junio de 2009

UTHGRA denuncia hechos irregulares

A través de un parte de prensa, la Unión de Trabajadores del Turismo, Hotelero y Gastronómicos de la Republica Argentina ha denunciado que "habiendo tomado conocimiento por planteos de diferentes afiliados de hechos irregulares de parte de un grupo de inescrupulosos, esta entidad sindical les hace saber que no se esta realizando ningún tipo de “relevamiento” o similar".

Asimismo, han solicitado a sus afiliados que "si personas extrañas les solicitan la firma en planillas o papeles con membretes de la institución deben negarse a realizarla".

"Es de señalar que la existencia de obscuras maniobras de parte de personas que no son afiliados a esta entidad y que invocando una condición que no detentan, realizan una serie de maniobras ilegales solamente para favorecerse en forma personal o a beneficio de determinadas patronales ha llevado a que se realice una presentación en la Justicia penal para que se investigue los hechos acá señalados por considerar que los mismos estarían delinquiendo", enfatizan.

"Expresamente no están autorizados a ningún tipo de gestión o similar personas que están desvinculadas de la Conducción de esta Seccional y quienes invocan condición de trabajadores del sector cuando en realidad no lo son y son solamente funcionales a determinados empresarios del medio", concluyen.

Contame primo: ¿Qué está pasando en Santiago?

Por Virginia Vulrrich

Se viene la curva final en la carrera electoral. Todo está dispuesto a pedir de boca. Es que sólo participarán aquellos que pudieron imprimir sus boletas, es decir que les alcanzó el mango aunque más no sea para presentar las listas.

¿Publicidad? No, no hay, está cara. ¿Alguna entrevista en los medios de difusión masiva para exponer el producto? Nada, hermano. Aquí todo es oficial, ningún propietario de los medios tradicionales es capaz de darle una oportunidad a los que recién se inician.

Ya se sabe, aquí todos juegan con la boleta del oficialismo.

El primo foráneo movió la cabeza de un lado a otro y dijo: “No puedo entender primo lo que está pasando en esta provincia. Ni en las mejores épocas del juarismo se vio tanta obsecuencia junta y tanta mezquindad”.

Así están las cosas le dijo el primo (santiagueño), al primo (tucumano), y acotó: “Este es el nuevo Santiago, el que, según los anuncios oficiales, está cambiando”.

“No lo sabía”, se escuchó como respuesta.

Pero el local insistió en explicaciones: “¿Y en qué consisten los cambios? Y, bueno, hay cosas que vos no conoces. Por ejemplo aquí mataron a 39 presos en el Penal de Varones y todavía no hay responsables de esa masacre. Todos saben quién es el responsable. Todos lo señalan y lo nombran con nombre y apellido, pero, el mandamás mira para otra parte cuando se toca el tema y lo confirma en el cargo”.

Exclamó e interrogó el foráneo: “¡Pero qué calamidad! ¿Y nadie dice nada?”

El santiagueño no se hizo esperar. “No. Porque a nadie le importa nada de nadie. Si te vas a quejar en la policía te meten preso, porque son cómplices de la impunidad. Aquí, en la dirección de Rentas trabajaba un señor de apellido Domínguez. Un día lo citó la policía para que preste declaración testimonial por un asunto de ‘choreo grande’ que se estaba investigando y el hombre apareció varios días después, pero muerto. Y como te imaginarás, nadie preso, todos impunes”.

Siguió el relato: “Es lo mismo lo que pasó con unas vacunas. ¿Sabes lo que hicieron?, usaron a los niños pobres como experimentos para probar sus efectos y, como es de suponer, todos fallecieron. Pero nadie dice nada. Todos evitan hasta los comentarios sobre este caso”.

El tucumano estaba como loquito: “Dígame primo ¿y la Iglesia Católica?, ¿ya no existe en esta provincia? Y ¿ los representantes de los Derechos Humanos? Y ¿los dirigentes gremiales? Y ¿los periodistas incorruptibles? Y ¿la izquierda denunciadora? Y ¿los defensores del Pueblo provincial y municipal? Y ¿los fiscales de turno?”.

El santiagueño, fastidiado por el rumbo del diálogo, le dijo: “Te cuento en síntesis, porque si me detengo a explicar vos no me vas a creer y no voy a acabar.

“¿La Iglesia?. Hace varios años que murió el obispo Gerardo Sueldo.

“¿Derechos Humanos? Todos están nombrados en la Jefatura de Gabinete, donde se aseguraron al nombrarlos con buenos contratos, así nadie denuncia.

“¿Los gremialistas? Todos ricos, todos funcionarios.

“¿Periodistas incorruptibles? ¿Me está cargando, primo?

“¿Izquierda denunciadora? Mirá, ya ni el nombre de izquierda les quedó. Están todos acomodados con el gobierno.

“¿Defensores del Pueblo? Esos nunca defendieron nada. Es el cargo más inútil que existe. Sólo sirve para cobrar sueldo. No los conoce nadie.

“¿Fiscales de turno? Con el Consejo de la Magistratura que tenemos ya no se llaman más fiscales. Ahora son “chacales” al servicio del patrón y si te pueden ‘garcar’, te ‘garcan’”.

El visitante saltó: “¡Cheeeeeé. La pucha que había cambiado este Santiago!”.

“Así es primo, ya le están por cambiar el nombre. Parece que se va a llamar Zacondo. (Mitad Zamora, mitad Macondo)”, concluyó gracioso el santiagueño.

Politiqueros recorrieron una ruta que Rached (el único), busca ampliar y reparar


Todavía por estas horas los candidatos y políticos provinciales, sobre todo los que se suben al extraordinario aparato del Frente Cívico, han soportado los trastornos de la “ruta olvidada” como es la 89, en el tramo que va de Taboada (San Martín) a Suncho Corral (Ibarra).

Hasta ahora, ninguno de los capitostes ha pronunciado una sola palabra para prometer iniciar gestiones a nivel nacional para terminar con este símbolo del atraso santiagueño, como es la popular “ruta a Suncho” la que, como se sabe, solamente tiene espacio para un solo automotor. Por ello, en los cruces, los vehículos descienden con sus ruedas derechas a la tierra, para evitar el encontronazo.

El único que está trabajando e indagando en Buenos Aires sobre el estado y los trabajos de mejoramientos de esta ruta, es el senador nacional radical por Santiago del Estero, Emilio Rached.

Incluso, se sabe que el legislador de Pinto ha presentado un proyecto a fin de que el Poder Ejecutivo Nacional eche una mirada a este camino trazado y diseñado para unir a Santiago con Chaco y el Litoral Argentino.

Dijo Rached a Arena Política: “La ruta nacional Nº 89 tiene una importancia estratégica para la provincia de Santiago del Estero, por cuanto resulta esencial para su desarrollo productivo y económico. Se la denomina la ‘Ruta del MERCOSUR’ porque, precisamente, conecta nuestra provincia con las provincias limítrofes a los países de este Mercado Común”.

Reiteró que la calzada de esta ruta, en el tramo que une las ciudades de Taboada y Suncho Corral, es de una sola mano obligando a los vehículos a salir a las banquinas ya sea derecha o izquierda, según sea el caso, cuando hay un cruce frontal de automotores o en maniobras de sobrepaso, y sostuvo que esta situación genera una alta peligrosidad.
Asimismo, apuntó: “Si bien ha habido anuncios oficiales respecto de la construcción de una nueva ruta en este tramo, lo cierto es que hasta el momento no se conoce la situación del trámite correspondiente lo que obliga a la presentación del presente pedido de informes. La construcción de la ruta nueva en este tramo permitiría una mejor comunicación entre las ciudades que une y evitaría los accidentes de transito que con frecuencia se suceden”.

martes, 23 de junio de 2009

Comicios con la basura debajo de la alfombra

Pareciera que los santiagueños vamos a concurrir a elegir diputados nacionales, el domingo, sin reaccionar como verdaderos ciudadanos frente a graves situaciones que vienen ocurriendo en la provincia, de la mano de éste Frente Cívico que nos gobierna.

