Anses: sospechoso privilegio a la madre de la Presidenta

Editorial de La Nación, de Buenos Aires.

La madre de Cristina Fernández de Kirchner, en la sesión de apertura del Congreso, en 2001.

En repetidas oportunidades nos ocupamos en esta columna de la dramática situación de los centenares de miles de jubilados que se han visto obligados a hacer interminables juicios para que les actualicen sus haberes exigiendo la vigencia del 82 por ciento móvil, y que incluso tras obtener fallos favorables deben volver a esperar años hasta que la cámara confirme sus sentencias, a raíz de las apelaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
Sin embargo, dentro de esta lamentable realidad ha habido por lo menos una excepción, y muy peculiar. La de Ofelia Esther Wilhelm, de 81 años, madre de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La señora inició un juicio cuando su hija ya ejercía la presidencia y en poco menos de tres años logró una sentencia favorable con el reajuste del monto de la pensión por la muerte de su marido.
El juicio lo inició en marzo de 2008, y el 3 de diciembre del año pasado la jueza Alicia Braghini falló en su favor. Parecería un tiempo récord, puesto que hay jubilados que aguardan diez años los fallos.
A esta peculiaridad se le suma otra. Como dijimos, por lo general, la Anses suele apelar estos fallos que le son desfavorables, pero en el caso de la madre de la Presidenta no lo hizo, lo cual contribuyó notoriamente para que la señora Wilhelm pudiera cobrar los retroactivos.
Críticas y donación

Conocida la noticia y las primeras críticas que se elevaron ante lo que parece ser un trato privilegiado, la agencia oficial Télam informó que la señora Wilhelm donó el dinero al Hospital Noel Sbarra, la ex Casa Cuna de La Plata. Esta institución invertirá la suma, cuyo monto no trascendió, en la compra de un equipo de diagnóstico por imágenes de alta resolución.
En principio, estaría fuera de toda cuestión la razonabilidad de la demanda, acogida por la sentencia. Lo que sorprende e indigna es que tanto la Justicia como la Anses parecen haber otorgado un trato excepcional a la madre de la Presidenta. Esto es evidente cuando se repasan las decenas de cartas de jubilados que publica LA NACION mensualmente en las que ellos narran las penurias que sufren porque han transcurrido cerca de diez años y aún no han obtenido la sentencia en primera instancia o, habiéndola obtenido, aún aguardan la de segunda instancia. O, peor aún, habiendo sido confirmada en Cámara su sentencia, no logran que la Anses les abone lo que los magistrados ordenaron pagarles y que en estricta justicia les corresponde.
No cuestionamos el relativamente veloz trámite que ha seguido el expediente en cuestión -incluida la no apelación de la Anses-, sino que la misma celeridad no se aplique al común de los jubilados.
Se estima que hay en trámite 460.000 demandas -en lo que va del corriente año han ingresado 71.167-, mientras la Anses hace lo imposible por no pagar o demorar los pagos especulando con la muerte de quienes reclaman cobrar lo que les corresponde.
De ese modo, el organismo provisional a cargo de Diego Bossio puede desviar los fondos de los jubilados para financiar planes sociales, créditos baratos para empresas y compra de bonos para cubrir el déficit del Tesoro. En una palabra, para hacer política estafando a quienes aportaron al sistema durante décadas.
La excepción ha sido la de la madre de la Presidenta. La Anses, que ha desobedecido a la Corte Suprema y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, ante la que se ha comprometido a no recurrir los fallos en favor de los jubilados, ha hecho una sospechosa excepción.
Dejará de ser sospechosa si de aquí en más la Justicia y especialmente el organismo previsional aplican esta diligencia al resto de los jubilados. De otro modo, nos encontraremos ante otro caso más de los tantos que confirman que el kirchnerismo ha puesto al Estado a su servicio personal.