La alianza gobernante propone la reelección de dos dirigentes (Daniel Brué y Cristian Oliva) que durante cuatro años no abrieron la boca para defender al “pueblo de Santiago del Estero”, para lo cual fueron elegidos en el 2005.

¿Para qué se los postula por otros cuatro años? ¿Es una burla? ¿Es una subestimación a la gente?

El gobernador Gerardo Zamora se ha puesto al frente de la campaña pre-electoral y se prepara, según sus íntimos, a darle un alegró al kirchnerismo con una victoria en todos los circuitos electorales de la provincia; aunque parece que peligra la tercera banca, la que podría ser ocupada por una de las fracciones opositoras (“Chabay” Ruiz o José Zavalía).

El gobernador se expone y, por tanto, merece, entonces, entrar en su juego y poner en la balanza su gestión que transita por el quinto año. Esto significa echar una mirada responsable en los hechos gravísimos que conmovieron a la provincia, al país y hasta al mundo.

Veamos, a la hora de emitir el voto, el ciudadano y la ciudadana tienen el deber de recordar lo que viene ocurriendo en el “Nuevo Santiago”. Por ejemplo, preguntarse por el resultado de las investigaciones sobre los 39 presos que fueron asesinados en la Cárcel Pública de Varones; averiguar por los policías y el juez que citaron, torturaron y mataron al empleado Raúl Domínguez de la dirección general de Rentas por atreverse a denunciar la existencia de timbradoras apócrifas que perpetraron millonarias estafas contra el fisco; preocuparse por los padres de los quince niños que murieron al ser sometidos coercitivamente al experimento de una vacuna de un laboratorio extranjero que pagó abultados honorarios a médicos del hospital de Niños; intentar escudriñar cuál sigue siendo la causa por la que nuestros jueces y camaristas del fuero Penal se mantienen en comisión y, entre otros temas, interrogar por qué ningún funcionario de este gobierno cumple con el precepto constitucional (artículo 8 de la Constitución provincial) de la publicidad de los actos de gobierno.

También el ciudadano y la ciudadana tienen que asombrarse por la ausencia absoluta de los obispos de la Iglesia Católica de Santiago del Estero, de los curas de la Pastoral Social, de los medios nacionales (como Crónica o TN) y de los analistas renombrados (locales y foráneos), que hace seis años se unieron para derribar al entonces gobierno provincial acusándolo de violador de los derechos humanos (por el doble crimen de La Dársena) y por mantener una administración sin calidad institucional, sin Estado de Derecho y sin la división de los poderes públicos.

Cayó Mercedes Marina Aragonés de Juárez, hay que recordar, acusada de “apañar” a los autores del doble crimen de La Dársena y por “aferrarse” a la suma del poder público.

Hoy, a cinco años del actual gobierno del Frente Cívico, ¿qué habrá que hacer para conmover a los campeones de la democracia y la institucionalidad (de Santiago y foráneos), para que ayuden a los ciudadanos comunes a saber quién mandó a fusilar a los presos de la cárcel, a torturar y descuartizar al empleado Domínguez, a matar niños indefensor con una vacuna experimental, etc.?

Por ello, hay que ir a votar. Masivamente, pero con la obligación y el deber de no permitir que se siga escondiendo la basura debajo de la alfombra. El voto es la única herramienta que tienen el hombre y la mujer común para premiar o castigar, alternativamente, a los gobiernos excelente y a los malos administradores.

El domingo, con el voto, por ejemplo, podríamos ayudar a esclarecer las execrables muertes que han ocurrido en nuestra provincia en los últimos cinco años, y a exigir también que quienes nos gobiernan aprendan a administrar la cosa pública con honradez y a convivir en una verdadera democracia con jueces independientes, una Legislatura que controle y dicte leyes a favor de la comunidad y una plena libertad de prensa y de expresión.

Por todo ello, ¡santiagueños, a avanzar!

Se viene una lluvia de denuncias


Por Deyes Sosa

A partir del primero de julio, si el resultado electoral le es adverso -como se supone-, al matrimonio gobernante, los argentinos debemos prepararnos para recibir una verdadera "lluvia de denuncias" que se encuentran escondidas en los juzgados por el imperio de la impunidad gubernamental.
El titular de la Asociación Civil Anticorrupción, el abogado Ricardo Monner Sans, presentó el lunes 22 una denuncia penal en la Justicia Federal para que sean investigados cuatro hechos irregulares que involucrarían a la presidente Cristina Fernández de Kirchner, al secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y al titular del Comfer, Juan Garbriel Mariotto.

En efecto, se le requiere al juez Marcelo Martínez de Giorgi que verifique si un avión privado de la petrolera Repsol-YPF, "propiedad de españoles", que llegó de Europa a recoger a la presidenta Cristina Fernández y la transportó a Ginebra a la reunión de la OIT.

Monner Sans cuestionó el supuesto alquiler del flete aéreo que transportó a la Presidenta hasta Suiza. “¿Cuánto costó esa contratación, y de haber sido una 'gentileza' de la siempre privilegia Repsol-YPF, cómo se compadece ello con las directrices de la ley de Ética Pública 25.188?", es la pregunta aun sin respuesta.

También hay otra denuncia que se refiere a la agencia estatal de noticias. El abogado pretende que la justicia determine si la Presidente le quitó a Télam la ejecución de la pauta publicitaria oficial correspondiente a la AFIP, el PAMI y las superintendencias de Salud, Riesgos de Trabajo y Seguros. Lo de siempre, el manejo de la torta publicitaria. En ese caso, pidió que se aclare “¿quién o quiénes la han sustituido?" en el manejo de ese dinero público.

Otra denuncia esta referida al inefable secretario de Transporte. El diario La Nación reveló a fines de mayo que Ricardo Jaime utiliza a piacere un jet privado con matrícula de los Estados Unidos, valuado en más de 4 millones de dólares.

Ahora, Monner Sans exigió saber “de quién es la sociedad titular del sofisticado aparato" para establecer si el funcionario incurrió en los delitos de cohecho, administración fraudulenta, designaciones ilegales e infracción a la ley de Ética Pública.

El mediático letrado quiere saber sobre la designación de Juan Gabriel Mariotto al frente del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER). De acuerdo a la presentación, podría tratarse de una ilegalidad ya que el funcionario tuvo una radio comunitaria en Temperley, luego vendida a "Aribet SRL". Esa emisora habría sido declarada ilegal por el ente regulador, pero de todas maneras consiguió un permiso precario en 2005.
A nivel local, bien podríamos pedir a Monner Sans que investigue qué tiene que ver Eduardo Fellner con la designación de Pedro Simón como fiscal del Juzgado Federal local. Porque, en una de esas, también paramos la designación o promovemos la denuncia.

La sequía de efectivo y los partidos políticos


Por Juan Del Campo
Nos informa la agencia @DIN que: "Unión por Santiago", grupo de la derecha neoliberal que se presenta a las elecciones santiagueñas con este nombre, está utilizando el logotipo de Ubuntu, empresa internacional del grupo Linux".

Muchos estarán pensando ¿cuál es el negocio? Sin embargo el logo de la empresa está inserto en la boleta 501 que -para el colmo de los colmos- se encuentra oficializada por los "cerebros de la política" santiagueña que integran el Tribunal Electoral.

"En efecto -reza el comunicado-, con una simple comparación del logotipo de Unión por Santiago con el de Ubuntu, famosa empresa internacional de software, se observa no un simple parecido sino su absoluta igualdad. Parece que el Frente del PRO en Santiago del Estero se limitó a copiar y pegar desde Internet el logotipo de Ubuntu para imprimir sus boletas.

Se trata, justamente, de un grupo que se dice defensor a ultranza de la propiedad privada y de la protección de los derechos de autor. Al parecer, no han dudado en utilizar de un modo "comunista" la propiedad de otros y aprovecharse del esfuerzo creativo ajeno sin vacilar.
A la redacción de Arena Política llegan a diario denuncias de plagio que estamos almacenando para la elaboración de una nota que contenga las calamidades de todos aquellos que pretenden para si, las resultas del trabajo ajeno.
En este caso tan particular, llama la atención de que una boleta electoral incorpore como estandarte de identificación del partido, un símbolo tan conocido en el mundo empresario como la imagen visible de lo que en realidad no representa.
El logo en cuestión está más cerca de constituir -a los ojos de un distraído- un dibujo animado, que una representatividad típica del mundo de la política. Pero como están las cosas, los responsables de la lista 501 pueden resultar sospechosos, al igual que el juzgado que oficializó el logotipo, en el caso de que fuesen demandados por la empresa propietaria del símbolo, pues, como se sabe, la ley de marcas y patentes, como así la norma de propiedad intelectual, protegen a sus propietarios del uso indebido de sus pertenencias.
Menos mal que los apoderados de la lista optaron por el nombre de "Unión por Santiago", ya que si quitaban la palabra "por", serian los "mil rayas" los perjudicados por el uso del nombre.
¡Aguanten mis negros de Unión Santiago…¡, la cosa no es con nosotros.

“Hechurías” en el Registro de la Propiedad


Por Deyes Sosa (Nota IV y última)

Conforme lo veníamos reseñando, una vez más la moneda del despropósito cayó sobre los empleados del Registro de la Propiedad, pues el grupo Daives comenzó con la movida del tablero y, sin explicación alguna, trasfirió a la sección Informes a unos empleados verificadores por resolución de la directora general.

Sus compañeros le comunicaron posteriormente que se trata de un acto disciplinario, pues había cometido una irregularidad.

¿Qué había acontecido? Se procedió a inscribir la escritura, pues todos los pasos administrativos estaban cumplimentados, pero se había descubierto que el poder con que se adquirió la propiedad resultó ser apócrifo.

¿Y qué hizo la autoridad administrativa? Sancionó al empleado. ¿Y el juez de la causa? Bueno, este fue por más y no tuvo mejor idea de procesar al empleado.

¿Y qué tiene que ver el empleado con los poderes que se presentan en las escribanías para realizar las transacciones comerciales? Esa es la pregunta, pero ocurrió que el juez y la directora general cortaron el hilo por lo más delgado, lo que quiere decir que se joda el empleado.

¿Y el funcionario que rubricó el informe, digamos el abogado Luis Salomón Domínguez? Bien, gracias.

Así es cómo se viene manejando el Registro de la Propiedad y los jueces del Crimen en esta provincia, quienes obedecen como sirvientes al ministro de Justicia, Ricardo Daives, genio y total responsable de la “hechurías” que se vienen cometiendo en el organismo.

Sin dudas que detrás de este caso hay “una bolsa de gatos” encerrados. Quizá por ello nos hacen saber que la denuncia del “poder trucho” fue realizada por teléfono a Daives por una abogada-escribana muy allegada al poder -según se dice interesada en tumbarle el registro al escribano Murad-, por lo que al ministro no le queda otra que obligarlo al ex juez Juan Jorge para que realice el allanamiento en tiempo record. Obvio, hizo un tremendo “sapo” pues nada se le encontró al profesional que pudiera involucrarlo, por lo que su registro goza de buena salud. Ahora, la provincia, por culpa de los inútiles que tienen al frente, afronta millonario juicio por el daño ocasionado.

Se rumorea que por esta causa el ex juez Jorge hizo saber su malestar con el ministro prepotente, reacción que motivó, entre otros aprietes, que presentara su renuncia al cargo y se negara a aceptar otros ofrecimientos.
Lo gracioso del caso es que el juez subrogante de primera nominación ordenó el procesamiento de algunos empleados, dictándole falta de merito a los otros que tienen idéntica responsabilidad que los sancionados.

También llama la atención que nunca se citó a prestar declaración al certificante Salomón Domínguez, en quien precisamente recae la responsabilidad de los actos administrativos realizados bajo su supervisión.

La justicia del Crimen de Santiago del Estero, otra vez en la mira. Los jueces siguen en comisión, a tiro de un llamado telefónico del ministro de Justicia, precisamente para que no dejen de hacer la injusticia.

El gobierno, los hipermercados y la seguridad


Por el ingeniero industrial Carlos David

El accidente en la ciudad de Fernández es un poderoso llamado de atención al gobierno, tanto provincial como municipal- entiéndase todos - para el dictado de leyes y ordenanzas adecuadas que permitan obrar ante situaciones de peligro que requieren una actuación inmediata y organizada.

No podemos esperar emergencias para recién pensar qué debemos hacer; es responsabilidad gubernamental el dictado de las normas al respecto y, lógicamente, hacerlas cumplir a rajatabla.

Creo que lo sucedido en Fernández desnuda una cruda realidad. La falta de leyes y, si las hubiere, la falta total de control por parte del gobierno, de los sistemas de seguridad y de planes de evacuación de los hipermercados, boliches, etc. A las pruebas me remito. ¿Alguien vio en los hipermercados si las puertas de emergencias o salidas están identificadas? ¿Si las puertas se pueden abrir con facilidad? ¿Si todas las puertas están sin llave y libres de obstáculos y en condiciones de ser abiertas con facilidad y hacia fuera? o ¿si la máxima autoridad del establecimiento tiene en su oficina un tablero general con los duplicados de todas las llaves de las puertas del local, de las oficinas, de los depósitos, etc.?

Otros interrogantes: ¿Las salidas, corredores, pasillos o escaleras son apropiados para circulación rápida en caso de evacuación? ¿Hay extintores en el lugar? ¿Cuántos? ¿En qué estado y qué ubicación? ¿Hay un plano del edificio que grafique las zonas de peligro, las de seguridad y las de evacuación con identificación de las vías de escape, zonas de peligro, de seguridad, sitios de encuentro y refugios, etc.

Sigo preguntando. ¿Alguien vio afiches o carteles de divulgación de normas de procedimientos en caso de incendios, derrumbe o cualquier emergencia que pudiera ocurrir? ¿Se sabe qué sistemas de comunicación hay disponibles y si están a mano los teléfonos de emergencia (bomberos, policía, asistencia sanitaria)?

¿Alguien sabe si disponen de elementos mínimos para atender emergencias: botiquines, escaleras, herramientas, etc.? O ¿si se ha informado y capacitado al personal para prevenir riesgos y enfrentar una situación de emergencia, o si tienen los conocimientos básicos de primeros auxilios? ¿Alguna vez realizaron simulacros de evacuación por grupos, por sectores o en forma masiva? Jamás ví, leí o participe en alguno.

A los señores empresarios les recuerdo que la aparición inesperada de un incendio, fuga de gas, explosión, amenaza de bomba, accidente con lesiones graves, o cualquier otro imprevisto puede poner en serio peligro la integridad de personas y bienes. Por ello, no se debe dejar a la improvisación la organización de los medios materiales y humanos necesarios para hacer frente a la emergencia.

Las empresas deben de estar dotadas de medios de detección, alarma y extinción suficientes para que un equipo humano suficientemente preparado actúe con diligencia y se eviten en lo posible pérdidas materiales y humanas. Un buen plan de emergencia y evacuación que contemple entre otras cosas planes periódicos de formación y adiestramiento de los trabajadores, realización de simulacros, programas de mantenimiento y comprobación de las instalaciones de protección, vías de evacuación y sistemas de emergencia.

A su vez, hay que interrogar a los señores gobernantes sobre la existencia de leyes que contemplen estas emergencias.

Que se ponga el sayo a quien le quepa.

domingo, 21 de junio de 2009

La corrupción en la cara de Zamora



Por Juan Del Campo. (Nota II)


Aún no dejan de sorprenderse los integrantes del Mocase (Movimiento Campesino de Santiago del Estero), que tomaron conocimiento de lo acontecido en la noche entre el 4 y el 5 de junio cuando fueron desalojadas de sus posesiones veintitrés personas lugareñas. Claro, se informaron que los ejecutores de las expulsiones -quienes actuaron con el apoyo de personal policial- son todos funcionarios del gobierno provincial designados en el elenco zamorista por el influyente jefe del Gabinete Elías Suárez.

“No podemos entender cómo es posible que el gobernador Zamora avale este tipo de procedimientos”, manifestó uno de los damnificados, quien agregó que les quemaron todas las pertenencias y destruyeron impunemente las viviendas de todos los compañeros.

Se trata de los ingenieros Osvaldo González (a) “Gallego” y Alfonso Héctor Tricárico, dos foráneos conocidos activistas del Partido Comunista afincados en nuestra provincia desde que vinieron huyendo de la Capital Federal, en las épocas del plomo.

Estos individuos son funcionarios del elenco del gobernador Zamora e integran la delegación de la subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar. Ambos, sin ningún escrúpulo, se presentaron identificándose como referentes del Programa Social Agropecuario, induciendo a pobladores del lugar a firmar un compromiso de trasladarse a otro sector del campo para ocupar una superficie de 75 hectáreas, con la advertencia de que, en caso contrario, serían desalojados y perderían todo, dado que el inmueble tiene un propietario; obviamente, “trucho”.

Consultados sobre las razones por las que no denunciaron el hecho, los campesinos respondieron que se trataba de gente allegada al gobernador Zamora y que por ello las demandas no prosperarían, pero que ya están asesorados y si es necesario emplearán la fuerza para defender sus posesiones.

Hay que recordar que el jefe de Gabinete, Elías Suárez -quien dio un giro ideológico de 180 grados- conformó un pacto secreto con los líderes del Partido Comunista de Santiago del Estero, obviamente, con fines dinerarios, consistente en el manipuleo de tierras públicas que a posterior son vendidas por sumas varias veces millonarias.

A todo ello no resulta ajeno el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Daives, en cuya oficina se realizaron las reuniones para pergeñar el ardid del despojo al campesinado santiagueño.

Este “zurdaje autóctono” apañado por éstos dos altos funcionarios que hicieron una zancadilla a espaldas del propio gobernador Zamora, a quien le vendieron una “víbora electoral” que le mermó cuatro diputados de la lista oficial.

Así es como se conformó en la última elección la lista número del “Frente Compromiso Social” que tiene como candidatos no sólo a los ingenieros denunciados, sino también a los instigadores.

Puede observarse en la boleta de este frente al candidato a diputado provincial, ingeniero Alfonso Tricarico, ubicado en el número 19 de los titulares.

Otro de los involucrados también de manera directa en estas transacciones espurias del violento desalojo, es Patricio Adrián Lipshitz, hijo del actual delegado de la subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, ingeniero Héctor Lipshitz.

¿Y saben quien es el ingeniero Héctor Lipshitz? Nada más y nada menos que el candidato a diputado provincial por el frente del Compromiso Social, colocado en el quinto lugar, quien no ingresó como diputado electo por apenas doscientos votos.

Téngase presente que el ingeniero denunciado, Feliz Osvaldo González (a) “Gallego”, también integra el listado de diputados proclamado como primer suplente.

A esta altura del partido los muchachos del Mocase sospechan que el gobernador Zamora tiene conocimiento de los acontecimientos, porque el territorio en conflicto está conformado por cuatro lotes o campos de un total de 14.997 hectáreas, que cotizan en el mercado, sin que tengan ningún tipo de mejoras, la nada despreciable suma de 3.500.000, dólares.

Buena y linda historia este del Frente Compromiso Social, en cuya lista hay algunos nombres decentes. Y pensar que con la complicidad de los ministros más cuestionados del gabinete se alzaron con cuatro diputacías y otra vez lo hicieron como a chico al gobernador.

¡Ya está, que Simón se quede en el llano!


Impugnan a expulsor de campesinos como Juez Pedro Eugenio Simón. Proviene de un estudio especializado en desalojar campesinos e indígenas de sus tierras. Como diputado provincial, mientras patrocinaba a terratenientes, impulsó un proyecto para acelerar desalojos y participó en persona de la expulsión de una familia junto a un grupo de policías. (Foto en el operativo, tomada de la televisión). También defendió los intereses de la corporación Minera Alumbrera en causas por graves daños ambientales.

La candidatura de Pedro Eugenio Simón para magistrado Federal de Santiago del Estero fue categóricamente cuestionada e impugnada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Colectivo para la Diversidad (Copadi), Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), Mocase y otra organizaciones campesinas y de Derechos Humanos las que, basadas en publicaciones de varios medios, entre ellos @DIN, sostienen que es inadmisible nombrar como fiscal a un violador de los derechos humanos.

Cabe recordar que algunos años atrás, @DIN publicó un vídeo donde se veía expulsando campesinos humildes al ahora propuesto para fiscal Federal de Santiago del Estero por la Presidente de la Nación, a pedido del gobierno que conduce Gerardo Zamora.

La impugnación fue presentada ante el senador Marcelo Guinde, presidente de la comisión que analiza los pliegos remitidos al Senado para que se designe a Pedro Simón como fiscal Federal.

Varias organizaciones campesinas y de Derechos Humanos fundamentan la objeción a Simón en que, de ser nombrado, se estaría designando en un cargo institucional de alta relevancia para la Justicia Federal y la provincia de Santiago del Estero a quien ha sostenido posiciones político-criminales violatorias de los estándares internacionales de derechos humanos, y añadieron que rechazar este acuerdo es necesario para conformar un Poder Judicial democrático e independiente en el territorio santiagueño.

El CELS y el Copadi objetan también el proceso de designación advirtiendo que del análisis realizado al concurso para fiscal Federal en esta provincia, surge que Pedro Simón obtuvo 30 puntos -sobre 60- en el examen de oposición, y en la prueba oral 20 puntos sobre 40, remarcando que de la terna fue el de menor puntaje (53 sobre 100). En contraposición, la postulante Indiana Garzón obtuvo 54 puntos sobre 60 en el examen escrito y en la prueba oral logró 38 sobre 40; o sea que sus calificaciones fueron netamente superiores a las obtenidas por Pedro Eugenio Simón.

Los denunciantes remarcaron que Simón, como diputado provincial, fue el impulsor de un proyecto de ley para restablecer los desalojos como medida cautelar en los juicios por supuesta "usurpación", sin audiencia de la contraparte y sin necesidad de procesamiento previo, normativa que resulta contraria a estándares constitucionales.

Asimismo, dieron cuenta que Pedro Eugenio Simón proviene de un estudio especializado en desalojar campesinos e indígenas de sus tierras. Como legislador patrocinaba a terratenientes y desde la banca impulsó un proyecto para acelerar desalojos y participó en persona de la expulsión de una familia junto a un grupo de policías. También defendió los intereses de la corporación Minera Alumbrera en causas por graves daños ambientales.

Llamen al gran tacuchador para “elegir” a “los mudos” diputados



Por Juan del Campo

¿Llevar candidatos propios en la próxima elección de diputados nacionales, para enfrentar al oficialismo?

Si!!!! Con mucho gusto. Pero… ¿Quién paga los gastos?

Este dialogo se escucha muy a menudo en todos los reductos partidarios de la provincia de Santiago del Estero y con seguridad debe también reiterarse en todo el país.

Todos quieren participar, y tienen derecho a ello, pero no cuentan con los medios para concretar esa posibilidad.

Los partidos políticos están fundidos a causa de una política perversa instaurada durante el gobierno de Carlos Menem, que pensaba convertirse en emperador en los dorados 90, sin sospechar que al asfixiar a los partidos políticos se coartaba la libertad de libre participación en democracia.

La llegada de Raúl Alfonsín a la presidencia de la Nación a comienzo de los años ochenta, recién instaurada la democracia en la Argentina, abrió una brecha de esperanza en la línea dirigencial partidaria, pues dotó a los partidos políticos, en plena reconstrucción, de los elementos indispensables para su subsistencia y efectiva organización.

Es por ello que la democracia se afianzó en toda la Republica multiplicándose las líneas del pensamiento político en las más variadas direcciones. Había sed de participación, de hacer oposición, de contralor gubernamental, de fiscalización etc., todas posibilidades que han quedado en desuso a causa de la crisis económica que vive el mundo y que no le es ajena a esta provincia.

En Santiago del Estero, al zamorismo poco parece importarle la inminente contienda eleccionaria, pues sabe que en nada puede beneficiarse gane o pierda la elección. Ya está demostrado que los parlamentarios que envió hace cuatro años al Congreso nacional no le aportaron absolutamente nada ni a la provincia ni a la democracia. Y, sin embargo, los nominó una vez más como el signo inequívoco que muy poco le interesa el resultado electoral.

Salvando la excepción de Marta Velarde, que no pertenece al signo gobernante, los diputados zamoristas votados como diputados de la Nación resultaron ser una lágrima en medio del tembladeral legislativo, pues según se comenta en medios del Parlamento, “después de casi cuatro años de mandato no los conoce ni el portero del edificio de la calle Rivadavia, en la Capital Federal”.

Ni mencionemos lo que fue la labor parlamentaria de los susodichos porque en realidad deviene inexistente.

En fin, muchos sostienen que sin una oposición activa -por falta de fondos- se vislumbra un nuevo triunfo -ante nadie- del Frente Cívico provincial que ya se sabe a ciencia cierta que lo que lleva en sus boletas es más de lo mismo; es decir nada que pueda beneficiar a la provincia.

Y no nos extrañemos que por estas razones baje aun más el porcentaje de votantes, debido a la falta de interés de la población en ir a votar y en los resultados de los cargos en disputa.

Parece que otra vez habrá que llamarlo al “gran tacuchador”, al decir de Jorge Asís, para que ordene los comicios y no se diga por allí que los santiagueños no quieren votar más… por lo mismo.

viernes, 19 de junio de 2009

Patético ministro y juez obediente



La Farco (Federación Argentina de Radios Comunitarias) manifestó que los medios tradicionales de prensa de Santiago del Estero presentaron “demonizando” a los adolescentes que se sublevaron en el Penal de Menores.

En un comunicado la entidad nacional denunció: “En Santiago del Estero, la policía reprimió por orden de la justicia a los menores detenidos en el penal de esa ciudad que reclamaban que se agilicen sus causas”.

Seis de los diecisiete chicos detenidos comenzaron un motín con esta exigencia, y allí se originó un principio de incendio que fue rápidamente controlado por efectivos provinciales.

La protesta se inició cerca de las 20 horas del lunes, y a las 4 de la madrugada del martes se ordenó una impiadosa represión. Así es como el padre Sergio Lamberti, de la Pastoral Social de Santiago del Estero, relató a Informativo Farco que “alrededor de la 4 de la madrugada el juez (Abelardo Basbús) dio la orden de que la policía ingresara y hubo detenciones en forma muy violenta. Se detuvo a familiares de los menores que estaban sobre la avenida Belgrano, ubicado el Penal de Menores. También se detuvo a un miembro de los organismos de derechos humanos de Santiago del Estero, al que se dejó el libertad dos horas después”.

Esta noticia se pretendió callar por parte de los medios tradicionales provinciales, pero fuentes oficiales que controlan tanto las noticias locales como la publicidad oficial no pudieron impedir que la misma trascendiera a los medios nacionales que alcanzaron una amplia cobertura.

La agencia Dyn manifestó: “El sacerdote no quiso dejar pasar la oportunidad para plantear ‘lo que hay de fondo’. Se trata de chicos expulsados del sistema educativo y del mundo del trabajo. Entonces, estos hechos, que son muy lamentables, dejan secuelas muy importantes en ellos y en las familias...”.

Sin duda, es un llamado de atención a toda la sociedad para pensar otro mundo posible. Es que este sistema está dejando cada vez más gente, y entre ellos a muchísimos jóvenes, fuera del derecho a la educación, al trabajo y a una vivienda digna. La mayoría de los menores detenidos provienen de familias históricamente empobrecidas y excluidas de todo derecho.

Lamberti relató: “Uno de los chicos que se había amotinado arriba del techo del Penal de Menores sufrió algunos golpes. Un sacerdote de la Pastoral pudo verlo con el juez y corroborar que tenía un golpe en uno de los costados. Y lo que el juez nos informó que los menores iban a ser trasladados a dependencias policiales en compañía de algún familiar para garantizar la integridad física. Otro de los chicos sufrió quemaduras por ayudar a un compañero de celda”.

Asimismo, se conoció que la orden de represión sobre los menores y sus familiares provino del ministro de Justicia y Derechos Humanos, el cuestionado Ricardo Daives, quien ejerce el control de uno de los jueces obedientes con que cuenta la administración Zamora. Se trata del inefable juez del Crimen de segunda nominación (Basbús), quien se viene haciendo cargo de numerosas hechurías que se silencia en la provincia, a cambio -según trascendió- de qué lo nombren vocal de una de las Cámaras del Crimen.

Prueba de corrupción en la cara de Zamora



Por Juan del Campo (Nota I)

Desde hace tiempo venimos comentando los tremendos bolsones de corrupción gestados al amparo de la administración de Gerardo Zamora, sin que los mismos ingresen a la justicia vía denuncia penal, contando como se conoce, con la complicidad de casi todo el arco periodístico provincial.

En muchas ocasiones fuimos severamente sancionados por la critica oficialista, tras el argumento de la “falta de probanzas” a las denuncias impetradas en este diario muy a pesar de que nunca denunciamos sin tener la certeza de que contamos con los aportes de la verdad real.

Según lo denuncia el Mocase (Movimiento Campesino de Santiago del Estero), entre la noche del 4 y 5 de junio fueron desalojadas de sus posesiones veintitrés personas con apoyo logístico de efectivos de la policía provincial.

Concretado el desalojo, les quemaron las pertenencias de los pobladores, para acto seguido destruirles las viviendas

Así las cosas, los habitantes del monte santiagueño fueron despojados de motos, zorras, 60 vacunos, yeguas, caballos, más de 30 cabritos, pavos, gallinas, patos, ovejas, más de 30 chanchos, perros, mulas y, como si esto fuera poco, se les quemaron todos los corrales y tres casas quedaron totalmente destruidas.

Los ingenieros Osvaldo González y Alfonso Héctor Tricárico, miembros de la actual delegación de la subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, se presentaron identificándose como referentes del Programa Social Agropecuario, induciendo a campesinas y campesinos a firmar un compromiso de trasladarse a otro sector del campo para ocupar una superficie de 75 hectáreas, con la advertencia de que, caso contrario, serían desalojados, perdiendo todo, dado que el inmueble tiene un propietario.

El territorio en conflicto está conformado por cuatro lotes o campos de un total de 14.997 hectáreas. Está involucrado también de manera directa en estas transacciones y luego violento desalojo, Patricio Adrián Lipshitz, hijo del actual delegado de la subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, Ingeniero Héctor Lipshitz.

Los campesinos denunciaron y repudiaron a los ingenieros Osvaldo Gallego González y Alfonso Héctor Tricárico y todos aquellos que por complicidad se han servido de sus funciones públicas para enriquecerse a costa de la eliminación de familias que, de forma pacífica y continua, viven, trabajan y producen la tierra.

Déjà-vu (ya visto)



Por Miguel A. Brevetta Rodríguez (Nota I)


Cuántas veces cantamos o escuchamos el tango que dice: “La historia vuelve a repetirse… el mismo amor… la misma lluvia/ el mismo, el mismo loco afán” (1) Es como decir que el pasado se recicla y se suceden como por magia hechos y situaciones que vivimos con anterioridad.

Esa extraña sensación de haber vivido antes una determinada situación es llamada por los franceses déjà vu, que quiere decir: “ya visto”. Este nombre se debe a un científico francés de finales del año 800, Emile Boirac.

Pero esta manera de denominarla es considerada poco apropiada por muchos estudiosos, que sostienen que sería más apropiada llamarla déjà vecu, es decir: “ya vivido”. Dicen algunos investigadores que se debe a un error de nuestro cerebro difícil de explicar. Es una sensación que casi todo el mundo ha sentido alguna vez, más aun si vive en la Republica Argentina y en especial en Santiago del Estero y conoce “la política en los tiempos del dengue” (2)

Precisamente es el tema político quien inspira el titulo de ésta nota y confirma la existencia de la llamada anomalía cerebral. Por estos días un juez Federal de la Nación citó a un candidato -virtual ganador de la próxima contienda electoral en la provincia de Buenos Aires- para que preste declaración “indagatoria” en una causa compleja, porque en uno de sus teléfonos pertenecientes a sus empresas se registra una llamada supuestamente realizada por el imputado de la causa. Así viene procediendo la justicia argentina desde el comienzo mismo de la democracia sentando las bases de la inseguridad jurídica como un elemento propio del Estado.

Ahora resulta que quienes deben abandonar el poder por imperio de la propia Constitución, que dicta las reglas de juego en la democracia, reniegan de su destino pretendiendo forzar incomodas situaciones, con el sólo fin de perpetuarse en la función, que deben dejar, porque que es otro quien debe asumir. De ahí el manoseo institucional, y la aparición en escena de los “jueces títeres” que sostienen que el poder judicial es un apéndice del ejecutivo por lo que deben obedecer las ordenes del “manda mas de turno” aunque se lesione el frágil manto de la independencia de poderes y el debido procedimiento legal.

“La causa del juez Federico Faggionato Márquez está poblada de truhanes de módica calidad, capaces de decir cualquier cosa a cambio de muy poco. Penalistas de renombre han sacado esa conclusión luego de revisar el expediente por razones ajenas al escándalo actual. Un juez serio habría hecho todo lo contrario de lo que está haciendo el magistrado. Habría esperado el final de las elecciones para poder avanzar en la investigación sin el pataleo y la polémica que provoca la propia campaña. Fuentes inobjetables revelaron que Faggionato Márquez suele moverse entre oscuros operadores oficiales en la Justicia. Son personas desconocidas por la opinión pública y por la mayoría de los políticos, que hacen las veces de puente entre el Gobierno y muchos jueces. Algunos de esos hombres, ciertamente influyentes, ocupan cargos en organismos de control del Estado en nombre del kirchnerismo”. (3)

Es decir que estamos transitando por la línea imprecisa de las especulaciones, en donde el desprecio por las instituciones democráticas se hace evidente cuando la clase política actúa sin previsión, ni coherencia, ingresando al terreno de la repetición de errores, como si se tratasen de aciertos dignos de emular.

-(1) Por la vuelta –tango- 1938 Enrique Cadicamo.

- (2) www.brevettarodriguez.com/politica.html#dengue.

-(3) La campaña más sucia de la nueva democracia por Joaquín Morales Solá, La Nación. 14, junio 2009)

martes, 16 de junio de 2009

Se promete “transparencia” con los mismos robadores


(Nota I)

Dijo el gobernador Gerardo Zamora a sus íntimos a poco de asumir la segunda gobernación: “Ahora no se admiten más cosas raras ni irregularidades de ninguna naturaleza. Vamos a hacer un segundo gobierno transparente y honesto”.

Un tranquilizador mensaje que insinuaba el inicio de la “era de las nuevas pautas” en el manejo de la cosa pública. Por ejemplo, esas palabras significaban, para cualquier santiagueño, que Zamora impondría autoridad sobre la ristra de corruptos que tiene a su lado, o que iba a desalojar de la función pública a la sarta de ineptos a los que se “les subió el cargo a la cabeza”, y también que echaría a patadas a la hilera de nuevos ricos a quienes se recuerda que en 2005 no tenían bicicleta y que ahora se pavonean en camionetas 4 x4 y levantan residencias en barrios privados.

En fin, otra vez Zamora hizo la promesa y se quedó en el amague, al parecer.

Ocurre que si realmente está dispuesto a la “nueva era” y a dar un golpe de timón, la gente recién le va a creer cuando como titular del Poder Ejecutivo, por ejemplo, abra la contabilidad de su administración, habilite una auditoría independiente que informe sobre la situación económico-financiera del Estado provincial y, asimismo, ordene a los otros poderes (como el Judicial) que terminen con las designaciones y acomodos de hijos de funcionarios o de amigos de éstos.

Un grave incidente

Nombramientos que, como es lógico, constituyen actos repulsivos para los empleados judiciales de carrera. Esto es tan cierto que la semana pasada se produjo un incidente inédito y vergonzoso en el Palacio de Tribunales. Es que José Leal, un militante del gremialismo judicial santiagueño, reaccionó vehemente contra los ex dirigentes sindicales Roque Cortez, Beatriz Guzmán y Enrique Zurita, culpándolos que durante sus mandatos “entregaron” a todos los empleados “a los delincuentes del gobierno”.

El reclamo también se refería al hecho de que los magistrados y jueces recibirán un “gran aumento” en sus salarios, mientras la masa trabajadora no percibe ni un peso de mejora salarial.

Además, detrás de esta manifestación, Leal puso de manifiesto la confabulación que existía entre el ministro de Justicia, Ricardo Daives y los miembros del Superior Tribunal de Justicia, con Cortez, Guzmán y Zurita, quienes “se pasaron” al zamorismo y este cambio hizo que perdieran el predicamento y el buen nombre ganados durante las fieras luchas con las que supieron defender los intereses de los empleados durante la época del juarismo.

Leal sabe que cuando entró en escena “la billetera” del oficialismo, éstos sindicalistas olvidaron principios, militancia y responsabilidad gremial. Pero también los empleados judiciales conocen el tema de “la entregada”, y por ello votaron en contra de la lista de Cortez y los echaron del gremio en la última elección, luego de una hegemonía de más de 20 años; eligiendo a una nueva comisión directiva.

Pero el combativo Leal fue castigado. El “demócrata” ministro de Justicia Ricardo Daives instruyó a los miembros del Superior Tribunal de Justicia que lo sancionaran con 10 días de suspensión. Hubo una breve reacción de los empleados judiciales que se informaron a última hora del viernes sobre la “reprimenda Daives”. La historia no ha terminado y pueden generarse reuniones, plenarios y movilizaciones contra el ministro más cuestionado de Zamora.

“Si Daives ideó la suspensión de Leal por cantar verdades, ¿cuántos años de cárcel le corresponden a éste ministro por los 39 presos que asesinaron en el Penal de Varones y por todos los chanchullos que realizan sus familiares y amigos jueces, tanto en Tribunales como en el apoderamientos de campos en el Registro de la Propiedad”?, dijo una empleada allegada al gremialista sancionado.

Los jueces que vos nombráis


Por Virginia Vulrrich

En verdad, una vez más debo reconocer que el periodista Deyes Sosa tiene una extraña habilidad para sintetizar situaciones, definiendo con frases conocidas aspectos resonantes de la vida institucional santiagueña.

En una de sus notas expresó que “pareciera que al gobernador se le escapó la tortuga” al referirse a la firma de un convenio en el que se estableció el 82% móvil en las jubilaciones para los jerarcas de la justicia, en detrimento de la clase trabajadora que percibe los sueldos mas bajos del país.

Es que parece que en realidad, el gobernador no está informado adecuadamente de lo que acontece con el enganche automático a la ley nacional, que sólo privilegia a los jueces y funcionarios asimilados a ese cargo. Claro, al no tener cajas propias, no se siente las diferencias, pero los sueldos siderales que vienen en amparo a los magistrados que pasan a la pasividad son en verdad privilegios exagerados en comparación con la miseria que perciben los iguales que trabajaron y aportaron en el mismo sistema previsional.

Quizá esta sea la razón por la “perriada” de los inútiles que pretenden ingresar al Poder Judicial.

No en vano se lanzan las voces de la discordia cuando el genuflexo Consejo de la Magistratura, conformado a imagen y paladar del mandamás de turno, hace conocer el “orden de mérito” de quienes se postularon -venia mediante-, para ocupar tal o cual vocalía en cámara o magistratura independiente.

Es puro verso

El “verso” de las ternas es la mentira más cruel a la hora del resultado final. Se envían los tríos al Poder Ejecutivo para que el gobernador elija a quién se le cante designar y pase a ocupar el cargo de juez. ¿Cumple rol de emperador? ¿Cuántas veces, el último salió primero? Y, ¿el puntaje mayor no cuenta? ¿O, aquí, también es lo mismo Biblia que calefón?

La mentira institucional es lo más perverso que se conoce en los quehaceres políticos. Analicemos. Hay 13 candidatos elegidos para ocupar las dos cámaras en lo Penal en la provincia. Para empezar, no se pueden hacer ternas con 13 candidatos. Obvio, sobra uno. Pero igualmente, el emperador debe elegir a seis miembros para cubrir los cargos. ¿Quiénes serán y cómo se elegirán a los camaristas? Seguro que será “a dedo”. De otra manera debieran ingresar a cada tribunal por orden de merito. Sólo se elegiría el orden de cada cámara. Pero la lógica ni la legalidad son estandartes de este gobierno.

Analicemos:
1) Gloria Carmen Cárdenas, 78,40 puntos.
(Es la numero uno, no queda otra, será designada).

2) Raúl Oscar Romero, 72,54 puntos
(Primer premio a la obediencia y genuflexión y será designado).

3) Luis Eduardo Lugones, 71 puntos.
(No será nombrado por impresentable y malos antecedentes)

4) Eduardo Cristian Vittar, 70,34 puntos.
(De la primera hora e ingresa seguro)

5) Abelardo Jorge Basbús, 70,13 puntos.
(Está tan denunciado que es la única forma de sacárselo de encima)

6) Gustavo Adolfo Herrera, 69,42 puntos.
(Ya se le prometió que será camarista)

7) María Angélica Peralta, 68,06 puntos.
(Ni dormido firmaría esa designación)

8) Roberto Enrique Carabajal, 67,41 puntos.
(Buen chico pero sin padrinos. No corre y seguirá como empleado)

9) Federico Santiago Díaz Lannes, 66,07 puntos.
(Ïdem al anterior)

10) Ángel Roger Luna Roldán, 64,44 puntos.
(Lo buscaron porque no tienen a quién poner y es posible que ingrese)

11) Luis Eduardo Achával, 63,50 puntos.
(Debiera ser elegido por orden de mérito)

12) Guillermo Orlando Lozano, 62,79 puntos.
(Le prometieron que seria magistrado y lo será en esta provincia generosa)

13) Eva Inés Valev, 61,53 puntos.
(Tiene que seguir participando)

Se promete “transparencia” con los mismos robadores



(Nota II y última)

Ha repetido el gobernador Gerardo Zamora que en su segundo mandato va a mejorar la calidad institucional de Santiago del Estero.

Otra promesa digna de encomios en razón de que viviríamos un Santiago distinto y promisorio si estuviera dirigido por funcionarios impolutos.

Si embargo, este aserto no encaja para nada en una provincia en la que se continúa seguir administrando el servicio de justicia con jueces en comisión. La gente comprende, y por eso la generalizada molestia, que en esta situación no son “jueces en serios” sino meros funcionarios que trabajan como directos empleados del Poder Ejecutivo y éste, por decreto, los confirma o los echa a patadas.

También es poco serio hablar de calidad institucional y mirar para otro lado cuando el ministro de Gobierno, José Emilio Neder, instruye al jefe de policía para que persiga a escribas que se animan a publicar lo que está “prohibido publicar” por los mandamás de turno. ¿A dónde se ha visto -sobre todo en esta Argentina gobernada por los campeones de los derechos humanos y las garantías públicas- que un insignificante cronista o libre pensador tenga intervenidos su teléfono personal y el de su domicilio, o que un alto funcionario provincial pague, con plata del Estado, a un par de jóvenes hackers para que lean y neutralicen el correo electrónico?

¿Acaso, no se habían superadas las metodologías de Carlos Juárez y de Musa Azar? Por qué, entonces, todos se hacen los desentendidos cuando éste “Pichón” Neder (bien conocido en Santiago por sus fracasos empresariales y sus “pases mágicos” de Carlos Juárez a César Iturre, a los Salim, a los Figueroa y ahora a los Zamora), le ordena a su jefe de policía que “marque” e informe sobre quiénes son los dirigentes y militantes políticos que trabajan para las próximas elecciones junto a Héctor Eduardo “Chabay” Ruiz y a José Luis Zavalía.

Neder y su jefe de policía tienen que comportarse más responsablemente. El peligro en la calle y el mal humor de la ciudadanía (por falta de seguridad), son datos que tienen que tener en cuenta y dejar de jugar a espías de los políticos. Saben (y tienen que actuar en consecuencia), que faltan policías en todo Santiago. Si no cambian, se les va a seguir escapando la tortuga porque mientras los pobres uniformados andan anotando quién o quiénes acompañan a “Chabay” y a “José” en los actos políticos, los delincuentes comenten arrebatos y atracos por doquier.

Alguien en este gobierno provincial debe comprender, sobre todo si proviene del histórico radicalismo defensor a ultranza de los comportamientos democráticos, que honestidad y calidad institucional no se compadecen con las aberrantes persecuciones, amenazas e intimaciones que se perpetran en el interior; hasta en las comisiones municipales, donde cualquier inservible que ganó por tres votos se da el lujo de andar repitiendo que “por orden del gobernador se va a quedar sin trabajo el que apoye a ‘Chabay’ o a ‘José”.

Tampoco tiene semejanza alguna con los valores de la honestidad y la calidad institucional la proclama antidemocrática de alguien que se cree “líder provincial” y que desde su despacho manda e impone a sus seguidores que “hagan lo imposible para que ‘Chabay’ y ‘José’ no obtengan ni un voto”.

Es imposible entender cómo, en el siglo XXI y en Santiago del Estero, se insinúe a los capitostes oficialistas a “tacuchar” las urnas el próximo 28, pues es la única forma en que los dos principales opositores no consigan un solo sufragio.

Tampoco se pueden prometer honestidad y calidad institucional si se sigue alargando la estoica espera de los santiagueños que exigen el esclarecimiento de cuestiones de interés público.

A saber:

-¿Cuándo el ministro de Justicia de Zamora, Ricardo Daives, va a terminar su trabajo (se había investido el cargo de “instructor”) para saber el día en que se destituirá y encarcelar, por ejemplo, al intendente de San Pedro de Guasayán, Guido Alberto Sotelo (prohijado por al jefe de “Bases Peronistas”) , porque se llevó para su casa varios millones de pesos que pertenecen a la comuna y no pagó los cientos de cheques sin fondos con los que estafó a medio Santiago?

-¿Cuándo va a llegar el momento en que la gente se entere de las dimensiones que tuvo el extraordinario desfalco en lo que se inauguró como Infraestructura Escolar, y quiénes son los que arrebataron dinero que pertenecía a escuelas, niños y comunidades escolares,

-¿Para cuándo la comparecencia de Daives que tiene la obligación de exculparse (o culparse) informando quién dio la orden y quiénes asesinaron a los 39 presos indefensos que murieron como perros en la Cárcel Pública de Varones?

-¿Cuándo el santiagueño va a conocer por qué y quiénes fueron los policías que torturaron y asesinaron a Raúl Domínguez, empleado de la dirección general de Rentas, que tuvo el coraje de denunciar la existencia de timbradoras apócrifas con las que se estafó en cifras millonarias al fisco?

-¿Para cuándo los nombres de los médicos que cobraron abultados emolumentos de un laboratorio extranjero y experimentaron una vacuna que mató a niños a cuyas madres engañaron y mintieron y, para colmo, hicieron este “trabajito criminal” en horarios de trabajo y percibiendo sueldos como profesionales empleados del Estado?

-¿Cuándo van a salir a la luz las causas del despilfarro y el saqueo en el Ministerio de Salud donde faltan más de 50 millones de pesos, y por cuya causa la Nación (Secretaría de Desarrollo) se vio obligada a “intervenir” esta cartera con la designación de un funcionario de confianza de la doctora Alicia Kirchner?

Se pueden enumerar otras grandes causas donde aparece perjudicado el Estado, así como los centenares hechos delictivos contra la propiedad privada que ni la policía ni los jueces se preocupan por esclarecerlos. No hay que olvidarse, por ejemplo, de la banda que ingresó tranquilamente al estudio jurídico del abogado Víctor Daniel Nazar, golpeó y maniató a su anciana madre y se llevó dinero y joyas por un valor de tres millones de pesos. Todo en “zona liberada” y con probada participación de policías de la provincia.

Insistimos, es reconfortante lo dicho por Zamora a sus allegados de que su segundo mandato será un dechado de “honestidad”. Muchos santiagueños le creen y están esperanzados, justamente, porque la transparencia es, en cualquier organismo público, la más preciada virtud.

Pero claro, primero que nada, el gobernador está compelido a investigar, echar y mandar a la justicia a los ladronzuelos que en cuatro años se enriquecieron desde sus puestos de funcionarios públicos (provinciales y municipales), y por culpa de los cuales la opinión ciudadana impuso la mácula de corrupto a este gobierno.

La buena consejera es una actuación rápida.

No vaya a ser que se intente subestimar al santiagueño y lo obliguen a una reacción calladita pero muy efectiva, el domingo 28 de junio en el cuarto oscuro, a la hora de emitir el sufragio y cuando el votante suele hablar con su conciencia de buen ciudadano.

Quemá esa foto III


“¿Cuántas veces te lo dije, Néstor? Nunca me escuchas. Actúas como un necio que se cree el dueño de la verdad. ¿Ya no recuerdas ese invierno cuando estábamos en Santa Cruz y te dije que no vayas a verlo al Méndez? Pero… eres cabeza dura. No solamente fuiste a verlo sino que te fotografiaste con el Turco y toda su banda.

“¡Mira ese gato de angora que se puso en la cabeza! Vos estabas gordo en esa época. Mira la cara de (José Luis) Manzano a aplaudiendo a su jefe, el de la corona (de pelos ajenos). Atrás también está el apóstol Judas (Juan) Schiaretti -nunca una traición- del cordobés.

“¡Si, ya lo sé…! (Jorge) Busti y (Eduardo) Fellner están cerca de la cabecera, menos mal que no se los ve a esos impresentables.

“¿Cuántas veces te lo dije, Néstor? Quemá esa foto que nos trae mala suerte. Todos están en tu contra. Parece la profecía. Y pensar que todos están muertos”.

viernes, 12 de junio de 2009

Diputados: Marta y “los mudos”




Parece mentira, pero los dos diputados que buscan la reelección por Santiago del Estero en la Cámara baja, no hablaron nunca desde sus bancas. Las publicaciones oficiales del Parlamento argentino, en un trabajo sobre el desenvolvimiento de los legisladores, informaron que nuestra provincia “no quedó mal ubicada en la tabla general, puesto que figura en el 17º lugar, aunque el mérito le corresponde casi en su totalidad a una sola diputada: Marta Sylvia Velarde”.

Los incrédulos y, sobre todo, los suspicaces (que andan diciendo que este diario es de Marta Velarde), pueden recurrir a estas direcciones para informarse debidamente sobre nuestros representantes en el Congreso Nacional: http://www.parlamentario.com/articulo-3261.html o http://www.parlamentario.com/articulo-3235.html

Es que esta diputada, que durante el año pasado dejó el oficialismo para formar un bloque unipersonal con el que luego se sumó a la Coalición Cívica, pronunció 10.398 palabras; una elevada cantidad que en el detalle general coloca a la santiagueña en el 40° lugar.

Además, las intervenciones de Velarde elevó considerablemente el promedio a su provincia que, de lo contrario, quedaría en el fondo de esta tabla, ya que cuenta con cuatro representantes que no emitieron palabras durante el año.

Los dos restantes de sus siete miembros, Daniel Brué y Cristian Oliva, emitieron menos de mil palabras. Puede decirse entonces que Velarde habló por todos…

¡Y pensar que Brué y Oliva van, por el zamorismo, en busca de sus reelecciones el 28 de junio!

Los especialistas del Congreso informaron también que treinta y cinco son los diputados que no hablaron en el recinto durante el año. A saber: José Luis Barrionuevo, Marcela Bianchi Silvestre, Gloria Bidegain, María Araceli Carmona, Jorge Alberto Cejas, Rosa Chiquichano, Hugo Cuevas, Ariel Dalla Fontana, Francisco de Narváez, Marcelo Fernández, Margarita Ferrá de Bartol, Juan Carlos Dante Gullo, José Alberto Herrera (de “Bases Peronistas” de Santiago del Estero), Julio Rubén Ledesma, María Laura Leguizamón, Stella Maris Leverberg, Timoteo Llera, Rafael López, Ana Luna de Marcos (de “Bases Peronistas” de Santiago del Estero), Jorge Montoya, Carlos “Cuto” Moreno, Mabel Müller, Marta Osorio, Raúl Paroli, Mirta Pastoriza (de la UCR de Santiago del Estero), Jorge Pérez, Héctor Porto, Jesús Rejal, Evaristo Rodríguez, Carmen Román, Cipriano Rossi, Juan Carlos Scalesi, Juan Carlos Sluga, Gladis Soto y Gustavo Zavallo.

Otra vez los privilegios



Por Deyes Sosa

Mucho más que un simple malestar provocó el convenio que firmaron el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, el ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada y el presidente de la Anses, Amado Boudou, "para que magistrados y funcionarios del Poder Judicial (de nuestra provincia) que se desempeñan o que se desempeñaren en el futuro puedan acceder al beneficio jubilatorio de la ley 24018" que "habilita a los magistrados a acceder a una jubilación ordinaria equivalente al ochenta y dos por ciento (82%) de sus haberes en las condiciones que la norma determina".

El convenio sólo beneficiará a los magistrados y altos funcionarios judiciales con el acceso a una jubilación "ordinaria", equivalente al ochenta y dos por ciento (82%) de sus haberes, en detrimento con lo que percibe más del 90 % de la población previsional de todo el territorio santiagueño.

Justamente, en el mismo momento que se está criticando duramente al gobernador Zamora por el escaso nivel intelectual y académico que ostentan los magistrados, quienes perciben salarios que rondan los casi los veinte mil pesos de bolsillo, esta nueva prerrogativa resulta una desproporción en relación con lo que cobran los trabajadores del Estado provincial, cuyos sueldos son los más bajos del país.

El convenio prevé que "la provincia deberá ratificar el acta complementaria conforme las normas vigentes en su jurisdicción, pudiendo estipular condiciones de adhesión a los magistrados y funcionarios judiciales en condiciones de acceder actualmente a un beneficio amparado por la Ley Nº 24.018".

Esta misma ley fue también ampliamente criticada en la provincia de Córdoba, cuando las cajas de previsión no pudieron hacer frente a tamaños emolumentos, toda vez que las mismas no se encuentran trasferidas a la Nación y están imposibilitadas de atender con fondos propios.

El gremio de los judiciales también se mostró disconforme con la medida, toda vez que solamente beneficia a un sector del Poder Judicial que no es precisamente el sector de menores ingresos.

“Parece que al gobernador ‘se le escapó la tortuga’”, vociferó un veterano gremialista del sector al comentar que todas las provincias que adhieren a esta ley nacional tienen conflictos inmediatos con el personal del área, pues la desigualdad se torna manifiesta cuando el privilegios se hace sentir entre los sectores más desprotegidos.

“Pareciera que le están fallando los asesores al gobernador que no le informan del malestar popular que existe en la comunidad respecto de esa área tan cuestionada vinculada al ministro de Justicia y Derechos Humanos, como así al sector judicial, en que los nombramientos que se vienen realizando parecen ‘votos cantados’ que se conocen antes de las actuaciones del Consejo de la Magistratura, pues cuando no es pariente el juez designado, resulta ser militante de la primera hora”.

Otra vez llegaron los privilegios que, a decir verdad, nunca se fueron, pero esta vez irritan más porque se trata se un sector muy sensible a la sociedad, como lo es el Poder Judicial. El agravante es que los parientes y amigos o militantes que se designan no puedan exhibir lauros de valía que los coloque en el lugar donde se encuentran.

Aquí, lo malo es que la justicia provincial carece de nivel y calidad institucional. De los jueces y magistrados, mejor no hablar.